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Asesinatos de activistas perjudican la protección del medio ambiente en Colombia

Por Oliver Griffin

BOGOTÁ, 11 nov (Reuters) - Una noche de febrero del año pasado, la oscuridad se había apoderado del departamento de Putumayo, en el sur de Colombia, cuando un tiroteo rompió la tranquilidad.

Los habitantes que asistían a una reunión se dispersaron y huyeron. Leidy Mendoza contempló horrorizada cómo su hijo adolescente corría para salvar a su hermano de cinco años, que había huido cuando empezaron los disparos.

"¡Tírese al piso!", gritó Mendoza mientras las balas se estrellaban contra las paredes de las casas. Pero era demasiado tarde, un proyectil alcanzó la pierna de su hijo mayor.

Mendoza, excombatiente de las ahora disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), arrastró a sus hijos de vuelta al interior de la casa.

"Empecé a gritar como una loca '¡ayúdame, Jorge!'. Yo le llamaba a él para pedir ayuda por el niño". "Yo no sabía que me lo habían matado", recordó.

Su esposo, Jorge Santofimio, un ecologista que dirigía una red de viveros de árboles en la región amazónica de Colombia, recibió varios disparos en el abdomen desde corta distancia y murió de inmediato, según al menos tres testigos y la Fiscalía General de Colombia. El asesinato sigue sin resolverse.

En respuesta a las preguntas de Reuters sobre la muerte de Santofimio y otros asesinatos, el Ministerio de Ambiente dijo que los conservacionistas son a menudo blanco de ataques porque su trabajo supone una amenaza para las actividades ilegales y reconoció que "el progreso de los proyectos ambientales puede verse afectado y ralentizado debido a los riesgos de seguridad".

En todo el mundo, al menos 1.910 ecologistas fueron asesinados por sus esfuerzos para proteger la naturaleza frente a intereses empresariales y criminales entre 2012 y 2022, según el grupo de defensa británico Global Witness. El año pasado, Colombia registró el mayor número de asesinatos con 60.

El Gobierno de Colombia trabaja para proteger a los conservacionistas, declaró a Reuters la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en una reciente entrevista en la que describió cada asesinato como una tragedia.

"En el pasado eran estigmatizados", dijo Muhamad, quien asumió el cargo en agosto de 2022 como parte del primer Gobierno izquierdista de Colombia. La funcionaria sostuvo que los defensores del medio ambiente a menudo son considerados como obstáculos para el desarrollo.

"Nadie merece morir, precisamente, por salvaguardar la vida", afirmó la ministra.

UN REBELDE CONVERTIDO EN ECOLOGISTA

Reuters examinó las secuelas del tiroteo de Santofimio y los asesinatos de otros dos activistas medioambientales, uno en el 2020 y otro en el 2021, para evaluar el impacto de su trabajo de conservación y restauración de la selva tropical, así como de protección de la vida salvaje, basándose en el testimonio de tres docenas de fuentes, entre activistas, científicos, grupos de defensa y departamentos gubernamentales.

En entrevistas con Reuters, esas personas relataron cómo los atentados dejaron a la deriva los proyectos de conservación, y cómo los ambientalistas se retiraron de los trabajos de protección del medio ambiente por temor a más violencia. Los problemas de seguridad también provocaron retrasos en los desembolsos de fondos, afirmaron.

Los datos de las autoridades ambientales locales y del Instituto Colombiano de Meteorología (IDEAM) también mostraron que, en el año posterior a cada asesinato, la deforestación a nivel local fue peor que las tendencias nacionales.

Cualquier pausa en los proyectos de conservación inclinaba la balanza a favor de la deforestación y la destrucción, según los ecologistas.

"Siguen talando y no paran", dijo Armando Aroca, que ahora está al frente de la red de viveros de árboles que dirigía Santofimio. "Siguen minando y no paran".

Aroca no especificó a quién se refería. El asesinato de Santofimio paralizó su luchado proyecto de conservación. La financiación se retrasó, un vivero se vio obligado a cerrar y el personal abandonó tareas vitales como la recolección de semillas en la selva y la plantación de árboles jóvenes.

