Yahoo Noticias Las agresiones sexuales a migrantes en Panamá aumentan a un nivel raramente visto fuera de una zona de guerra
La niña venezolana, de 8 años, había dormido mal la noche anterior, lamentándose en sus sueños, según su madre, de los hombres que intentaban matarla.
Días antes, la familia había ingresado al tapón del Darién, la selva entre Colombia y Panamá que en los últimos tres años se ha convertido en una de las rutas más transitadas por los migrantes en el mundo. Después de subir montañas y cruzar ríos en su intento por llegar a Estados Unidos, su grupo fue cercado por media decena de hombres con pasamontañas, sosteniendo armas largas y lanzando amenazas.
“¡Se desnudan las mujeres!”, gritaron los asaltantes, contó la madre, antes de que examinaran las partes íntimas de cada una de ellas buscando dinero.
Los hijos, hermanos y esposos fueron obligados a observar. Luego, los hombres giraron hacia la niña, dijo la madre, ordenándole que se desvistiera para revisarla también.
Los asaltos, robos y violaciones han sido durante mucho tiempo un riesgo sombrío en los viajes de los emigrantes alrededor del mundo. Pero grupos de ayuda que trabajan en el tapón del Darién dicen que en los últimos seis meses han registrado un aumento extraordinario en ataques, con patrones y frecuencias raramente vistas fuera de zonas de guerra.
Casi todos los ataques, dijeron, están sucediendo en el lado panameño de la selva.
Grupos de ayuda con larga trayectoria, incluyendo Médicos Sin Fronteras y UNICEF, con experiencia trabajando en conflictos, dicen que los ataques son organizados y excepcionalmente crueles. Los perpetradores golpean a las víctimas y les quitan su comida, incluso la fórmula para bebés, dejando a las personas maltratadas y con hambre en la selva.
Y los asaltos con frecuencia incluyen casos en los que decenas de mujeres son violentadas en un solo suceso.
En enero y febrero, Médicos Sin Fronteras registró 328 denuncias de violencia sexual, frente a las 676 de todo 2023. Este año, se dieron 113 en una sola semana de febrero.
“El nivel de brutalidad es extremo”, dijo Luis Eguiluz, director de la organización en Colombia y Panamá.
Diversas organizaciones humanitarias, entre ellas Human Rights Watch, acusan a la policía fronteriza de Panamá, que está encargada de la seguridad en la selva y que cuenta con agentes patrullando la zona, de no proteger a los migrantes y permitir que los perpetradores cometan crímenes con impunidad.
Estas acusaciones se producen en un momento en que altos funcionarios panameños expresan su creciente frustración por el costo económico y medioambiental que la migración ha infligido al pequeño país, y en medio de cada vez más llamados entre líderes políticos —incluyendo candidatos de las próximas elecciones presidenciales— a detener el flujo de personas.
Dos reporteros de The New York Times registraron parte de esta violencia en marzo al hablar durante cuatro días con más de 70 personas que dijeron haber sido asaltadas por grupos de hombres armados en la selva.
De los entrevistados, 14 eran mujeres que dijeron que habían sufrido violencia sexual, desde tocamientos forzados hasta violación.
“Te hacen toda maldad”, dijo una mujer, 40, madre de 6 hijos que había estado viviendo en Chile. Fue rodeada por media decena de hombres enmascarados y violada, dijo, después de que el grupo con el que estaba viajando la dejó sola en la selva. (El Times no está dando a conocer los nombres de las personas que dicen haber sido víctimas de violencia sexual para proteger su intimidad).
El máximo responsable de seguridad en Panamá, Juan Manuel Pino, cuyo ministerio supervisa a las 5000 personas que integran la policía fronteriza, conocida como Senafront, declinó repetidas solicitudes de entrevista.
En un acto público, Edgar Pitti, responsable de Senafront en el Darién, dijo que los agentes estaban haciendo todo lo posible para proteger a los migrantes, teniendo en cuenta el difícil terreno de la selva.
“Es importante entender el ambiente geográfico de la selva de Darién”, dijo.
Varios funcionarios panameños dijeron que el problema no era tan grave como lo describen los grupos de ayuda y los migrantes.
El fiscal encargado de dirigir las investigaciones sobre el crimen organizado, Emeldo Márquez, insistió en una entrevista en que la violencia sexual en la ruta de los migrantes en su país “ha disminuido”.
Pero los datos de su oficina muestran que los investigadores abrieron 17 casos de agresión sexual en el lado panameño de la selva en 2023, y 14 en lo que va de este año. Márquez explicó que para algunos de los casos de este año todavía estaba verificando las declaraciones de las víctimas.
La directora del Servicio Nacional de Migración del país, Samira Gozaine, se mostró escéptica recientemente en un post en la plataforma X sobre los datos aportados por Médicos Sin Fronteras.
“Es fácil decir: ‘aquí a 100 personas las violan todos los días’”, dijo.
“¿Dónde están las pruebas?”.
Gozaine declinó una solicitud de entrevista.
Hasta hace poco, Médicos Sin Fronteras era la principal organización sin fines de lucro que prestaba asistencia sanitaria a los migrantes al final de la ruta del Darién, con 67 empleados que atendían a unas 5000 personas al mes, según la organización. También era el principal grupo que recogía testimonios de denuncias de agresiones sexuales.
