Yahoo Noticias Asesinatos, ataques a políticos y motines: el crimen organizado irrumpe en la campaña en Ecuador
GUAYAQUIL.- Las caravanas con música y los recorridos de los candidatos se detuvieron en las calles de Esmeraldas, una provincia en el norte de Ecuador, después del asesinato de Rider Sánchez, quien se postulaba a la Asamblea del país por la alianza Actuemos. Era de noche y llovía en Quinindé, una pequeña ciudad en la zona más violenta del país, donde hubo más de 250 crímenes en lo que va del año.
Rider Sánchez no era un político desconocido para la localidad: fue concejal de ese municipio y ocupó el cargo de director del Ministerio de Agricultura en su provincia. Pero esa noche del 16 de julio, los cuatro sujetos que lo interceptaron tenían el objetivo de robar su vehículo, según dijo el ministro del Interior, Juan Zapata, que aseguró que el crimen “no tuvo ninguna vinculación política, ni personal con el candidato”, sino que fue una tentativa de robo.
Los detalles se conocieron luego de la captura del autor material del crimen. Sánchez había salido de una reunión con su equipo de campaña, estaba en el vehículo cuando cuatro sujetos armados se acercaron, golpearon la ventana e intentaron abrir la puerta, pero el candidato se negó. Todo quedó registrado en un video de una cámara de vigilancia. Sánchez intentó arrancar el auto, pero uno de los sujetos disparó dos veces y las balas impactaron en su hombro y en la cabeza, avanzó unos metros hasta estrellarse en una casa, mientras los criminales huían en otro auto.
Habían pasado solo tres días desde el comienzo oficial de la campaña presidencial y legislativa en Ecuador que anticipó la elección después del decreto de muerte cruzada [la disolución de la Asamblea y convocatoria de comicios para definir tanto el nuevo Ejecutivo como el Parlamento] que emitió el presidente Guillermo Lasso. Este es el primer crimen que se producía en el marco de estas elecciones que se realizarán el 20 de agosto, pero los ecuatorianos tenían pocos meses de haber participado en otros comicios en febrero donde eligieron a alcaldes y prefectos, en los que se registraron 15 ataques a candidatos y dos asesinatos.
El país sudamericano, que lleva inmerso más de dos años en un repunte aún irrefrenable de la violencia y de los crímenes, volvió a sufrir desde el fin de semana una cadena de ataques que acrecientan la principal preocupación de los ecuatorianos: la inseguridad.
El último hecho violento que conmocionó al país ocurrió este domingo, en Manta, una ciudad costera que está a 400 kilómetros de Quito. El alcalde, Agustín Intriago, fue emboscado por criminales que lo acribillaron mientras recorría una obra de alcantarillado en el sector 15 de septiembre. Intriago, que fue reelecto en febrero con un 61% de aprobación, falleció en el hospital.
Luego de haber decretado el lunes un primer estado de excepción por 60 días en las provincias de Los Ríos y Manabí, este martes, el gobierno emitió un segundo estado de excepción por dos meses en un intento de recuperar el control sobre el sistema carcelario que se declaró en huelga el lunes con la retención de casi un centenar de guardias penitenciarios -ya fueron liberados, según se informó el martes por la tarde- y que en los últimos días registró violentos nuevos enfrentamientos entre presos.
En la ciudad de Esmeraldas, a 182 kilómetros al noroeste de la capital, se registró una ola de violencia que incluyó un enfrentamiento entre internos de la cárcel estatal que hay en esa provincia costera, una explosión de una bomba incendiaria ante el edificio regional de la Fiscalía, que dejó un herido, un incendio de un ómnibus y de tres vehículos particulares por parte de desconocidos. Las actividades escolares fueron suspendidas por las autoridades.
Adicionalmente, unidades militares desactivaron explosivos dejados en diversas estaciones de servicio de Esmeraldas, una de las más violentas del país, y donde en abril un grupo armado de desconocidos acribilló a pescadores y compradores de un puerto artesanal. Hubo nueve muertos y varios heridos.
Todos estos hechos han convertido a esta campaña en la más violenta de la historia del país.
El candidato Javier Pincay, que ganó la alcaldía de Portoviejo, sobrevivió a dos atentados y acudió a votar con casco, chaleco antibalas y rodeado de un grupo de policías con escudos que le servían de blindaje humano. Durante más de tres meses, los postulantes fueron atacados con armas de fuego, lanzaron bombas a viviendas y vehículos.
Y los atentados no se detuvieron; solo unas horas antes de que se abrieran los recintos electorales el 5 de febrero, Omar Menéndez, el candidato a la alcaldía de la ciudad pesquera de Puerto López, fue asesinado en la sede del movimiento político por el que participaba. La población amaneció consternada con la noticia, pero aun así fue a consignar su voto, que es obligatorio en Ecuador. Menéndez ganó las elecciones a alcalde mientras su cuerpo era velado por su familia.
La experiencia de esa violenta campaña alertó a las autoridades de que se pudiera repetir en los comicios de agosto, y se activó una mesa de seguridad en el Consejo Nacional Electoral en la que se tramitan los pedidos de los candidatos que requieran de custodia policial. Sin embargo, hasta el momento, el Ministerio del Interior solo recibió tres solicitudes, de los más de 1200 candidatos a asambleístas.
Las solicitudes llegaron justo después del crimen en Esmeraldas que acabó con la vida de Sánchez. Mientras, de los ocho binomios presidenciales, tres de ellos rechazaron el ofrecimiento de la policía, y se manejan con su propia custodia.
La campaña electoral recién comenzó, y varios analistas en seguridad coinciden en que la violencia puede aumentar con el correr de los días. La organización Fundamedios emitió 14 alertas electorales desde el anuncio de los comicios anticipados, 20 agresiones contra la prensa y dos a candidatos. No están contemplados los atentados y asesinatos de otros políticos como Luis Chonillo, el electo alcalde de Durán, una ciudad a 15 kilómetros de Guayaquil.
En la primera sesión que convocó Chonillo fue blanco de un ataque armado. El alcalde, que tenía resguardo policial, pudo huir, pero tres personas fallecieron y otras quedaron heridas. Desde entonces, el político usa un chaleco antibalas y se mueve poco por las calles de la ciudad que gobierna.
El presidente Guillermo Lasso ofreció en Twitter activar “el contingente necesario para que los responsables sean ubicados y respondan ante la Justicia por este hecho”, pero los ecuatorianos están cansados de contar muertos.
Carolina Mella
El País, SL