Al igual que su esposa, Santofimio era un antiguo rebelde de las FARC. El grupo dependía de la exuberante selva colombiana para su seguridad cuando luchaba contra el Estado y después de un acuerdo de paz en el 2016, se dedicó a proteger su antiguo hogar.

Estuvo al frente de una red de viveros de árboles en toda la Amazonía colombiana, incluido uno dirigido por la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (COMUCCOM), el asentamiento al que llamaba hogar.

Santofimio, a quien sus amigos recuerdan como Jorgillo, había recibido múltiples amenazas, según declaró a Reuters en agosto de 2021, sin revelar quién las había proferido.

"Aquí a uno no lo matan por ser firmante de la paz. Aquí lo matan a usted por querer construir la paz", dijo a Reuters seis meses antes de su muerte.

VIVERO CERRADO

Duberney López, presidente de la cooperativa COMUCCOM, fundada por excombatientes de las FARC, declaró a Reuters en junio que el asesinato tenía como objetivo aterrorizar a la comunidad.

López aseguró que los atacantes tuvieron muchas oportunidades de matar a Santofimio de forma más discreta en sus paseos en motocicleta por la región.

"Hay intereses que no quieren que permanezcamos en el lugar", dijo López, declinando identificar quién puede haber estado detrás del ataque, citando motivos de seguridad.

Colombia ha luchado para poner fin a seis décadas de conflicto entre el Estado, guerrillas izquierdistas y grupos criminales descendientes de paramilitares de derecha, que ha dejado al menos 450.000 muertos.

El acuerdo de paz del 2016 con las FARC tuvo un costo medioambiental, debido a que el territorio anteriormente controlado por el grupo se abrió a la ganadería, la minería ilegal de oro y los cultivos de hoja de coca, principal ingrediente de la cocaína, lo que disparó la deforestación.

"No es casualidad que los principales ataques contra los ecologistas se produzcan donde hay coca", afirmó Kevin Murakami, director de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de la embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Sucesivos gobiernos han culpado a los grupos armados de Colombia, que incluyen a la guerrilla izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo rebelde fundado por sacerdotes católicos radicales en 1964, y a la banda criminal Clan del Golfo, de matar a ecologistas.

Reuters no pudo ponerse en contacto con estos grupos para obtener sus comentarios.

Santofimio colaboró con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la creación de una red de viveros de árboles en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. Bajo su dirección, la red se amplió a más de una docena de viveros y pretendía criar hasta un millón de árboles en dos años.

Tras el asesinato, el PNUD retrasó seis meses el desembolso de 149.000 dólares, una suma significativa en Colombia, según los miembros de COMUCCOM. El contratiempo se debió a los retrasos administrativos derivados de la muerte de Santofimio, dijo el PNUD en un comunicado.

En otro lugar de Putumayo, un vivero con capacidad para cultivar 150.000 árboles al año cerró debido al miedo entre los trabajadores y a la ausencia del liderazgo de Santofimio, dijo a Reuters un responsable del proyecto que pidió no ser identificado.

GUARDAESPALDAS Y CHALECOS ANTIBALAS

Los avances en otras regiones también se estancaron, según Aroca.

La producción de árboles en toda la red durante dos años fue de unos 250.000, afirmó Aroca, apenas una cuarta parte del objetivo de Santofimio.

Dos años antes del asesinato de Santofimio, el guarda forestal Javier Francisco Parra trabajaba en el municipio de La Macarena una mañana de diciembre de 2020 cuando un hombre armado le disparó varias veces a través de una ventana abierta. Murió esperando una evacuación médica.

"Francisco ya no pudo resistir más", dijo Andrés Felipe García, el entonces director de Cormacarena, el regulador medioambiental local donde Parra trabajó.

El asesinato fue ordenado por una facción de antiguos rebeldes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz, según la Fiscalía General de Colombia.

