Con apoyo de la Provincia, el kirchnerismo impulsa en Pilar una polémica reforma del código urbano que facilitaría la expropiación de tierras

El año electoral recién comienza, pero en los municipios del conurbano bonaerense los cruces entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio parecen estar a la orden del día. Una nueva polémica se abrió esta semana en Pilar en torno a la posible aprobación de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) impulsado por el oficialismo en el Concejo Deliberante. Sectores de la oposición local acusan al intendente peronista Federico Achaval de poner en peligro la “propiedad privada” para “regalar tierras de forma arbitraria”.

Quien está al frente de la arremetida es la concejala y candidata a intendenta de Pro, Adriana Cáceres, quien calificó como “expropiatorio” el proyecto presentado por el gobierno de Achaval. De acuerdo a las palabras de la dirigente, la iniciativa, que ya pasó por audiencias públicas y está a la espera de ser tratada por los concejales pilarenses, “concentra más poder en el Estado y le da mayor discrecionalidad para que decida sobre cuestiones donde no debe meterse”.

En diálogo con LA NACION, Cáceres calificó de “gravísimo” el hecho de que “el Poder Ejecutivo local pueda decidir sin ningún tipo de control a quién otorgar tierras o el aumento de tributos”. Y apuntó directamente contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof,: “Estamos frente a un nuevo código que, a diferencia del vigente, se está haciendo a espaldas total del pilarense y que se diseñó y se trabajó desde un escritorio en La Plata”.

Es que lo que la dirigente se encargó de cuestionar no fue tanto la facultad de expropiación en sí –un proceso que ya está contemplado en la ley (de facto) 8912 vigente en la provincia de Buenos Aires desde 1977, y que puede ir de los 5 a 8 años, luego de sendas notificaciones a sus propietarios– sino el aumento en el nivel de concentración de esa potestad en la persona del intendente.

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“Lo que propone el actual código es un avasallamiento por parte del Ejecutivo local por sobre las tierras. Y no importa si pagaste o no los impuestos. Obligan al propietario a usar su suelo, a determinar los plazos de cómo y cuando utilizarlo. Hay tal concentración que pueden acelerar los plazos”, lanzó Cáceres. Y advirtió que el nuevo código incluye entre los lugares pasibles de ser expropiados, además de las edificaciones paralizadas y derruidas, a los terrenos baldíos de zonas urbanas. LA NACION intentó comunicarse con la intendencia de Pilar para conocer su postura, pero no obtuvo respuesta.

“¿Y quién dice qué es una propiedad derruida? El propio municipio. Además, pueden acelerar los plazos de expropiación por causa de fuerza mayor. ¿Y quién determina que es causa de fuerza mayor? El propio municipio”, enfatizó la candidata opositora ante LA NACION.

Otro de los puntos centrales de las críticas de la concejala es que el nuevo COUT suprime el denominado Consejo Asesor Urbano Ambiental, un órgano de contralor que fue incluido en el código aprobado en 2018 durante la gestión del macrista Nicolás Ducoté. “En el nuevo proyecto esto fue eliminado y no hay ningún tipo de contrapeso, lo que le da muchísimo poder al intendente”, insistió Cáceres. Sin embargo, la candidata reconoció que aquel consejo –que debería estar conformado por el Poder Ejecutivo, el Concejo Deliberante, universidades y distintos colegios profesionales– nunca fue puesto en funcionamiento, ni siquiera por su partido, que lo impulsó y llevó las riendas del distrito de 2015 a 2019.

Según precisó Cáceres, la actual gestión del Frente de Todos en Pilar, que cuenta con mayoría en el Concejo Deliberante, busca crear un fondo de desarrollo urbano “cuyo primer objeto es la compra y expropiación de tierras, y el segundo, el plan municipal de vivienda social, que tiene que ver con el registro de la demanda habitacional”.

“Quieren ir por la propiedad para después regalar la tierra”, señaló. Y no dudó en enmarcarlo en el “color político” del gobierno municipal. “Hay referentes como Juan Grabois y funcionarios del Ejecutivo nacional y provincial que están presentes promoviendo usurpaciones de tierra”, denunció la concejala, que busca ser la próxima intendenta de Pilar.

Lo cierto es que, en el año 2020, Kicillof creó la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda y del Registro de Suelo Urbano y la ubicó bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, hoy a cargo de Cristina Álvarez Rodríguez. Con el objetivo explícito de “ordenar el suelo bonaerense, coordinar las áreas que trabajan en esta temática y llevar respuestas a miles de familias de todos los municipios”, su principal tarea consiste en incentivar a los 135 municipios bonaerenses a que vuelvan a debatir sus respectivos códigos urbanos. Una legislación que, de acuerdo al oficialismo provincial, resulta “indispensable” en la búsqueda por reducir el déficit habitacional. Por esa razón se identifica a Kicillof como el impulsor de estas iniciativas que, con variantes, están avanzando en otros distritos.

Audiencia pública

El oficialismo local presentó el nuevo COUT el lunes pasado a través de una audiencia pública. Pero desde la oposición pilarense advirtieron que la convocatoria se realizó de manera exprés y casi sin previo aviso a la comunidad, al filo de la Semana Santa. “Nos enteramos por los diarios que el gobierno hace 18 meses que venía trabajando con un equipo multidisciplinario en La Plata la elaboración de un nuevo código”, comentó a LA NACION Fredi Llosa, integrante de la agrupación Acción Radical Pilarense.

“Como en cualquier audiencia pública, hay una reglamentación específica que determina cómo funcionan, cómo es la participación y la exposición de los temas previos, con tiempos de exposición de hasta 10 minutos por persona. Sin embargo, esta vez nada de eso se respetó”, continuó.

Llosa, quien además fue coautor del código aprobado por el municipio en 1985, está convencido de que la letra del proyecto que propone Achaval constituye “un piloto” que tiene “implicancias escondidas en los articulados”. “Por ejemplo, dice al pasar que, en caso de haber terrenos desocupados donde se haría necesario dar una solución habitacional, estos podrían ser expropiados o tomados”, precisó.

La audiencia pública del lunes pasado contó con una concurrencia de alrededor de 180 personas y poco más de 50 oradores. Fue en ese contexto que se hizo presente el subsecretario de Planificación y Desarrollo Urbano Sostenible del municipio, Alejandro García, quien en declaraciones a la prensa se refirió al “crecimiento del suelo urbano en el distrito” y al problema de la falta de “acceso a la tierra”.

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“Este nuevo código plantea resolver esta situación. Pilar es un distrito muy grande, tiene 352 kilómetros cuadrados de superficie, pero con toda esa superficie no tiene hoy suficiente cantidad de tierra disponible para la ampliación de los centros urbanos”, le dijo al medio local Diario Resumen.

Y agregó: “Entonces, se complica el acceso a la tierra, a la vivienda. El nuevo código busca resolver esta problemática aumentando la cantidad de tierra urbana en los centros urbanos, para que haya mayor disponibilidad y facilidad de acceso a la tierra”.

Además, García sostuvo que buscarán impulsar tanto planes privados como estatales, pero que el principal es el eje privado. “El principal eje es la tierra de tipo urbano, que hoy no está disponible y termina generando una distorsión en el mercado, con precios elevados que complican el acceso a la vivienda. Este código viene a resolver eso, aumentando la disponibilidad para la oferta privada”, remarcó el funcionario.