Amplia condena en Estados Unidos al fallido autogolpe de Pedro Castillo en Perú

WASHINGTON.- Atento a la intempestiva crisis institucional que vivió Perú, Estados Unidos rechazó “categóricamente” el intento de autogolpe de Estado del ahora expresidente, Pedro del Castillo, y respaldó la “acción correctiva” adoptada por el Congreso al destituir al mandatario y aplicar el régimen de sucesión según la Constitución, asfixiando rápidamente la estrategia rupturista.

“Entendemos que el Congreso ha tomado acción para enjuiciar a Pedro Castillo. Seguiremos respaldando a la gente de Perú, seguiremos rechazando categóricamente cualquier acto que contradiga la Constitución de Perú, cualquier acto que socave la democracia en ese país”, dijo el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, en su habitual conferencia de prensa.

“Nuestro entendimiento es que, dada la acción del Congreso, ahora es el expresidente Castillo. La virtud de los sistemas democráticos es que se autocorrigen. Seguimos observando estos eventos de cerca, son fluidos, pero parece que el Congreso de Perú ha tomado una acción correctiva. Seguiremos monitoreando los eventos de cerca a medida que ocurren, y actuaremos de acuerdo con los deseos y las aspiraciones del pueblo peruano”, agregó.

Unas horas antes, y a medida que la crisis institucional se desarrollaba ante la mirada del mundo, la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, había sido la primera funcionaria norteamericana en expresar la postura de Washington al afirmar en Twitter que rechazaba “categóricamente” el autogolpe orquestado por Castillo para disolver el Congreso, que se aprestaba a llevarlo a un juicio político.

“Estados Unidos insta enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas de Perú funcionen según la Constitución. Alentamos al público peruano a mantener la calma durante este tiempo incierto”, había indicado Kenna.

Entre los dos mensajes de los funcionarios del Departamento de Estado, la vocera presidencial, Karine Jean-Pierre, dijo que el Consejo de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden se encontraba analizando la crisis peruana, ofreciendo una muestra acerca de cómo los eventos que se sucedieron de manera intempestiva y caótica en Lima eran monitoreados desde Washington.

A la condena del gobierno de Biden se fueron sumando las declaraciones de otros gobiernos, entre ellos, el del presidente Alberto Fernández, que prefirió hablar de una “crisis política” y llamó a que “se resguarden las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional”.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), dijo en Twitter que Castillo había dado “un autogolpe de Estado”, y que las instuciones le debían la lealtad a la Constitución, y no “a un presidente golpista”.

José Miguel Vivanco, experto en derechos humanos, dijo que la disolución del Congreso ordenada por Castillo era inconstitucional, y que era imprescindible que las Fuerzas Armadas “se mantengan al margen, fieles a la Constitución”. Vivanco también pidió que los organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), y las Naciones Unidas condenen el golpe de Estado.

La OEA convocó de emergencia a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para discutir la crisis peruana. El secretario general del organismo, Luis Almagro, dijo que las medidas de Castillo implicaban una alteración del orden constitucional, y también respaldó al Congreso y la designación de Dina Boluarte para suceder a Castillo.

“La disolución del Congreso hoy es condenable y repudiable desde todo punto de vista”, dijo Almagro.