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AMLO y una venganza contra el New York Times que viola la ley; y todo por un reportaje cojo

AMLO durante una conferencia de prensa el 8 de febrero pasado. (Luis Barrón / Eyepix Group).
AMLO durante una conferencia de prensa el 8 de febrero pasado. (Luis Barrón / Eyepix Group).

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, defendió su decisión de dar a conocer el número personal de Natalie Kitroeff el jueves. La jefa de la corresponsalía en México del New York Times firmó, junto a Alan Feuer, el reportaje EE. UU. indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México. La pieza indignó a López Obrador que, antes de su publicación, anticipó el contenido que se encontraría ahí, pues había recibido un cuestionario para brindar su versión.

Durante la conferencia matutina del 22 de febrero, el presidente cuestionó la veracidad del reportaje, respondió el cuestionario en vivo, y reveló el número telefónico de Kitroeff, el cual venía incluido en el mensaje como una alternativa para responder a las preguntas enviadas. Esta última acción, que viola la Ley de Transparencia del INAI, fue justificada por López Obrador este viernes, en una nueva conferencia. Ante el cuestionamiento de Jesica Zermeño, reportera de Univisión, el mandatario primero lanzó una crítica a lo que él ha llamado periodismo conservador. Y luego dejó claro que él está por encima de la ley.

"¿Volvería a presentar el teléfono privado de alguno de nosotros", preguntó Zermeño. "Claro, cuando se trata de un asunto en el que está de por medio la dignidad del presidente de México. Por encima de esa ley (de transparencia) está la autoridad moral y política. Yo represento a un país y un pueblo que merecen respeto. No va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, que nos va a sentar en el banquillo de los acusados". Y remató con la recomendación a Kitroeff de que cambie de número telefónico.

El reportaje del New York Times aborda supuestos nexos de López Obrador o sus allegados con el crimen organizado, una vez llegado a la presidencia. A comienzos del mes, tres medios de comunicación internacionales publicaron reportajes en los que se abordó el presunto financiamiento con dinero del narcotráfico para la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Debe tenerse claro que son dos asuntos diferentes. En el primero, cronológicamente, el de 2006, la DEA desestimó la investigación —no se pudieron corroborar los testimonios que acusaban financiamiento del crimen organizado—.

Y el segundo, que tiene como punto de partida el 2018, que fue publicado por el Times, cita a tres funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, no hay evidencia alguna que confirme las acusaciones que informantes hicieron llegar a los funcionarios. En ese sentido, la pieza es clara: "aunque los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y organizaciones delictivas".

Además, reconocieron lo complejo que es dar por válidas las versiones de los informantes (destacan, todo con presunción, reuniones con el Mayo Zambada, dinero recibido por los Zetas a través de dos aliados de AMLO y videos de los hijos del presidente recibiendo dinero):

"Buena parte de la información recolectada por los funcionarios estadounidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos", se lee en el material. En términos reales, el reportaje sostiene que hubo indagaciones, lo cual, al haber citado las fuentes gubernamentales, tiene verosimilitud; pero las indagaciones no representan ningún resultado concluyente. La Casa Blanca, vía John Kirby, portavoz para asuntos internacionales, fue tajante. “No hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador”.

Es importante aclarar que, en efecto, las acusaciones no tienen sustento y que, mientras se carezca de evidencias, no puede hablarse de un vínculo entre López Obrador, o sus colaboradores, con el narco. Ahora, que el presidente decida violar la ley, poner en riesgo a una reportera (y a quienes hagan publicaciones similares en el futuro), únicamente rebaja hasta los suelos la autoridad moral de la que él siempre se ha ufanado. El INAI ha dicho que iniciará una investigación de oficio.

López Obrador se toma la protección de datos personales como una nimiedad que pasa al último escalón de importancia: lo que vale es vengarse al costo que sea, porque eso es lo que hizo al revelar un dato personal de la autora de un texto que considera una calumnia, tenga o no razón sobre esto último. Y esa actitud omnipotente, según la cual su voluntad puede atropellar leyes, lo lleva a confundir el derecho de réplica con la violación de la ley. Es una mezcolanza de egolatría con victimismo que reluce todos los días sin miedo a la infamia.

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