Amigos (y enemigos) de la Corte

Nunca en la historia mexicana post transición habíamos atestiguado un ataque jurídico y político, desde el poder público, en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ataque ha tenido muchos frentes: el presidente de la República desde el púlpito de las mañaneras, gobernadores y legisladores de Morena, simpatizantes morenistas en las puertas de la Corte, quemando efigies de ministros y llevando ataúdes (negra y fascista iniciativa), la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal…

El motivo de la furia del lopezobradorismo en contra de la Corte es la interpretación que la mayoría de sus integrantes ha hecho del texto constitucional, lo que la ha llevado a suspender o invalidar actos legislativos (principalísimamente el llamado “Plan B”, una iniciativa electoral que viola un sinfín de preceptos constitucionales y que tiene el propósito de deshacer las capacidades del INE para organizar elecciones auténticas, libres y con certidumbre), actos administrativos y omisiones que fracturan principios y derechos básicos de la convivencia democrática, como la publicidad de los actos de la autoridad, el derecho a la protección de datos personales, el derecho de acceso a la información, el derecho a la consulta, el derecho a votar y a ser votado, y un enorme y ominoso etcétera.

La gravedad de estos ataques radica en que poderes constituidos, como el Poder Ejecutivo federal o gobernadores de los estados, intenten impedir que la Suprema Corte cumpla con dos de sus funciones esenciales: revisar los actos de los otros poderes y determinar su apego (o desapego) del texto constitucional, y proteger los derechos humanos que la Constitución reconoce a todas las personas y a las y los ciudadanas(os) mexicanas(os).

En este contexto inédito de virulencia y violencia institucional en contra de la Suprema Corte, un grupo de casi 100 organizaciones civiles presentó en días pasados ante el máximo tribunal un par de amicus curiae -latinajo que sirve para designar a los argumentos jurídicos que personas interesadas en algún asunto de gran relevancia nacional y que la Corte deba resolver, realizan con el ánimo de enriquecer la reflexión judicial-, que proveen numerosas razones para justificar la inconstitucionalidad del Plan B.

Las organizaciones civiles detallan la forma en que esa reforma legal aprobada por Morena y sus aliado en el Congreso, viola el proceso legislativo, lesiona derechos laborales de los trabajadores del INE, viola la autonomía constitucional de ese Instituto, permite la injerencia del poder ejecutivo en tareas esenciales de los procesos electorales -como la integración del padrón electoral-, lesiona derechos de  consulta de comunidades indígenas y personas con discapacidad, pone en riesgo la confidencialidad de datos personales que ciudadanas y ciudadanos entregan al INE y, en general, obstaculiza y fractura la capacidad del árbitro electoral para organizar elecciones confiables y fiscalizar y sancionar a partidos políticos que violen la ley. Esa argumentación es rica, detallada y pública, y puede consultarse aquí.

Más allá de los muchos argumentos jurídicos que estas organizaciones y prestigiosos y capaces juristas presentaron a la Corte, vale la pena reparar en su profundo significado democrático: en rigor, lo que defienden estos amicus curiae (‘amigos de la Corte’, en elevado latín) son derechos fundamentales que la Constitución y diversos tratados internacionales reconocen a las personas. Y ¿qué son estos derechos? Son medios esenciales para garantizar la dignidad, la libertad y el bienestar de las personas, pero también límites infranqueables para cualquier poder público, para cualquier autoridad, para cualquier legislador.

Los ataques del presidente de la república contra la Corte son embates contra los derechos humanos que la Corte tiene la obligación de proteger y que las iniciativas del morenismo y del presidente han puesto en serio riesgo. Ante la mentira y la desmesura desde el poder político puesta en marcha por el lopezobradorismo, numerosas organizaciones civiles oponen argumentos, razones y cauces institucionales para preservar el sistema electoral y los derechos humanos que orbitan en él. Ante el argumento ramplón e insuficiente de la austeridad, las organizaciones civiles analizan y ponderan la forma en que el Plan B afecta uno tras otro de los pilares de nuestro sistema electoral. Ante el ataque a la división de poderes -principio básico en cualquier democracia desde al menos el siglo XVIII- organizaciones civiles respaldan la argumentación jurídica de las y los ministros que cumplen con su cometido de cuidar que el texto constitucional y nuestros derechos sean respetados.

Con los argumentos presentados ante la Corte en contra del Plan B, las organizaciones civiles han reiterado que la democracia debe ser una convivencia en donde tenga preeminencia la razón sobre la violencia, los derechos sobre la sed de poder, los contrapesos al poder sobre su concentración avasallante.

* Sergio López Menéndez (@serlomen) es egresado de la UNAM (Ciencia Política). Consultor  interesado en derechos humanos, instituciones y política. Actualmente estudio la licenciatura en derecho en la UNAM.