AI apunta a la posible responsabilidad del Gobierno peruano en las muertes de las protestas de 2023

Amnistía Internacional (AI) pidió a la Fiscalía de Perú investigar a los altos mandos militares y policiales por las muertes en las protestas antigubernamentales que hubo entre finales de 2022 e inicios de 2023 y apuntó, en su informe, a una posible responsabilidad del Gobierno de la mandataria Dina Boluarte en la actuación represiva.

La organización ha analizado planes de mando policiales y militares de los tres meses que duraron las protestas donde indican que hubo un constante "terruqueo", es decir que los manifestantes eran expresamente etiquetados como "fuerzas adversas" y "grupos hostiles", aunque hasta el día de hoy no se hayan presentado pruebas que les relacionen con terroristas.

Este hecho, por ejemplo, habría provocado "una respuesta combativa de los soldados" en la operación del 15 de diciembre de 2022 en la localidad sureña de Ayacucho, que se saldó con diez muertes y decenas de personas heridas.

"Encontramos en Ayacucho registros escritos con órdenes verbales de mandos del Ejército que provocaron que se dispararan más de 1.200 balas en un solo día", afirmó la investigadora para América del Sur de AI Américas, Madeleine Penman, en la presentación del informe.

Añadió que hubo una decisión consciente de la Policía Nacional de Perú (PNP) de mandar a las regiones a fuerzas élites de combate, entrenadas para el uso de armas letales, que "permitieron el uso de la fuerza letal y repitieron estas mismas órdenes durante meses, a pesar de los múltiples asesinatos".

AI señaló que las investigaciones fiscales, pese prestar ciertos avances, no están estudiando a los altos mandos, y advirtió que se corre el riesgo de que estos no sean juzgados y solamente lo sean los soldados o cargos medios.


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