Asesinan a alcalde de capital de estado mexicano a menos de una semana de asumir el cargo

El alcalde de una capital del sur de México fue asesinado apenas una semana después de asumir el cargo, informaron las autoridades.

Alejandro Arcos fue juramentado el lunes pasado como alcalde de Chilpancingo, una ciudad tan violenta que un grupo de narcotraficantes realizó una manifestación abierta, secuestró un vehículo blindado del gobierno y tomó como rehenes a policías en 2023 para lograr la liberación de sospechosos arrestados.

Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero, donde se ubica Acapulco.

La fiscalía del estado emitió el domingo un comunicado confirmando que Arcos había sido asesinado, pero no proporcionó detalles.

Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional o PRI, lamentó el asesinato de Arcos y dijo que el recién instalado secretario del ayuntamiento también había sido asesinado tres días antes.

“Llevaban menos de una semana en el cargo”, escribió Moreno en sus redes sociales. “Eran servidores públicos jóvenes y honestos que buscaban el progreso de su comunidad”.

Chilpancingo ha sido durante mucho tiempo escenario de una sangrienta guerra territorial entre dos bandas de narcotraficantes, los Ardillos y los Tlacos. El conflicto ha dado lugar a docenas de asesinatos horrendos y algunos escándalos de alto perfil.

Una ex alcaldesa fue captada en video mientras aparentemente se reunía con líderes de una de las bandas en un restaurante. Posteriormente fue expulsada de su partido.

En julio de 2023, funcionarios federales dijeron que una manifestación celebrada por cientos de personas en Chilpancingo ese mes había sido organizada por la pandilla Ardillos para lograr la liberación de dos líderes de pandillas arrestados por posesión de drogas y armas.

Los manifestantes bloquearon en gran parte todo el tráfico en la autopista entre Ciudad de México y Acapulco durante dos días, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y tomaron posesión de un camión blindado de la policía y lo utilizaron para abrir a la fuerza las puertas del edificio de la legislatura estatal.

Los manifestantes secuestraron a 10 miembros de la policía estatal y la guardia nacional, así como a tres funcionarios estatales y federales, y los mantuvieron como rehenes para hacer cumplir sus demandas antes de liberarlos.

Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.