CÓRDOBA.– El gobierno de España sancionó económicamente a 25 embarcaciones pesqueras con bandera de ese país por desactivar sus geolocalizadores mientras pescaban en alta mar cerca de las costas de la Argentina, pero fuera de las 200 millas que están bajo control nacional. Estaban dentro de las 350 millas en las que la Argentina tiene soberanía sobre el lecho del mar y el subsuelo (reconocida por Naciones Unidas en 2016). Si hubieran hecho pesca de arrastre, lo que no se sabe si sucedió, habrían infrigido las normas vigentes.

La decisión del gobierno español fue consecuencia de la investigación realizada por la ONG Oceana que registró entre 2018 y 2021 que las embarcaciones apagaron el sistema de identificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés) en reiteradas ocasiones. La organización compartió con la Secretaría General de Pesca y con la Dirección General de la Marina Mercante el análisis realizado, que arrojó que el 90% de las 30 embarcaciones españolas identificadas tuvieron desactivado el equipo el doble de tiempo que lo tuvieron encendido.

El director de Pesca de la Argentina, Julián Suárez, explicó a LA NACION que las inspecciones fuera de la zona económica exclusiva (las 200 millas) tienen más limitaciones. Mencionó que en el Régimen Federal de Pesca está previsto, en relación a los buques extranjeros, que la Prefectura Naval Argentina instruya sumarios a fin de determinar la configuración de la infracción que se presuma.

También el Estado argentino puede reclamar por el apagado del AIS o la realización de trasbordos sospechados de pesca ilegal o explotación de recursos en peligro.

Suárez señaló que un buque podría también “eventualmente usar redes de arrastre, pero pescar a media agua” lo que fuera de las 200 millas no constituye delito. En abril de 2020 fue la última vez que se detectó pesca ilegal en la zona económica exclusiva; fueron tres embarcaciones, dos chinas y una de Portugal que estaban en las millas 199,3, 199,5 y 199,7. “Apenas habían ingresado y se las detectó; después no hubo incursión de buques extranjeros para hacer pesca furtiva”, añade Suárez. En 2020 se actualizaron las multas, que pasaron de un máximo de $10 millones a 3 millones de litros de combustible (hoy US$3 millones) y, si son reincidentes, se duplica automáticamente.

Juan Bosch, exsubsecretario de Pesca de la Nación, indica que el problema es que en la zona adyacente (desde la milla 201 hacia afuera) es “internacional” y no tiene regulación, por lo que la “depredación” puede ser total. “Es una zona muy compleja y conflictiva. Hay entre 200 y 350 barcos al año que operan ahí; la mayoría son poteros, pero hay algunos rastreros. El desafío que tiene la Argentina es cómo proteger el suelo y el subsuelo después de la milla 201″.

Repasa que en 2018 se hizo un acuerdo de colaboración entre las autoridades de Pesca argentinas y españolas, ya que ambos países adhieren a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr). Una derivación de ese acuerdo es, entiende Bosch, la sanción económica aplicada a las pesqueras. Con el reporte de la ONG, la Argentina sí puede solicitar a la bandera de los barcos que apagan el monitoreo para que los sancionen.

Para tener una dimensión de lo que implica la imposibilidad de controlar la zona hacia afuera de las 201 millas, Bosch describe que en el país hay entre 90 y 95 barcos que pescan calamar en la zona exclusiva y hacia afuera hay otras 300 millas.

“Sin instrumentos”

Sergio Almada, diplomado en Políticas para Futuro Sostenible del Mar, sostuvo en una exposición que afuera de las 200 millas “no hay ningún instrumento jurídico nacional ni internacional que le permita a la Argentina, como Estado ribereño, realizar una acción coercitiva contra buques pesqueros extranjeros para que cesen su actividad”.

Admitió que también allí “afectan los ecosistemas marinos”, pero prima el principio de jurisdicción exclusiva del Estado de bandera. “Las medidas necesarias para perseguir y sancionar la depredación de los recursos ictícolas en la milla 201 deben provenir del ordenamiento jurídico internacional, no del nacional”, añadió.

El presidente de la Asociación Argentina de Capitanes, Patrones y Pilotos de Pesca, Jorge Frías, indicó a este diario que los 500 barcos que pescan al año en aguas argentinas son los custodios de la soberanía: “Somos ojos, equipos técnicos y electrónicos que nos sumamos a la Prefectura y a la Armada, donde es posible, es decir, dentro de la milla 200. Claro que buques que permanecen mucho tiempo fuera de ese radio, tiran desechos y todo eso queda en el fondo del mar. Hemos comprobado que ninguno de los sancionados por España estaba dentro de las 200 millas. Para detectar si hay pesca de arrastre se requiere estar en el buque o al lado”.

En el mismo sentido se expresó Agustín de la Fuente, titular de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras, quien ratificó que esos barcos no ingresaron a la zona de exclusión.

Oceana, hace diez días, explicó en un comunicado que analizó la actividad de los barcos pesqueros “a lo largo de la frontera de las aguas nacionales de la Argentina” desde el 1° de enero de 2018 hasta el 25 de abril de 2021, utilizando datos de Global Fishing Watch (GFW), una organización independiente sin fines de lucro fundada por Oceana en asociación con Google y SkyTruth. Los dispositivos AIS transmiten información como el nombre de una embarcación, el estado del pabellón y la ubicación.

“Saludamos la decisión de la administración española de dar un paso más a favor de la transparencia en el sector pesquero –afirmó el asesor de la campaña de pesca ilegal y transparencia de Oceana en Europa, Ignacio Fresco Vanzini–. Quienes no respetan las reglas deben saber que sus acciones tienen consecuencias, y en este caso son sanciones. El uso de sistemas de identificación automática es clave para la seguridad de los pescadores, para que los Estados sepan lo que sucede en sus aguas y para garantizar que las actividades pesqueras se realicen dentro de la ley”.