Ariadna Montiel repite en Bienestar, la secretaría responsable de los programas sociales que fueron clave en la elección

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Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar desde enero de 2022, se convirtió ayer en la segunda funcionaria de la actual administración que mantendrá su cargo en el gabinete de Claudia Sheinbaum.

Si la virtual presidenta electa decidió sostener al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para darle continuidad a la política económica, con el nombramiento de Ariadna Montiel se anuncia la continuidad de la política social.

En los hechos, Montiel ha sido la encargada de los programas sociales desde 2018, cuando se le nombró como subsecretaria del Bienestar, pero fue hasta 2022 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador la nombró titular de la secretaría. Desde hace seis años ha estado al frente de la entrega de apoyos “sin intermediarios”, como el presidente López Obrador describe su política de desarrollo social.

Bajo su tutela estuvo la entrega de apoyos a millones de beneficiarios de programas sociales que, según la oposición, fue una de las estrategias de Morena para ganar las elecciones de 2024. De hecho, la operación de los programas a través de los Servidores de la Nación es uno de los temas contenidos en las impugnaciones que la oposición promovió ante el Tribunal Electoral para solicitar la nulidad de los comicios.

Sin embargo, especialistas señalan que pese al “presupuesto histórico” de 543 mil 920 millones de pesos que fueron asignados para pensiones y becas del Bienestar en 2024, el número de programas sociales ha disminuido en la administración de Montiel, y los existentes presentan irregularidades en la conformación de padrones de beneficiarios que afectan su operación y limitan sus impactos positivos para los más pobres, además de que ha sido señalados por su presunto uso electoral.

El reto para la siguiente administración será el ejercicio eficiente de los recursos y la operación correcta de los programas, coinciden analistas.

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Claudia Sheinbaum y el tercer bloque de los integrantes de su gabinete. Foto: Cuartoscuro

Presupuesto histórico, concentrado en 8 programas sociales

De acuerdo con un análisis del IMCO, actualmente hay ocho programas sociales que concentran el 17.2% del presupuesto para desarrollo social: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Sembrando Vida, Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

El programa con mayor aumento en presupuesto y número de beneficiarios es la Pensión para Adultos Mayores, cuyos recursos equivalen al 85% del total de los asignados a la Secretaría del Bienestar en 2024.

Desde 2018, este programa ha tenido un aumento de presupuesto del 771.4%, al pasar de 53 mil 367 millones de pesos en 2018 a 465 mil 49 millones en 2024, monto con el que este año se otorgan transferencias de 6 mil pesos bimestrales a los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores, que pasaron de 2 millones 500 mil a más de 10 millones 878 mil durante el actual sexenio.

En contraste con el crecimiento de presupuesto para las pensiones y becas de Bienestar, el gobierno López Obrador eliminó programas como el de Comedores Comunitarios, estancias infantiles y apoyo a la vivienda, entre otros.

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Aumentó la cobertura, pero programas no llegan a los más pobres

Pese a que “primero los pobres” ha sido una de las frases que más ha repetido el presidente para referirse a su forma de gobierno, que ha tenido como prioridad los programas sociales, datos oficiales muestran que quienes se han beneficiado más de esta política son los hogares con mayores ingresos.

Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), elaborada por el INEGI, muestran que en 2022 la cobertura de los programas sociales fue del 34% de los hogares, un incremento de 6% respecto a 2018 -último año del gobierno de Enrique Peña Nieto-, y 4% por arriba del porcentaje que se registró en 2020 -primera medición de la administración de López Obrador-.

Sin embargo, la asociación México Cómo Vamos encontró que, al profundizar el análisis, se observa una caída de alrededor de 20% en la cobertura de hogares con menores ingresos en 2020 y 2022, respecto de la que se presentaba en 2016 y 2018.

Para la asociación, “estos resultados anticipan la necesidad de realizar una revisión a la actual política social sobre las transferencias monetarias para recuperar la cobertura observada en los hogares de menores ingresos en años anteriores. Los programas sociales de la administración del presidente López Obrador son menos progresivos que lo que se observaba durante la administración del presidente Peña Nieto”.

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Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar y al fondo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro

Las irregularidades en los padrones y el destino de los recursos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado presuntas irregularidades en la conformación de los padrones de beneficiarios y el destino de los recursos de diversos programas a cargo de la Secretaría del Bienestar.

En su revisión a la cuenta pública de 2020, la ASF encontró presuntas irregularidades en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras que sumaron más de 100 millones por comprobar, entre el pago de becas a personas fallecidas, pagos duplicados y la dispersión de recursos a beneficiarios con CURP inválida o inexistente.

