Yahoo Noticias Asamblea de Ecuador rechaza autorizar que la vicepresidenta del país sea enjuiciada por corrupción
QUITO (AP) — La Asamblea de Ecuador negó el viernes la autorización para enjuiciar penalmente a la vicepresidenta, Verónica Abad, que tiene fuero de corte y a quien la Fiscalía pidió vincular en una investigación que involucra a su hijo por corrupción.
La decisión de rechazo se adoptó con 75 votos de 133 asambleístas presentes a una moción que pedía negar la autorización en una sesión virtual. Para autorizar el juicio se requerían 92 votos y para negarlo 70.
El caso “Nene”, que investiga la Fiscalía, inició en marzo tras la detención del hijo mayor de Abad, Francisco Barreiro, a quien un exfuncionario de la vicepresidencia denunció por ofrecerle un alto cargo con un suelo de 3.200 dólares, del cual le debía entregar 1.700 dólares mensuales.
Como garantía de pago, el denunciante firmó un pagaré por 30.600 dólares. Barreiro salió en libertad provisional tras cancelar una fianza.
La Fiscalía pidió a la justicia la vinculación de Abad por considerar que cuenta con los indicios sobre su presunta participación en el cometimiento del delito de concusión. La Corte solicitó a la Asamblea pronunciarse sobre la autorización en un plazo de 48 horas.
Guissella Molina, del movimiento Gente Buena, quien presentó la moción para negar la autorización, advirtió que se pretendía convertir al Parlamento en un escenario para resolver una disputa entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta, y dijo que Abad es víctima de violencia política.
La relación entre el presidente y la vicepresidenta se fracturó desde la campaña electoral. Noboa la ha tildado de “desleal”, mientras Abad afirma que se busca presionarla para que renuncie. Abad cumple actualmente el cargo de embajadora en Israel por delegación del jefe de Estado.
El asambleísta Leonardo Barrezueta, del movimiento de oposición Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa, manifestó que no se prestarán para una “jugarreta” del gobierno al que pidió “hacerse cargo” de su problema, en alusión a la disputa con Abad, a quien él seleccionó como su binomio, dijo.
Así el planteamiento de la asambleísta oficialista, Inés Alarcón, quien había solicitado al legislativo “no seguir trabando la justicia” y viabilizar la investigación contra Abad, se quedó sin respaldo.
Tras el pronunciamiento del legislativo, la Fiscalía adelantó que continuará con la investigación a Abad cuando termine su período como vicepresidenta, dijo en un comunicado. Sus funciones concluyen en 2025.
El ministerio de Gobierno reaccionó con un rechazo a la decisión de la Asamblea y aseguró en un comunicado que la votación evidencia un “sucio pacto político” en el que primaron intereses partidarios de agrupaciones como el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y Construye.
“Solo era cuestión de dejar que—como en cualquier democracia medianamente estable— los órganos de la función judicial hagan su trabajo”, se señaló.
El comunicado concluye manifestando que ningún funcionario está por encima de la ley “y la justicia debe determinar si la vicepresidenta cometió una irregularidad”. No precisó a qué se refirió con dicha afirmación.
El abogado de la vicepresidenta, Oswaldo Trujillo, dijo a The Associated Press que con la negativa de la Asamblea, “la jueza ya no puede vincularla”, pero tampoco podrá realizar más diligencias y debe "devolver (el expediente) a una jueza de primer nivel” para continuar con el proceso penal, dado que únicamente Abad gozaba de fuero de corte.
Para el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Internacional (UISEK), Esteban Ron, con la decisión de la Asamblea “la fiscal no puede realizar el proceso de vinculación a la vicepresidenta” hasta que Abad concluya el período en el cargo.
La negativa del Legislativo se da en medio del debate sobre la eventual sucesión presidencial en el muy probable escenario de que el actual mandatario Daniel Noboa se postule a los comicios presidenciales de 2025.
Noboa asumió el poder en noviembre de 2023 para completar el período de su antecesor, Guillermo Lasso, quien disolvió la Asamblea y acortó su mandato.
Según la Constitución de Ecuador, la vicepresidenta debe suceder al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva.
