Esta columna fue publicada originalmente en Americas Quarterly. El autor es editor y responsable de redes sociales en AQ.

WASHINGTON.- Podría decirse que Alexandre de Moraes es la segunda persona más poderosa de Brasil.

Por supuesto que no tiene el alcance e influencia del presidente, pero como juez de Supremo Tribunal Federal -la Corte Suprema de Brasil-, y especialmente como punta de lanza de dos extensas investigaciones contra grupos que difunden noticias falsas y propagan la desinformación, Moraes ostenta una inusual suma de facultades judiciales. De manera unilateral, Moraes ha ordenado detenciones, impuesto multas, prohibido redes sociales, aplicado todo tipo de sanciones, y hasta ha actuado como investigador y juez a la vez.

Moraes, de 55 años, ha hecho uso de esas potestades con toda prodigalidad, varias veces contra miembros de la derecha opositora al gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Los conservadores de Brasil argumentan desde hace tiempo que Moraes abusa de sus facultades. Pero “Xandão” (“el Gran Alex”), como es llamado un poco en broma por sus partidarios y detractores por igual, se ganó la gratitud de muchísimos dirigentes políticos de Brasil que consideran que sus acciones fueron cruciales para defender la democracia durante y después de la tumultuosa presidencia de Jair Bolsonaro, entre 2018 y 2022.

Ahora, esa buena voluntad de la clase política está en riesgo: a medida que la comunidad internacional se fue sumando al coro de críticas internas, los cuestionamientos a Moraes han empezado a generalizarse en el debate político en Brasil.

Y el choque más publicitado de Moraes ha sido con el megamillonario sudafricano Elon Musk, que viene resistiendo vigorosamente los intentos de Moraes para controlar el discurso en la red social X y otras plataformas. El miércoles pasado, Moraes utilizó la propia red X para enviarle a Musk un ultimátum para que designe a un nuevo representante legal de su empresa en Brasil, y amenazó con una suspensión total de esa plataforma en el país más grande de Latinoamérica si no cumplía. Varios expertos legales le dijeron al diario Estado de S.Paulo que Moraes se estaba excediendo en sus atribuciones, que una orden enviada a través de una red social era legalmente inválida, y que cualquier suspensión de la red X sería ilegal.

También hace unos días, los informes en el diario Folha de S.Paulo de Fabio Serapião y Glenn Greenwald -un reconocido periodista norteamericano radicado en Brasil-, indicaron que al preparar sanciones contra los blancos de sus investigaciones, Moraes y sus lugartenientes estaban esquivando los procedimientos legales.

Esas controversias han vuelto a poner el foco en varias cuestiones: ¿Moraes está censurando a la oposición o protegiendo la democracia brasileña? ¿Cuál debería ser el equilibrio entre permitir las expresiones políticas en las redes sociales y luchar contra la desinformación y otras amenazas? Y por último, ¿el poder de Moraes ha dejado de ser útil, y ahora pone en peligro el debido proceso y el Estado de derecho de una manera diferente, pero igualmente nociva?

“Está sobrepasando los límites y de eso no hay duda”, dijo Conrado Hübner, profesor de derecho constitucional de la Universidad de San Pablo y columnista del Folha. “No hay precedentes de nada remotamente parecido a tener a un ministro de la Corte al frente de investigaciones que prácticamente pasan a estar en un estado de instrucción permanente.”

“Ya pasó un año y medio desde las elecciones de 2022 y la salida de un presidente que amenazaba a las instituciones”, escribió el Folha en su editorial del 26 de agosto. “Pero para el ministro Alexandre de Moraes y sus colegas del Supremo Tribunal, es como si todavía fuera ese momento, al menos como pretexto para mantener la anómala concentración de poder de este magistrado y su tribunal.”

Una lista cada vez más larga de acusaciones

Durante el último año, bajo el mandato de Lula, en Brasil se ha recuperado un cierto grado de armonía institucional y la temperatura política. Pero Moraes siguió a la ofensiva, y a principios de este año amenazó con bloquear el servicio de mensajería encriptada Telegram por negarse a cumplir sus órdenes. (Pavel Durov, fundador de Telegram, fue arrestado en Francia a principios de esta semana por no impedir las actividades ilegales en esa plataforma).

En su informe sobre los documentos que se filtraron del despacho de Moraes en agosto, el periodista Greenwald escribió que Filipe Martins, exasesor de Bolsonaro, estaba detenido por orden de Moraes desde hacía casi seis meses, sin que se presentaran cargos en su contra y en base a pruebas que, según Greenwald, habían sido refutadas. Menos de una semana después, Moraes ordenó su liberación.

En base a mensajes filtrados, en sus artículos de las últimas semanas Greenwald y el coautor de sus notas han acusado a Moraes de ordenarle a sus colaboradores que recopilaran información sobre personas particulares, lo que llevó a que fueran prohibidos en las redes sociales o fueran objeto de otras sanciones, y hacerlas pasar como si vinieran de otros órganos legales o fueran fruto de denuncias anónimas. Los informes de Greenwald exacerbaron el temor de que Moraes esté desdibujando la líneas de la legalidad, y lo mismo hizo su respuesta, que fue ordenar una investigación sobre el origen de las filtraciones.

En respuesta a las filtraciones y otras acusaciones, Moraes negó cualquier irregularidad y argumentó que sus acciones estaban en línea con las investigaciones en curso, cuyos detalles son secretos, y que sus decisiones fueron confirmadas por el plenario del máximo tribunal brasilero.

Para Rafael Mafei, profesor de la Universidad de San Pablo y jurista con varios libros sobre el sistema judicial brasilero, las revelaciones publicadas hasta ahora por Greenwald y Serapião no desacreditan por completo el trabajo de Moraes, en parte porque el diseño de las instituciones de Brasil admite un cierto nivel de entrecruzamiento entre los roles del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior Electoral, otorgándole al primero la inusual potestad de iniciar causas por sí mismo.

Para muchos, sin embargo, los hechos siguen siendo preocupantes. “El aparente intento de disimular el origen de una petición hecha por la justicia electoral para que parezca un movimiento espontáneo me parece, como mínimo, antiético”, apunta Mafei.

En privado, también los ejecutivos de varias empresas tecnológicas se han quejado de Moraes, y le achacan haber convertido a Brasil en una de las democracias más restrictivas del mundo en lo que se refiere a la libertad de expresión online.

Mientras tanto, la batalla con Elon Musk tampoco da señales de una desescalada. En abril, Musk acusó al juez de pedir que en Brasil haya “censura”, y Moraes le respondió agregando a Musk a la lista de sospechosos de una investigación en curso sobre “milicias digitales.”

En su disputa con Moraes, Musk se presenta como un defensor de la libertad de expresión a nivel global, y en la derecha brasileña muchos lo consideran un héroe que da un paso al frente para defenderlos de la censura.

Pero lo que está en disputa en Brasil en este momento no es la libertad de expresión en abstracto, sino si Moraes está actuando de acuerdo con el poder que le otorga la Constitución brasileña y si está respetando los derechos de los ciudadanos.

“Es realmente lamentable la falta de criterios claros para distinguir lo que está prohibido de lo que está permitido”, dice Mafei.

Por Nick Burns

Traducción de Jaime Arrambide