En el caso del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, la ASF encontró posibles daños por 7 millones 68 mil pesos que se gastaron en el ejercicio fiscal de 2020, por la entrega de apoyos a beneficiarios sin CURP o que rebasaban la edad límite establecida para recibir el apoyo.

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La Pensión para Personas Adultas Mayores tuvo observaciones en la revisión de la cuenta pública de 2021, donde la ASF encontró que la Secretaría del Bienestar tiene pendiente por demostrar el destino de 60 millones 65 mil 779 pesos en entregas que se dieron a muertos, en pagos de marcha de beneficiarios que no han fallecido y a algunos cuyos nombres no aparecen en el padrón del programa.

Otros 16 millones 481 mil 848 pesos pendientes de aclarar fueron utilizados para la dispersión de las pensiones, según la Secretaría del Bienestar, pero la ASF no encontró documentos probatorios sobre su destino.

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Tarjetas del Bienestar como estrategia de posicionamiento político

Durante el arranque de 2023, previo al inicio de las precampañas políticas, Animal Político documentó que la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, intensificó su presencia en actos públicos con eventos de entrega de tarjetas de apoyos dirigidos a personas con discapacidad, hijos de mujeres trabajadoras, jóvenes y adultos mayores, principalmente en la Ciudad de México, entidad que gobernó Claudia Sheinbaum antes de contender por la presidencia.

En las primeras semanas del año, Montiel encabezó 24 eventos de tarjetas para beneficiarios en la Ciudad de México, y en los dos meses previos tuvo 16 eventos de este tipo en 11 estados distintos a la capital.

A nivel federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador también encabezó diversas giras con el objetivo de “supervisar los Programas del Bienestar“, en las que, frente a miles de personas, pronunciaba discursos en los que defendía los logros de su gobierno y aprovechaba para criticar a la oposición y llamar a continuar con la “cuarta transformación”.

Ante el arranque de las campañas federales y la eventual suspensión legal de los eventos masivos para a entrega de tarjetas a beneficiarios del Bienestar, el presidente incrementó las giras, con 28 mítines específicamente convocados para difundir información de la Pensión de Adultos Mayores, las becas Benito Juárez, así como de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Entre 2019 y 2023, López Obrador tuvo 127 participaciones de este tipo.

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Ariadna Montiel y Claudia Shenbaum. Foto: Cuartoscuro

Los señalamientos del uso electoral de programas sociales

Aunque la Constitución mexicana, en su artículo 134 establece la prohibición de hacer propaganda gubernamental para la promoción de la imagen personalizada de cualquier servidor público, y el artículo 41 prohíbe que se dediquen recursos públicos en favor de algún partido político, en estos eventos el presidente y la secretaria Montiel promovieron abiertamente el voto en favor de Morena, lo que ha derivado en múltiples quejas de la oposición ante el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, por el presunto uso electoral de los programas sociales.

Acerca de estos señalamientos, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, comentó que estos programas y su ejecución están diseñados “para ser identificados con el presidente”.

“Desde los primeros años, con la construcción de padrones que llamaron ‘Censo del Bienestar‘ y una estructura a nivel operativo que llamaron ‘Servidores de la Nación’, que venía de la defensa del voto de Morena, o sea, pasaron la estructura del partido a la Secretaría del Bienestar, le pusieron el color del partido a sus chalecos, al principio hasta el nombre del presidente, y empezaron con el discurso de que les mandaba una transferencia”, explicó el especialista.

El reto presupuestal para la siguiente administración

Según el análisis del IMCO a los programas sociales del sexenio actual, “el aumento del presupuesto para el desarrollo social se da en un contexto de finanzas públicas ajustadas, en donde se tendrá que incurrir en endeudamiento para cubrir el incremento en el gasto gubernamental”.

México Cómo Vamos destacó que se tiene que pensar la política social “desde una perspectiva generacional del presupuesto”, ya que, aunque es importante atender a los adultos mayores con una pensión no contributiva, “no debe ser a costa de menor asignación de recursos públicos en programas o infraestructura social destinados al mejoramiento de la calidad educativa o servicios de salud en nuestro país”.

“Es importante recalcar la necesidad de pensar la política social de una forma más amplia, en el desarrollo de infraestructura social en educación, salud y cuidados que permitan el establecimiento de una cancha pareja con igualdad de oportunidades y mayor progreso social”, apuntó la organización.

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