Alejandro Mayorkas sigue creyendo en la promesa de los inmigrantes a EEUU

Más allá de la frontera sur de Estados Unidos, una nueva oleada de migrantes está transformando las comunidades de todo el país, impulsando el crecimiento económico en el centro y cambiando la política local desde las localidades más pequeñas hasta las ciudades más grandes.

En Columbia, Carolina del Sur, los electores afirman que la inmigración se ha convertido en su principal prioridad en las próximas elecciones presidenciales, a pesar de tener una de las poblaciones de migrantes más pequeñas del país. En la zona rural de Kansas, legisladores estatales están presionando para que se tomen medidas más estrictas en la frontera, mientras los agricultores locales ruegan al Congreso que apruebe una reforma bipartidista de inmigración que resuelva la desesperada escasez de mano de obra agrícola. Y en el centro de California, una población hispana migrante profundamente arraigada en la cultura local está lidiando con las repercusiones de una nueva generación de recién llegados.

La histórica ola migratoria ha reconfigurado la política estadounidense de cara a las elecciones de 2024 y ha definido el mandato del secretario de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Alejandro Mayorkas, quien, a pesar de la embestida política de los republicanos, mantiene un raro optimismo en Washington sobre la promesa de la inmigración en Estados Unidos y las perspectivas de reforma.

“La inmigración ha sido un lugar de recurso político para realmente engendrar ira y emociones”, dijo Mayorkas en una entrevista con McClatchy, “pero si la gente lo mira de manera justa y directa, esta nación ha prosperado gracias a la inmigración legal”.

La reciente afluencia de migrantes —la mayor de la historia moderna de Estados Unidos— refleja no solo un sistema de inmigración averiado, incapaz de gestionar los encuentros récord en la frontera con México, sino una tendencia de inestabilidad en todo el hemisferio occidental que no da señales de alivio.

Las encuestas sugieren que casi la mitad de los estadounidenses creen que esta nueva oleada de migrantes empeorará la situación del país a largo plazo. Y sin embargo, en la próxima década, la migración neta aumentará el producto interior bruto estadounidense en unos $7 billones y los ingresos en $1 billón, según un informe reciente de la Oficina Presupuestaria del Congreso.

Para Mayorkas, las soluciones están claras. Y la política también.

“Hay líderes que quieren ofrecer una solución al pueblo estadounidense, y hay funcionarios que quieren continuar con el problema para poder limitarse a comunicar lemas”, dijo. “Necesitamos soluciones. El pueblo estadounidense merece soluciones”.

CAUSAS PROFUNDAS Y ACCIONES LEGISLATIVAS

En una entrevista en la sede del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Washington, Mayorkas contraatacó a las críticas de que la administración de Biden pudiera hacer más por su cuenta a través de acciones ejecutivas para resolver la crisis.

“Hemos promulgado normas para reforzar nuestras operaciones de control de distintas maneras. Nuestras medidas ejecutivas han sido impugnadas ante los tribunales, al igual que las medidas ejecutivas de la administración anterior”, dijo. “La solución duradera, la solución que perdurará y arreglará el sistema, es la acción del Congreso”.

A principios de este año, Mayorkas colaboró estrechamente con legisladores republicanos y demócratas en el Senado en un paquete bipartidista que, de haberse aprobado, habría supuesto la reforma más estricta y amplia de la ley de inmigración de Estados Unidos desde la década de 1990.

El proyecto de ley, respaldado por el conservador Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, habría proporcionado financiación para más personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), camas de detención, funcionarios de asilo y jueces de inmigración. Habría otorgado al presidente autoridad explícita para cerrar la frontera en caso de una oleada concentrada, al tiempo que habría elevado el listón exigido a los migrantes para solicitar asilo.

Fue un paquete que provocó la ira de los activistas de la inmigración en la izquierda progresista, enfadados por los nuevos estándares que exigiría a los solicitantes de asilo. Pero el esfuerzo finalmente se derrumbó bajo la presión de la derecha, después de que el ex presidente Donald Trump instruyera a legisladores republicanos a que se opusieran desde el principio, calificándolo de “gran regalo” para los demócratas.

“Hubo un grupo bipartidista de senadores que entregaba una solución extraordinaria al desafío de la seguridad fronteriza, hace poco, y proporcionaba fondos sin precedentes para nuestro Departamento de Seguridad Nacional, que necesitamos desesperadamente”, dijo Mayorkas.

“Era un paquete extraordinario”, dijo, “y sin embargo, fue aniquilado incluso antes de que llegara”.

También ha habido esfuerzos bipartidistas esporádicos para separar un proyecto de ley separado que abordaría la escasez de mano de obra en la industria agrícola y ganadera de Estados Unidos de la tarea políticamente más desalentadora de abordar la seguridad fronteriza. Las reformas del sistema de inmigración legal pudieran abrir nuevas vías a quienes buscan entrar en Estados Unidos, frenando los cruces ilegales. Pero esto también enfrenta la resistencia de los republicanos, inflexibles ante un proyecto de ley integral.

