Yahoo Noticias AMLO y la mala señal tras ordenar la toma militar de las instalaciones de Ferrosur
El desarrollo del sur de México es objetivo prioritario del presidente López Obrador. Tres de sus obras emblemáticas se ubican en esa región, la refinería en Dos Bocas, Tabasco, El Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que va del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca al Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y cuyas instalaciones y vías ferroviarias están concesionadas a Ferrosur S.A. de C. V. propiedad del empresario Germán Larrea.
Mediante un decreto el gobierno de López Obrador declaró de utilidad pública tres tramos de las vías concesionadas a Ferrosur que van de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos. Expresa que es de utilidad pública su conservación, prestación del servicio ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación, mejoras de esos tramos y ordena su ocupación temporal inmediata a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de la secretaria de Marina, en su carácter de integrante de la plataforma logística del Corredor Interoceánico.
Establece el decreto que las instalaciones que integran el Corredor Interoceánico, por su ubicación geográfica entre los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, “son estratégicas y de seguridad Nacional”.
La “ocupación temporal inmediata” fue realizada por personal armado de la secretaria de Marina que, el 19 de mayo, tomó el control de las instalaciones existentes en los tramos referidos. La acción fue considerada como una expropiación, en el medio empresarial y medios de comunicación. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que no era algo permanente. La empresa afectada informó que continúa en negociaciones con el gobierno federal en busca de la solución apegada a derecho, pero “de no llegar a un acuerdo en la negociación, la ocupación temporal será definitiva, en deterioro de la empresa, sus empleados, clientes, y del libre mercado”.
El decreto y toma de las instalaciones de Ferrosur, ordenados por López Obrador, causaron extrañeza en el sector empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial afirmó que la inversión privada en México estaba en riesgo. “Más allá de la controvertida legalidad de dicho decreto, los empresarios externamos nuestra profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos en un momento de grandes oportunidades”.
La Confederación Patronal de la República Mexicana manifestó su preocupación por la transgresión al Estado de derecho y la incertidumbre que afecta a la inversión. Comentó que cada vez son más frecuentes y graves los intentos por vulnerar el Estado de derecho en México. Recordó el hostigamiento frecuente al Poder Judicial para desacreditar a sus integrantes y minar su reputación. “La señal que envía el gobierno de México al exterior es muy alarmante y puede propiciar un daño irreparable a la certidumbre jurídica y a la confianza para la inversión.”
En su conferencia Mañanera López Obrador dijo que su determinación no es una expropiación. “Es recuperación de una concesión y no una expropiación. Además de ser completamente constitucional y legal”. Comentó que Germán Larrea le había pedido una compensación de 9 mil 500 millones de pesos a cambio de la concesión, lo que le pareció injusto y abusivo.
Explicó que la ocupación quedaba en manos de la Marina porque “No queremos que en el futuro se privatice todo esto que se está haciendo, que son obras públicas muy importantes para el desarrollo del sureste. Les tenemos que dejar garantizado un futuro de justicia a las nuevas generaciones”.
Uno de los compromisos de campaña de López Obrador fue que no llevaría a cabo ninguna expropiación. El giro que le da a su acción es el de recuperación de un bien nacional y la sola expresión pone en alerta a los empresarios que disfrutan de la concesión de algún bien del Estado y son muchos. Por ejemplo, minas, aguas, espacio aéreo, vientos, ondas electromagnéticas para radio y televisión y demás, que están concesionadas a los empresarios que las solicitan para su explotación y ante esta acción de “recuperación” podrían cuestionarse cuando les podría llegar su turno.
La “no expropiación” de López Obrador, interpretada como inoportuna por poner en riesgo la llegada de inversionistas extranjeros que desean aprovechar el Tratado de Libre Comercio y la confrontación entre China y los Estados Unidos, que afecta a múltiples empresas en Asia, que ven en México una oportunidad para invertir, en riesgo de perderse por determinaciones como la “recuperación” que realizó el presidente y el riesgo de que no se respete el Estado de derecho, por la confrontación del Ejecutivo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las razones de López Obrador no parecen corresponder a las preocupaciones empresariales. Las del presidente son dejar huella histórica en el final de su ciclo de gobierno y en su imaginación esta que el Ejército y la Marina Armada permanecerán en posesión perpetua de lo que les entregó. Es un castillo de naipes que con otro decreto se derrumba.