La facción disidente trató de extorsionar a Parra y Cormacarena por más de 14.000 dólares al mes por el acceso a las reservas protegidas cercanas, dijo la Fiscalía en un comunicado, precisando que cuando no se pagó el dinero, el grupo ordenó el asesinato de Parra. Dos personas han sido acusadas en el caso.

Reuters no pudo ponerse en contacto con los sospechosos, sus abogados o la facción disidente de las FARC para hacer comentarios.

Tanto los servicios forestales locales como los nacionales retiraron a su personal de la zona, dijo García. El asesinato de Parra "logró que el trabajo no se hiciera con, digamos, la misma energía con el que se venía haciendo antes".

Diecisiete guardabosques de la gubernamental agencia Parques Nacionales Naturales de Colombia han sido asesinados desde 1991, según declaró a Reuters el director de la entidad, Luisz Martínez.

"Tengo funcionarios que tienen medidas de protección, guardaespaldas, andan con chalecos, otros han tenido que ser movidos de un sitio a otro. Incluso tenemos casos de funcionarios que están en el exilio", afirmó.

Los esfuerzos para restaurar dos parques nacionales en el departamento del Meta, incluyendo La Macarena, llevan tres años de retraso, dijo Martínez. Los esfuerzos se financian con parte de un paquete de 35 millones de euros (37,5 millones de dólares) del banco estatal alemán KfW.

La ejecución del proyecto "lleva un retraso considerable", dijo KfW a Reuters, precisando que los contratiempos se debieron a problemas de seguridad, así como a la pandemia de coronavirus y a cambios en la nómina.

AUMENTO DE LA DEFORESTACIÓN

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), un grupo de defensa del medio ambiente, también tuvo problemas de seguridad con un proyecto de cinco años por valor de un millón de dólares en el municipio de La Macarena.

Los problemas de seguridad perturban los proyectos en toda Colombia. Amazonia Mía -un proyecto medioambiental de USAID- cambió la ubicación de dos o tres proyectos en departamentos como Putumayo y Guaviare después de que las comunidades advirtieron de problemas de seguridad en las zonas donde se habían planeado inicialmente, dijo a Reuters el director del grupo, Roberto Gómez.

Los municipios afectados por los tres asesinatos de ecologistas registraron un aumento de la deforestación frente a los niveles nacionales, según datos del Gobierno.

Tras el asesinato de Parra, la deforestación en el municipio de La Macarena aumentó un 14% en 2020, hasta algo más de 13.000 hectáreas, casi el doble que la tasa nacional ese año. La mayor parte de la destrucción ocurrió en las semanas posteriores al asesinato de Parra en diciembre, dijo García.

Del mismo modo, en el Putumayo en el 2022, a pesar de que la deforestación disminuyó un 29% en toda Colombia en comparación con 2021, en parte debido al fenómeno meteorológico más húmedo de La Niña, en Puerto Guzmán, donde se basa el proyecto de Santofimio, aumentó un 0,6% a 4.645 hectáreas.

Ese fue el nivel más alto de los 13 municipios del departamento de Putumayo, según el IDEAM.

El tercer caso examinado por Reuters fue el del conservacionista Gonzalo Cardona, que trabajaba con el grupo de defensa de las aves ProAves para proteger el loro orejiamarillo, en peligro de extinción, y fue asesinado en 2021. Nadie ha sido acusado en el caso.

"Fue un golpe demasiado duro", dijo Sara Inés Lara, directora ejecutiva de ProAves, al denunciar que cuatro guardaparques renunciaron tras decidir que era demasiado peligroso y que el grupo tenía que gastar más en seguridad.

Los colegas de Santofimio se han recuperado poco a poco.

En el vivero, que dejó de funcionar tras su asesinato, los plantones toman el sol bajo redes protectoras.

El vivero, que antes de la muerte de Santofimio tenía capacidad para 30.000 árboles al año, ahora puede albergar 100.000, según López.

Paseando entre las hileras de plantas jóvenes, López reflexionó sobre el legado de Santofimio.

"Es el triunfo de Jorgillo sobre la muerte", afirmó.

(Reporte de Oliver Griffin. Escrito por Luis Jaime Acosta)