Yahoo Noticias AMLO y el Poder que no pudo controlar y ahora lo tiene despotricando un día sí otro también
En el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la presencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha sido constante. Hace tres años el tema fue la propuesta de cambiar las normas internas de ese poder para que el ministro Arturo Zaldívar permaneciera en la presidencia hasta finales de 2024. Eso no prosperó.
La presidencia del ministro Arturo Saldívar llegó a su término el pasado 31 de diciembre. El año nuevo empezó en la SCJN con la designación por mayoría de votos, de la ministra Norma Piña, primera mujer en ocupar esa función, lo que fue destacado por diversos medios y personalidades del medio político como un avance en la igualdad de género en México.
En dos meses y medio que la ministra Piña tiene al frente de la SCJN, en los eventos cívicos conmemorativos, los detalles, vistos como descortesías del presidente López Obrador, al no darle el lugar que le corresponde, han sido interpretados como falta de respeto para la igualdad que la Constitución otorga a los tres poderes federales.
Al presidente López Obrador no le gusta perder y le parece inaudito que, desde el Poder Judicial, sus proyectos de obra pública, sus propuestas de reformas constitucionales y sus determinaciones administrativas, sean frenadas por jueces que dictaminan a favor de quienes demandan violaciones a la ley.
En días recientes López Obrador manifestó su crítica al Poder Judicial. Responsabilizó a la ministra Norma Piña de las sentencias que considera adversas para la consecución de sus objetivos de gobierno. “Ahora que llegó la nueva ministra declara un formalismo de extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.
Para López Obrador el Poder Judicial no funciona bien y por eso considera que hace falta una reforma que permita vigilar la actuación de los jueces, para evitar que protejan a delincuentes con amparos y concediéndoles la libertad.
A pesar de que López Obrador se comprometió cuando llegó al poder, a establecer una relación respetuosa con los Poderes Legislativo y Judicial, en la práctica solo ha sido así con el Legislativo. En el caso del Judicial, han sido permanentes, desde su mañanera, las críticas y ataques en contra de ministros, magistrados y jueces, que no considera afines a su visión.
Algunas de las sentencias recientes dictaminadas por los jueces, que “atentan” contra los deseos de López Obrador y lo disgustan son las siguientes:
El Juez Octavo de Distrito de Tamaulipas, el 28 de febrero, concedió un amparo para cancelar la orden de aprehensión en contra del Javier Gracia Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas.
El juez de control, el 24 de febrero, absolvió a Rosario Robles Berlanga, en el proceso de la Estafa Maestra, al dictaminar que los hechos que se le imputan no son delito.
Molestó al presidente que un juez autorizara el desbloqueo de las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del Genaro García Luna, preso en los Estados Unidos.
El pasado 13 de enero un juez puso fin a la persecución en contra de cinco científicos del CONACYT. Acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Para López Obrador fue una vergüenza el análisis que la SCJN realizó cuando se pronunció por eliminar la prisión preventiva en noviembre de 2022.
Un juez concedió la suspensión de obras en el Tramo 5 del Tren Maya, por la falta de Manifestación de Impacto Ambiental.
Estos son algunos de los amparos concedidos por los jueces con los que se han rectificado determinaciones y políticas del gobierno de López Obrador, han sido constantes en el transcurso del sexenio. En algunos casos el disgusto ha llevado al presidente a calificar a los integrantes de la SCJN de traición a la patria.
Para el presidente López Obrador las determinaciones de los jueces significan obstáculos en el desarrollo de su proyecto de gobierno. En medio del escenario de la sucesión presidencial y su reforma electoral con el llamado Plan B para “desmantelar” al Instituto Nacional Electoral que, una vez publicado, enfrentará demandas que impugnan su constitucionalidad. Lo que significa que este asunto político se esta “judicializando” y por lo tanto, sale del área de control presidencial.
La inconveniente relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, hacen previsible que las determinaciones de la SCJN, en relación con el futuro del INE, podrían ser adversas para los propósitos de López Obrador que en sus mañaneras insiste en hacer comentarios “disuasivos” sobre los ministros.
Eso explicaría que la ministra Norma Piña, presidenta de la SCJN, saliera a hacer “política” al reunirse con ministros, magistrados y jueces en el Consejo de la Judicatura en la que les recordó que su función es la de ser guardianes de la Constitución y que su desempeño “independiente y responsable” es el que recubre de fuerza y dignidad al Poder Judicial de la Federación.
En política los mensajes tienen destinatario. Para Palacio Nacional el mensaje es que “la Ley es la Ley” y la Constitución tiene defensores y es garantía de que no hay un poder absoluto.