La administración de Biden enfrenta un número de llegadas de migrantes muy superior al de sus predecesores: en varias ocasiones, las autoridades estadounidenses han registrado más de 200,000 encuentros al mes. Sin embargo, las condiciones y los obstáculos para arreglar el sistema de inmigración del país son familiares: la dependencia de terceros, sobre todo del Congreso y de gobiernos extranjeros, para ponerse de acuerdo en coordinar una respuesta.

A diferencia de olas anteriores, los migrantes que han llegado en grandes cantidades a lo largo de la presidencia de Biden no han procedido de países con gobiernos amigos de Estados Unidos, como Guatemala, México y El Salvador,, sino de algunos que prácticamente no tienen relaciones diplomáticas con Washington, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, lo que agrava aún más los intentos de la administración de abordar las causas profundas y facilitar las deportaciones.

“El número de personas desplazadas en todo nuestro hemisferio –de hecho, en todo el mundo– es histórico”, dijo Mayorkas, señalando, como ejemplo destacado, que casi un tercio de los 28 millones de venezolanos han huido del país.

“Ahí donde no tenemos relaciones diplomáticas sólidas, es más difícil”, añadió.

La administración ha trabajado con aliados de la región para recibir a ciudadanos de países hostiles deportados de Estados Unidos. Pero funcionarios estadounidenses temen que algunos líderes de la región hayan estado armando la inmigración como una herramienta política contra Washington, con Nicolás Maduro de Venezuela activando y desactivando los vuelos de deportación directa en función del estado de sus conversaciones con la administración, y con Daniel Ortega de Nicaragua facilitando discretamente los flujos de migrantes.

“Las causas profundas son bien conocidas: desesperación económica, regímenes represivos, los efectos del cambio climático, la violencia, por nombrar solo cuatro”, dijo Mayorkas. “La idea es invertir en estos países, intentando contribuir a su bienestar y a su sensación de seguridad, para que la gente no se sienta obligada a huir de sus hogares”.

ACTITUDES CAMBIANTES

El reciente asesinato de una estudiante de enfermería de 22 años en Georgia y el asesinato de un ex policía de 43 años en la Florida, ambos presuntamente a manos de migrantes, han alimentado una narrativa nacional que desmiente las estadísticas de que los extranjeros ilegales están alimentando un repunte de los delitos violentos.

Trump, el presunto candidato republicano a la presidencia, ha hecho suya la narrativa, refiriéndose al fenómeno como “delincuencia migrante”. Es una descripción que Mayorkas rechaza rotundamente.

“Mi respuesta inmediata es una para las víctimas, las familias de las víctimas, los seres queridos de las víctimas, obviamente estamos desconsolados”, dijo Mayorkas. “También queremos asegurar que los delincuentes rindan cuentas, y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley”.

Pero, añadió, “las acciones de los delincuentes no deben describir a toda la población de individuos que pretenden llegar a Estados Unidos”.

Las actitudes de los estadounidenses hacia la inmigración han evolucionado desde que la oleada de migrantes se hizo evidente en las principales ciudades de Estados Unidos, un fenómeno que Mayorkas atribuye al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien según él ha incurrido en una “conducta pública irresponsable” con su programa de transporte de migrantes en autobús a través de las fronteras estatales sin coordinación con los funcionarios locales en sus destinos.

“El número de individuos que llegan a nuestra frontera está en un nivel significativo, y también estamos lidiando con un funcionario estatal que deliberadamente no se comunica ni colabora con otros funcionarios estatales en un esfuerzo por crear caos y desorden”, dijo Mayorkas, en una referencia velada a Abbott.

Y, sin embargo, hoy no son solo los electores republicanos los que dicen a los encuestadores que la inmigración es una prioridad, sino también los demócratas.

“Lo que necesitamos es una solución”, añadió, reconociendo la frustración bipartidista ante la crisis actual. “Comprendemos la tensión que sufren las ciudades del interior, por supuesto, cuando reciben de forma descoordinada a migrantes en sus comunidades, y la carga financiera que eso supone”.

El paquete bipartidista de inmigración en el Senado, señaló Mayorkas, habría proporcionado asistencia financiera a esas ciudades del interior para ayudar a absorber un aumento en las llegadas de migrantes.

“Sigo teniendo esperanzas de que se apruebe”, dijo.

Desde que se hicieron con la mayoría en la Cámara de Representantes en 2022, los legisladores republicanos han señalado a Mayorkas como uno de los principales objetivos para una investigación y un juicio político, al percibir una oportunidad política para poner de relieve la crisis fronteriza.

En febrero, en medio de una oposición bipartidista, los líderes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes consiguieron una mayoría para llevar a juicio político a Mayorkas con un solo voto, acusándolo de delitos graves y faltas por no haber respetado deliberadamente las leyes de inmigración del país. Es el primer secretario que enfrenta un juicio político en 148 años.

Mañana está previsto que los administradores del juicio político de la Cámara de Representantes trasladen los artículos al Senado, donde se espera que una mayoría bipartidista los desestime por infundados, posiblemente incluso antes de que comience el juicio.

“Los senadores van a cumplir con su responsabilidad”, dijo. “Confío en ello. Confío en el trabajo que estoy haciendo, en la concentración que tengo en el trabajo”.

“No me distrae el proceso del juicio político”, añadió. “Hay demasiado trabajo en todo el conjunto de misiones del Departamento de Seguridad Nacional que no puede permitirse mi distracción”.