Cuando asesinan a un policía

El pasado 21 de julio fue asesinado uno de los más altos mandos de la policía de la Ciudad de México, Milton Morales Figueroa, en el municipio de Coacalco, Estado de México. El Jefe Milton, como era conocido, se encontraba al frente de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, instancia de gran relevancia en la estrategia de seguridad de la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, en particular para el eje del fortalecimiento y del uso de la inteligencia policial para el combate a la delincuencia. Al Jefe Milton también se le atribuye una importante campaña de combate al narcotráfico y a los grupos detrás de este delito en la ciudad.

Su asesinato genera muchas preguntas, entre las más relevantes: ¿quién o quiénes son los autores materiales e intelectuales del asesinato? ¿Por qué razón o razones es que lo asesinaron? ¿Su asesinato estuvo motivado por su labor policial?

En un contexto donde existen grupos de la delincuencia organizada con gran capacidad operativa (capacidad de planeación, entrenamiento, inteligencia, movilidad y comunicaciones) y distintas autoridades que ineficazmente han intentado combatirlos (asumiendo que ha sido así), es seguro suponer que se trató de un operativo complejo de algún grupo delictivo y que el asesinato se debió efectivamente a sus labores como jefe de una unidad de calado estratégico dentro de la policía capitalina.

Y, en última instancia, es importante preguntarnos: ¿por qué los grupos de la delincuencia organizada matan a policías? Parece una pregunta cuya respuesta es evidente bajo la lógica de que de esta forma buscan evitar la acción de la ley, pero -nuevamente- estamos hablando de un contexto complejo donde la existencia de los GDO condiciona el actuar de las autoridades y buscan controlar aspectos de la vida social por lo que estos asesinatos adquieren otras dimensiones.

Igualmente, es importante entender que estos asesinatos no vienen de la desesperación de estos grupos frente a la presión de las autoridades o porque no tienen alternativas, sino que hablamos de un modus operandi, un patrón de acciones a lo largo del país, dirigido principalmente contra autoridades locales. No olvidemos ya hace escasos 4 años en la Ciudad de México, civiles armados realizaron un atentado contra el entonces encargado de la seguridad en la capital y ahora futuro Secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, a la cual se suman incontables atentados y asesinatos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Una investigación realizada por la investigadora Sara Schatz, de la Universidad Estatal de Ohio, indaga en el impacto del asesinato de personal de seguridad y aplicación de la ley por parte de grupos de la delincuencia organizada en municipios de la frontera norte de México, los cuales son relevantes debido a su importancia para el tráfico de drogas. Aquí, la autora identifica que los GDO buscan 4 objetivos con el asesinato de funcionarios claves en la seguridad pública: 1) como represalia por la aplicación de la ley, 2) para neutralizar a jefes de la policía cuyo nombramiento no conviene a los GDO, 3) para interrumpir a la gobernanza local, y 4) para reducir las capacidades del gobierno local y tener mayor libertad de tránsito de productos. Estos objetivos no son mutuamente excluyentes, lo que significa que con un asesinato pueden buscar más de un objetivo e incluso todos al mismo tiempo.

En nuestro país, como consecuencia de este tipo de asesinatos, generalmente no se obtiene una respuesta fuerte de parte de las autoridades, como -por ejemplo- un reforzamiento en el personal de seguridad o investigaciones exhaustivas para encontrar con los responsables y así disuadir de otros asesinatos; de hecho, en su investigación Schatz encontró que estos asesinatos fueron efectivos para mejorar el desarrollo de actividades delictivas y disuadir la aplicación de la ley, de ahí que esa estrategia sea una opción viable para los GDO. Así, logran mandar efectivamente el mensaje de que matarán a todo aquel que se meta en su camino y tener el camino libre para sus actividades.

En el asesinato del Jefe Milton, si se asume que estuvo relacionado a su labor policial, podemos pensar que cualquiera de los objetivos es pertinente para explicarlo: en represalia a sus actividades de combate al narcotráfico, porque representaba un obstáculo para los GDO en la CDMX, para interrumpir la estrategia de seguridad en la capital o para reducir las capacidades de gobernanza del gobierno local y continuar el tráfico de drogas sin restricciones.

De igual forma, podemos leer entre líneas que el asesinato del que fuera considerado uno de los hombres de confianza de Harfuch es un mensaje para el equipo de trabajo del futuro secretario federal y para el gobierno entrante. Esto es mala noticia para toda la población.

Pero hay otro elemento que resalta al análisis y es que Milton fue asesinado en su día de descanso: el hecho ocurrió cuando se encontraba paseando con su familia. Según datos del proyecto Azul Cobalto, creado por el analista Daniel Gómez-Tagle, de los datos recopilados entre 2017 y lo que va de 2024 se obtiene que el 36.7 % de policías asesinados lo han sido cuando se encontraban fuera de servicio, y en varios casos se encontraban con su familia. Y esto no es coincidencia, ya que la misma investigación antes mencionada confirma una de las máximas de la criminología, donde la oportunidad crea el delito, y en este caso la ausencia de la debida protección es el momento perfecto para llevar a cabo un asesinato.

Esta incapacidad del gobierno de proteger a las personas encargadas de la seguridad significa una debilidad que, junto a la impunidad de los sistemas político, legal y jurídico, aunado al fortalecimiento operativo de los GDO (Schatz, 2014), produce el caldo de cultivo perfecto para el control territorial por parte de los GDO.

Y es que el asesinato de un funcionario debe ser entendido como un acto de poder delincuencial; es decir, que los grupos delictivos ejercen actos violentos para imponer su voluntad y fortalecer su posición en un territorio específico, lo cual debe preocuparnos ya que hablamos de un riesgo a la gobernabilidad en el país. Hay analistas que afirman que hay entidades que ya podemos considerar como estados fallidos por la penetración de estos grupos en la esfera gubernamental y la incapacidad de las autoridades de hacerles frente.

Cuando matan a un policía, los GDO están mandando el mensaje de que están sobre la sociedad, que no temen la persecución de autoridades ni la aplicación de la justicia. Cuando asesinan a un policía, se vulnera a la sociedad, así como el derecho elemental de tener una vida libre de amenazas sobre nuestra integridad y nuestro patrimonio, y junto a  ello se dificulta aún más la posibilidad de pacificar a una sociedad que lleva décadas inmersa en la violencia.

* Gerardo López García (@gera_emp) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).