Aseguradora dice que no está obligada a pagar los honorarios legales de Carollo, según normas municipales

Una compañía que asegura a la ciudad de Miami dice que no puede ser considerada responsable de más de $10 millones en honorarios legales por la defensa del comisionado Joe Carollo en varias demandas que se remontan a 2018, citando alegaciones que Carollo participó en “una conducta dolosa y deliberada que tenía la intención de privar a los demandantes de su propiedad y dañar la reputación de los demandantes para castigarlos y tomar represalias”.

En una demanda presentada en un tribunal federal esta semana, la aseguradora de la ciudad, QBE Specialty Insurance Company, busca recuperar $5 millones, la mayor parte de los cuales pagó a la ciudad a principios de este año, diciendo que no es responsable de los gastos legales incurridos en cinco demandas presentadas contra Carollo por los empresarios Bill Fuller y Martín Pinilla, de La Pequeña Habana, señalando en parte una declaración de la Corte Suprema de la Florida de que “uno no debería poder asegurarse contra su propia mala conducta intencional”.

El año pasado, un jurado indicó que Fuller y Pinilla fueron víctimas de una campaña de represalias políticas impulsada por Carollo, concediendo a los empresarios un fallo de $63.5 millones en la primera de esas demandas. Las otras cuatro siguen en litigio.

“La premisa fundamental que subyace en todas y cada una de las demandas subyacentes es que Carollo —con sus propias acciones y reclutando a otros para que cumplieran sus órdenes— emprendió una campaña de represalias y acoso que duró años con el objetivo consciente de causar daño a los demandantes subyacentes”, dice la demanda de QBE.

Los costos legales han superado los $10 millones hasta la fecha, según la demanda.

La ciudad indicó en una declaración el martes que todavía estaba revisando la demanda y no podía ofrecer de inmediato una respuesta a las acusaciones.

En enero, QBE transfirió a la ciudad más de $4.5 millones en concepto de reembolso de los honorarios legales de dos de las demandas, cantidad que “agotó el importe restante del límite de $5 millones” de una de las pólizas de seguro de la ciudad. QBE no solo alega que no es responsable de los gastos legales futuros, sino que también pretende recuperar los $5 millones que ya pagó a la ciudad.

Contactado por teléfono el miércoles, Carollo dijo que cree que es muy poco probable que un juez ordene a la ciudad devolver los $5 millones.

“No hay ninguna posibilidad en el mundo de que un tribunal razonable concuerde con esto”, dijo. Añadió que cree que la demanda de QBE es más bien una respuesta a las personas que le demandaron y que ahora intentan cobrar la multimillonaria sentencia.

“Nunca ha habido nadie tan litigioso como esta gente”, dijo Carollo de sus adversarios legales, añadiendo que ha sido “una demanda tras otra tras otra”.

La ciudad pudiera acabar adeudando el dinero en un momento de tensión financiera, tras un recorte presupuestario de $25 millones y una suspensión de las contrataciones aplicada en febrero en toda la fuerza laboral de 4,000 empleados de la ciudad.

La demanda de la aseguradora nombra como demandados a varios empleados municipales, entre ellos el administrador municipal, Art Noriega, y la ex abogada municipal Victoria Méndez, así como a Fuller y Pinilla. A principios de este año, Fuller y Pinilla demandaron a QBE, argumentando que la compañía de seguros les adeuda más de $18.6 millones por honorarios de abogados y una parte de los daños de la sentencia de $63.5 millones. Jeff Gutchess, abogado de Fuller y Pinilla, dijo que la demanda “pretende obligar a QBE a cumplir sus obligaciones contractuales”.

“No hace falta decir que esperamos exigir responsabilidades a QBE en un tribunal de justicia”, dijo Gutchess.

Los abogados de QBE no respondieron a la solicitud de declaraciones del Herald.