Un informe de Unicef alerta sobre una ola en salud pública que se está transformando en una marea que compromete a futuro el bienestar de los chicos y los adolescentes al potenciar, desde muy temprano, el riesgo de vivir con enfermedades crónicas. En la región, varió en más de 14,3 millones la cantidad de menores de 19 años con exceso de peso en las dos últimas décadas, sobre todo a partir del ingreso escolar: el 98% de esa suba es en chicos de cinco años en adelante. Y la Argentina aparece entre los primeros de entre casi 30 países.

El documento, que se acaba de presentar y surge de estadísticas oficiales, da cuenta de que hay un 12,6% de chicos argentinos de hasta cinco años con sobrepeso u obesidad (malnutrición por exceso), muy por encima del 8,6% promedio regional. Ya entre los cinco y 19 años, la proporción crece al 36,5% y, de nuevo, supera al valor medio regional del 30,6% estimado por la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que relevó el estado nutricional infantojuvenil.

Solo al relevar la desnutrición crónica en los más pequeños, el país aparece con un resultado por debajo del 11,5% medio en la región. El 9,5% de los chicos argentinos de cinco años o menos tiene una talla insuficiente para la edad o retraso del crecimiento. “Aunque en la mayoría de los países y territorios [de América Latina y el Caribe] la desnutrición crónica está por debajo de la estimación mundial de 22,3%, aún existen países con cifras por encima de la estimación regional de 11,5% y con prevalencia alta y muy alta”, señala el equipo de Unicef que elaboró el informe. Por ser menor al 10%, de acuerdo con la definición para ese indicador, la Argentina está entre los países con baja prevalencia de desnutrición infantil crónica, aunque más lejos que sus vecinos más cercanos –Chile (1,6%), Paraguay (3,4%), Uruguay (6,1%) y Brasil (7,2%)–. Bolivia tiene una prevalencia media (11,1%).

¿A qué atribuye Unicef el crecimiento sostenido del sobrepeso en los chicos y adolescentes, sobre todo en América del Sur? Al exceso de consumo de alimentos ultraprocesados y el sedentarismo facilitados por entornos obesogénicos comunes a todos los niveles socioeconómicos.

Un diagnóstico hecho por la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina y la oficina local de Unicef demostró a comienzos del año cómo esos productos que son sabrosos al paladar, además de ricos en grasas, sodio, azúcares y con publicidades atractivas terminaron por desplazar a las frutas, las verduras o los cereales de la alimentación entre los 2 y 17 años.

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Los datos del nuevo informe describen la magnitud de su consecuencia: la Argentina es el segundo país con mayor cantidad de chicos y adolescentes con obesidad (16,9%) en la región, solo después de Bahamas (17,3%). En 2000, un 11,3% de los menores de 19 era obeso.

“Este aumento se viene dando desde hace tiempo y coincide con el consumo elevado y creciente de ultraprocesados en los últimos 15 años. Sobre todo en los chicos, que comen mucho peor que los adultos”, dijo Verónica Risso Patrón, oficial de Nutrición y Salud de Unicef Argentina.

En diálogo con LA NACIÓN, explicó que eso se da sobre todo por el entorno donde pasamos el día. Más allá del hogar, está la escuela o el centro de primera infancia, el club, la universidad o el trabajo. “Hay una oferta creciente de ultraprocesados y mucha menor disponibilidad de productos frescos y sanos. Así, el entorno no ayuda a comer de la mejor manera posible –continuó–. Esto se puede cambiar con políticas públicas. De ahí la importancia de que los Estados se involucren. Lo que le está pasando a los chicos en el inicio de sus vidas es alarmante porque aumenta el riesgo de transitar una adultez más enferma, con mayor mortalidad temprana y consecuencias en la salud física y mental en el mediano y largo plazo.” Risso Patrón, que colaboró con el informe, mencionó algunas: discriminación, bullying y estigmatización.

Unicef insiste en su relevamiento que el entorno alimentario urbano en la región promueve el consumo de comida chatarra, a la vez que advierte que una alimentación más saludable sigue siendo costosa para la mayoría de la población, lo que se puede ver a simple vista en cualquier almacén o supermercado de la Argentina.

