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La Asamblea de Brasilia afirma que hubo "errores" de seguridad en el golpe de enero

Brasilia, 29 nov (EFE).- La Asamblea Legislativa regional de Brasilia aprobó este miércoles un informe en el que se afirma que "errores" de seguridad facilitaron la asonada del pasado 8 de enero, cuando una horda de activistas de ultraderecha invadió las sedes de los tres poderes del Estado.

La conclusión principal es que esos sucesos, considerados por la Justicia como un intento de golpe, fueron posibilitados por "errores, omisiones o connivencia de aquellos que podían y debían haber hecho algo para impedir el ataque a las instituciones".

El informe es resultado de una investigación realizada durante meses por el legislativo regional, paralela a una similar hecha por el Parlamento federal y que concluyó acusando al expresidente Jair Bolsonaro de alentar lo que calificó, al igual que la Justicia, de intento de derrocar al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

En ambos casos, fueron investigaciones de talante político, sin consecuencias judiciales directas.

La comisión federal fue controlada por parlamentarios del arco progresista afines a Lula, pero el grupo de la asamblea regional estuvo dominado por "bolsonaristas" y sostuvo que el Gobierno, que tenía solo una semana en el poder, "facilitó" de alguna manera la acción de los vándalos.

Bajo esa tesis, no halló responsabilidad alguna por parte de Bolsonaro y acusó de "omisiones" en la vigilancia de las sedes del Ejecutivo, la Corte Suprema y el Parlamento, que fueron invadidas y depredadas, al exministro de Seguridad de la Presidencia Marco Edson Gonçalves Dias.

Ese general, de la mayor confianza de Lula, asumió el cargo el 1 de enero, cuando el líder progresista llegó a la Presidencia, y fue visto en imágenes grabadas por cámaras de seguridad el 8 de enero en una actitud considerada complaciente con los golpistas, tras lo cual fue destituido.

Aunque el nombre del general estaba incluido en la lista de acusados, terminó siendo retirado y fue la única modificación realizada al texto.

El resto de los 133 acusados por el legislativo regional son, en su enorme mayoría, personas que participaron directamente del vandalismo y sospechosos de haber financiado el movimiento golpista.

El informe, igual que el del Parlamento federal, será remitido a la Justicia, que tiene las investigaciones muy avanzadas y hasta ya ha dictado varias sentencias.

Por los hechos del 8 de enero fueron arrestadas hasta ahora unas 1.800 personas, de las cuales 128 siguen detenidas mientras que el resto responde ante la Justicia en libertad.

La Corte Suprema, responsable por juzgar a los acusados, ya ha condenado a veinte de los imputados a penas que a 17 de años de prisión, por cargos que van desde destrucción de patrimonio público hasta intento de golpe de Estado.

(c) Agencia EFE