El argumento en que Trump fundamenta su inmunidad en 2024 es totalmente contrario a su postura en 2021

Cuando el expresidente Donald Trump apareció ante un tribunal de apelaciones en Washington esta semana para argumentar que tenía inmunidad contra cualquier proceso por sus acciones a fin de anular las elecciones de 2020, uno de sus abogados sostuvo que no debería enfrentar ningún cargo penal porque el Senado decidió no condenarlo por delitos similares en un juicio político hace tres años.

El problema es que, en ese juicio de febrero de 2021, Trump, representado por un equipo distinto de abogados, propuso el argumento contrario: sostuvo que el Senado no podía condenarlo porque ya había abandonado el cargo y el sistema de justicia penal era la única vía legítima por la que todavía podrían pedírsele cuentas.

“Después de abandonar el cargo”, señaló Bruce Castor, uno de los abogados que participaron en el juicio político, “pueden ir a arrestarlo”.

Esta aparente contradicción fue una de las complejidades en las razones que plantea Trump para su inmunidad que les llamó la atención el martes a los jueces del tribunal federal de apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia. El panel de tres jueces que se encargará de oír su contestación a los cargos por el caso de subversión electoral pareció poner en duda el argumento.

Los jueces le hicieron notar la aparente contradicción a D. John Sauer, abogado encargado de la apelación de Trump. Insistieron en que explicara por qué el expresidente parecía haber tenido un cambio tan drástico de opinión.

“Su postura (o la de su cliente) durante el procedimiento de juicio político (o “impeachment”) fue que la opción de una acusación penal estaría abierta más adelante, y eso consta en el registro del Congreso”, aseveró la jueza Florence Y. Pan.

Sauer negó la idea de que Trump hubiera admitido durante el juicio de “impeachment” que podría promoverse una acción penal en su contra incluso si el Senado lo absolvía. Sauer también insistió en que los problemas legales analizados durante el juicio político en 2021 no tenían nada que ver con los presentados como parte del procedimiento penal en 2024.

“Independientemente de que, en ese caso, se hayan hecho concesiones”, señaló Sauer con respecto al argumento de defensa presentado en el juicio político, no sería algo obligatorio en la situación actual. “Se trata de procedimientos muy distintos”, añadió.

Una doctrina legal conocida como excepción de “estoppel” les prohíbe a las partes asumir posturas que contradigan sus propias declaraciones hechas en procedimientos legales anteriores. Y al menos dos de los jueces del panel de tres parecieron intrigados por la posibilidad de que la aparente incongruencia en los argumentos de Trump fuera una especie de timo.

La jueza Karen L. Henderson fue la primera en abordar el tema. Le pidió a Sauer explicar más a fondo la declaración de los abogados del expresidente en su juicio político que, en su opinión, aceptaba que Trump podía ser acusado por “responsabilidades en el ámbito penal” por los sucesos del 6 de enero de 2021.

Sauer respondió que el equipo del juicio político sencillamente había querido decir que Trump podría ser objeto de una investigación penal, e insistió en que, de ser acusado, de cualquier manera podría presentar una defensa por inmunidad.

En ese momento, Pan intervino y resaltó que los abogados de Trump para el “impeachment” habían dicho que podría hacerse una acusación penal en su contra, no una investigación.

De hecho, uno de esos abogados, David I. Schoen, argumentó que el sistema de justicia penal podía exigir que los funcionarios públicos le rindieran cuentas incluso si estos pretendían evitar las consecuencias del juicio político con una acción extrema: renunciar un minuto antes de que el Senado diera un veredicto de culpabilidad.

Schoen también sostuvo que “una persona declarada culpable de delitos públicos cometidos durante el periodo de su encargo podría recibir un castigo incluso después de abandonar el cargo”.

En una breve entrevista el miércoles, Schoen dijo que no hablaba sobre Trump cuando comentó que algunos exfuncionarios habían recibido castigos por “delitos públicos”, sino sobre funcionarios públicos mucho más ordinarios.

“No hacía referencia a las consecuencias para un presidente o expresidente”, señaló, “sino solo una referencia de jurisprudencia general”.

Pero Schoen no le dijo nada al Senado en febrero de 2021 sobre alguna excepción aplicable a los presidentes en lo que respecta a castigar a antiguos funcionarios por sus “delitos públicos”. Y sus señalamientos sobre “delitos públicos” se dieron en el contexto de una discusión más extensa sobre la conducta de los presidentes.

En una entrevista independiente, Castor afirmó que, en su opinión, los presidentes pueden ser procesados por delitos cometidos durante su mandato independientemente de que hayan sido condenados en un juicio político por los mismos. Pero también indicó que considera que los presidentes deberían tener inmunidad contra procesos por acciones que consideren parte del cumplimiento de sus deberes oficiales —incluso si están equivocados— para garantizar que no se nublen sus decisiones, y que las acciones de Trump en relación con las elecciones se ajustaban a esa excepción.

En el tribunal esta semana, Pan hizo notar el efecto que los argumentos presentados por Trump en su juicio político parecieron tener, pues quizá hayan influido para que algunos en el Senado votaran a su favor ya que sus abogados afirmaron que el “impeachment” no era necesario para exigirle cuentas por el 6 de enero en vista de que existía la “segunda opción” de un proceso penal.

“Parece que muchos senadores se basaron en esa afirmación para votar a favor de absolverlo”, comentó Pan.

Por ejemplo, el líder republicano, el senador Mitch McConnell de Kentucky, dio un discurso para explicar su decisión de absolver a Trump, aunque lo consideraba culpable del ataque del 6 de enero al Capitolio. El proceso de “impeachment” no era adecuado porque Trump ya había abandonado el cargo, enfatizó McConnell, además de puntualizar que todavía existía la posibilidad de “que los tribunales ordinarios de justicia lo juzgaran y castigaran”.

“Contamos con un sistema de justicia penal en este país”, indicó McConnell. “Tenemos juicios civiles. Y los expresidentes no tienen inmunidad en caso de que alguno de ellos se aplique para exigirles cuentas”.

Otro senador republicano distinguido, John Cornyn de Texas, hizo notar esa misma situación durante el mismo juicio político.

Los litigantes de la Cámara de Representantes expresaron inquietudes de que la llamada “excepción de enero” les diera a los presidentes a punto de concluir su mandato (por lo que no habría tiempo suficiente para un juicio político mientras estuvieran en funciones) cierta libertad para cometer delitos oficiales con impunidad. Cornyn les preguntó a los abogados de Trump si un expresidente podría de cualquier manera ser objeto de una acusación penal por actos realizados durante su mandato.

Castor respondió que la Constitución “deja muy claro que un expresidente puede recibir sanciones penales después de su presidencia por cualesquiera actos ilícitos que hubiere cometido”. Además, Cornyn difundió más adelante un comunicado en el que explicó sus motivos para votar a favor de absolver a Trump precisamente con esas palabras.

“En vista de las estipulaciones de la Constitución, las infracciones cometidas por un presidente durante su encargo están sujetas a investigación y el consiguiente proceso, como se explicó, aunque ya no esté en funciones”, aseveró Cornyn, “Creo que ese es el método constitucional de rendición de cuentas, no el ‘impeachment’”.

c.2024 The New York Times Company