‘Argentina, 1985’ es una lección en contra del terrorismo de Estado | Opinión

En todas las escuelas secundarias se debería proyectar el filme Argentina, 1985 dirigido por Santiago Mitre. Dentro del género del cine ‘judicial’ narra uno de los episodios clave de la historia contemporánea: el juicio civil a nueve de los generales de la Junta Militar argentina responsables del genocidio cometido a partir del golpe de Estado en el país suramericano entre 1976 y 1983.

La película de Mitre, que goza de un guión impecable y unas actuaciones magistrales con Ricardo Darín al frente, es una lección de lo que las sociedades deben evitar a toda costa: permitir el Estado de terror desde las instituciones para combatir la subversión.

Eso fue lo que hicieron los militares, con Jorge Videla presidiendo una dictadura que se propuso acabar con las guerrillas de izquierda por medio de la Guerra Sucia. De ese modo, y avalados, según ellos, por los valores “católicos”, las organizaciones de derechos humanos calculan que en menos de una década hubo 30,000 desaparecidos y al menos 400 niños robados, muchos de ellos entregados a familias afines a la dictadura tras los asesinatos de sus madres.

Argentina, 1985 retrata con precisión histórica y algunas licencias de ficción los meses desde abril a diciembre de 1985 en los que el entonces fiscal Julio Strassera (interpretado por Darín) y su fiscal adjunto, Luis Moreno Ocampo (un soberbio Peter Lanzani), se ven en el cometido de recopilar y presentar las pruebas contra los nueve generales que presidieron los tres primeros gobiernos de la Junta. Aquella hazaña improbable con la reanudación de la democracia bajo la amenaza de unas fuerzas armadas negadas a asumir su responsabilidad, fue posible gracias a la iniciativa del recién electo presidente Raúl Alfonsín.

Es verdad que gran parte de la sociedad argentina deseaba que se supiera toda la verdad de aquellos años de terror en los que no era extraño haber perdido un familiar que nunca volvió a aparecer. Pero no era menos cierto que existía el peligro de otra asonada militar si se removían los cimientos de aquella barbarie de Estado. Además, como se menciona en la película, la propia clase media había mirado a otro lado cuando se sucedían las detenciones y se llenaban los centros de detención clandestinos. Por eso la promesa de campaña de Alfonsín parecía una quimera.

Sin embargo, se logra crear la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de las Personas (CONADEP) con el fin de recoger los testimonios de supervivientes y familiares de desaparecidos. Esa iniciativa fue fundamental para que se recopilaran en un texto monumental los testimonios de quienes alcanzaron a relatar las atrocidades que desde el poder se ejecutaron con total impunidad.

En su histórico alegato Strassera, mirando de frente a aquellos militares sin asomo de remordimientos por crímenes de lesa humanidad, concluyó: “Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyen ‘hechos políticos’ o ‘contingencias de combate’ ”. Con su voz macerada por la nicotina de los cigarrillos y ante un público electrizado por los devastadores testimonios que día a día escucharon, el fiscal matiza: “El sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral”.

Daba en el clavo, respaldado por la ingente labor de un equipo formado por jóvenes ávidos de que se desenterrara la espantosa verdad. Sus colaboradores reunieron más de 700 testimonios que dejaron en evidencia que se había tratado de una operación sistemática de homicidios, torturas y privaciones ilegítimas de libertad dirigida desde las más altas instancias. No, como pretendían hacer creer los máximos responsables, hechos aislados de los que no tenían noticias.

De 1976 a 1983 proliferaron los siniestros centros de detención donde se administraban descargas eléctricas, todo tipo de vejámenes, violaciones y, en el colmo de la crueldad, partos sin atención alguna de las detenidas, muchas de las cuales desaparecieron tras dar a luz en las mazmorras.

Para la historia queda el colosal esfuerzo de Strassera y su equipo en aquella joven democracia que quería desprenderse del lastre de un mal colectivo con responsables y cómplices. Era la mejor manera de poder avanzar y para que eso fuera posible, tal y como afirmó el fiscal al final de su exposición, había que reafirmarse en el compromiso de que “Nunca Más” algo así podía suceder.

De aquel proceso judicial en el que hubo presiones y amenazas por parte de la cúpula militar salieron unas sentencias que hicieron historia: Videla y Emilio Massera fueron condenados a cadena perpetua. Orlando Agosti y Roberto Viola recibieron penas de 4 y 17 años respectivamente y el resto de los acusados fue absuelto. Todo esto sucedía mientras en Chile continuaba gobernando Augusto Pinochet con sus desaparecidos a cuesta y en Uruguay, donde también se libró la guerra sucia, se decidió no seguir el camino judicial.

El Nunca Más que Strassera reivindicó como ejercicio necesario para baldear con agua fresca el fango de aquella Junta Militar es una lección digna de repasar ahora y siempre porque las tentaciones totalitarias y abusivas revolotean en el aire como nubarrones persistentes. Vayan al cine o busquen en las plataformas Argentina, 1985. No quedarán indiferentes ante el terrorismo de Estado.

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