“Más allá de que el informe se centra en el peso, que es la consecuencia, nos tenemos que concentrar en la alimentación: prevenir la malnutrición (que los chicos coman lo mejor posible) para anticiparnos y no tener que llegar más adelante a las dietas de moda centradas en el peso. Esto no va al fondo del problema, que es modificar la calidad de la alimentación con información y posibilidad de decidir sobre el consumo en los distintos entornos. Que desde muy chicos, por ejemplo, los chicos aprendan a comer, lo que puede ser a través de talleres de cocina en los que pueden conocer desde la importancia de la comida hasta historia, geografía, higiene, cuidado de los dientes y comensalidad, por ejemplo.

Tras una ley

La “esperanza” está puesta en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como de etiquetado frontal, y a las que deben adherir las provincias para su efectiva implementación, con una mayor fiscalización y políticas complementarias desde la producción hasta el consumo orientadas a mejorar los precios y facilitar el acceso.

“Además de la información en los envases de los productos, la norma en realidad viene a cambiar los entornos porque se refiere al entorno escolar. Ahí, donde los chicos y adolescentes pasan entre cuatro a ocho horas, deben recibir alimentos de buena calidad, no kioscos que vendan ultraprocesados”, evalúa Risso Patrón. También, esa ley regula la publicidad dirigida a los chicos para influir en el deseo de compra a través de la oferta de juguetes, superhéroes y otros recursos atractivos para la edad. “La Argentina viene haciendo cambios de manera paulatina”, destaco la vocera de Unicef.

Ante la consulta, Andrea Graciano, investigadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires (UBA), analizó los resultados del informe.

“No solamente alarman los números, sino que nos muestra cómo la malnutrición viene creciendo –ponderó–. Para poder abordarla, se necesita, primero, comprender que no es un problema individual, sino de salud pública y que demanda una solución sistémica. Solemos simplificarlo, y ni qué hablar el sobrepeso y la obesidad, como si fueran simplemente la consecuencia de una mala alimentación, el sedentarismo y la falta de actividad física. Informes como este ponen luz en que es un problema de salud pública y que necesitamos modificar los entornos que determinan nuestros consumos y la posibilidad de movernos.”

En diálogo con LA NACIÓN, llamó la atención también sobre los puntos de venta minoristas y hasta las líneas de caja, donde están las tentaciones de último minuto. Otro desafío pendiente son las políticas fiscales para subsidiar productos como frutas y verduras y desalentar las bebidas azucaradas y ultraprocesados.

“Nuestra ley [por la de etiquetado frontal] es modelo regional y mundial por las múltiples regulaciones en línea con las recomendaciones de organismos internacionales, como la protección de los entornos escolares, aunque solo obliga a los que son de nivel inicial, primario y secundario, pero no otros como los jardines comunitarios o las universidades –explicó Graciano–. Ante esto y con decisiones de consumo determinadas por los ambientes donde estudiamos, pero también donde trabajamos y vivimos, sabemos que la ley es un paso necesario, pero no suficiente.”

La investigadora planteó si, así como las escuelas, no deberían también estar protegidos los jardines de infantes comunitarios, las universidades o los hospitales, como aconseja Unicef. “Lo primero que una encuentra en un centro de salud es una máquina expendedora con productos ultraprocesados, que es lo que probablemente te haya llevado ahí, o que a un paciente internado en la unidad coronaria le lleguen galletitas con exceso de sodio o que el menú de un comedor dentro de un programa de asistencia social incluya ultraprocesados”, puso como ejemplo de lo que sucede día a día.

“En un contexto como el actual en el que se naturalizan pérdidas de derechos, como el de la información, la salud o la protección de los chicos y adolescentes a través de entornos saludables, menos regulación solo agravará la situación epidemiológica de la malnutrición”, finalizó Graciano.

Entre sus recomendaciones, Unicef insta a los gobiernos a aumentar la inversión pública destinada a la prevención del sobrepeso infantil mediante sistemas de vigilancia epidemiológica y evaluación de resultados.