Pero a principios de marzo, tras las repetidas declaraciones públicas de la organización sobre la violencia contra los migrantes, Panamá ordenó a Médicos Sin Fronteras que suspendiera sus operaciones.
El ministro de Salud del Panamá, Luis Fernando Sucre, declaró en una entrevista con el Times que el grupo médico no había cumplido la normativa local, que incluía comunicar los nombres de las víctimas de agresiones sexuales al gobierno para ayudar en las investigaciones.
La orden de suspensión, dijo, no era una represalia por los informes del grupo sobre ataques en la selva.
Pero Gozaine también acusó a la organización y a otros “organismos internacionales” de dirigir a los migrantes hacia Panamá proporcionando información sobre la ruta, contribuyendo así a los problemas del país.
Médicos Sin Fronteras declinó hacer comentarios.
La niña venezolana de 8 años cursaba tercero de primaria cuando sus padres decidieron marcharse a Estados Unidos. Con el pelo oscuro y rizado y con un gran amor por los animales, dijo que al crecer quería ser veterinaria.
Su madre, de 35 años, dijo que su familia dejó Venezuela tras ser amenazados por partidarios del presidente Nicolás Maduro, a quien se habían negado a apoyar. Se trasladaron a Colombia, donde su esposo repartía abarrotes, ganando menos del salario mínimo mensual, unos 300 dólares. Con sus dos hijos, decidieron finalmente seguir a otros cientos de miles de venezolanos por un camino ya muy transitado hacia el norte.
Durante el ataque de principios de marzo, cuenta la madre, hombres enmascarados patrullaban una fila de personas aterrorizadas.
A una mujer que se negó a quitarse la ropa le jalaban violentamente el cabello, añadió.
La madre dijo que la golpearon y luego, desnuda, la registraron entre las piernas; un hombre la palpó con los dedos, exigiéndole dinero.
Cuando se dirigieron a su hija, amenazaron con matar a la niña si no se desnudaba.
“Mami”, recordó que gritó su hija, “Yo me quito la ropa. Yo no me quiero morir”.
Los hombres no tocaron a la niña, dijo su madre, y tras asegurarse de que no tenía dinero, se marcharon rápidamente.
Otros sobrevivientes relataron historias de ataques casi idénticos, diciendo que los asaltos a menudo se producían a pocas horas de caminata de un campamento de Senafront en el interior del bosque.
El año pasado, Panamá detuvo a cuatro personas acusadas de agresión sexual en la selva, según Márquez, que se negó a decir si había habido alguna detención este año.
Las personas que cruzan el Darién en Panamá deben pasar por un tramo de la selva que alberga comunidades de los pueblos indígenas guna y emberá. Estas comunidades han visto sus medios de vida transformados por la migración: sus aguas y sus tierras han sido contaminadas por la basura, pero también tienen nuevas oportunidades de ganar dinero vendiendo comida, transporte en lancha y otros servicios.
Decenas de víctimas, todas ellas de habla hispana, dijeron que los agresores hablaban entre ellos en una lengua indígena. Algunas personas afirmaron haber sido asaltadas varias veces por hombres que hablaban una lengua indígena y, en otras ocasiones, por hombres que hablaban español con acento colombiano.
Un representante de la policía colombiana declinó hacer comentarios sobre la violencia en la selva.
En las entrevistas, varios líderes indígenas dijeron que algunos de los perpetradores podrían proceder de sus aldeas, e instaron a la policía fronteriza panameña a investigar.
Tulio Rosales, líder de la comunidad emberá de Villa Caleta, pidió a la policía fronteriza “poner más fuerza” en la protección de los migrantes.
Una mujer venezolana de 29 años salió con su pareja y sus cuatro hijos huyendo de la pobreza. Llevaban caminando unas 12 horas al día cuando unos hombres armados los detuvieron, dijo.
A la pareja de la mujer le permitieron seguir adelante con los niños, pero a la mujer la obligaron a quedarse atrás y a desnudarse. Lloró mientras describía cómo uno de los hombres enmascarados introducía sus dedos en cada una de las aproximadamente 16 mujeres que quedaban, en busca de dinero, dijo.
Después, huyó presa del pánico, olvidando la comida de la familia.
Su grupo fue asaltado por segunda vez, esta vez mientras dormían. De nuevo un grupo de hombres enmascarados obligó a algunas personas a desnudarse y entregar dinero en efectivo. Esta vez, dijo la mujer, no tenía nada más que dar.
Mientras las crisis en todo el mundo han empujado a un número récord de personas a abandonar sus hogares, la selva del Darién —que hay que atravesar a pie para llegar a Estados Unidos desde Sudamérica— se ha convertido en un rito de paso implacable para quienes buscan una nueva vida.
Más de 520.000 personas cruzaron este tramo el año pasado, más del doble que el año anterior, lo que ha contribuido a impulsar la cifra histórica de llegadas a la frontera estadounidense.
Este año, los cruces por el Darién en enero, febrero y marzo aumentaron casi un 25 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023, según las autoridades panameñas, y la mayoría de las personas procedían de Venezuela, Ecuador, Haití y Colombia.
Panamá, un país de poco más de cuatro millones de habitantes, ha visto pasar a un millón de migrantes en solo tres años. Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración, dijo que esta marea de personas ha costado al país 70 millones de dólares, incluido el dinero gastado en alojamiento y comida en los campamentos gestionados por el gobierno al final de la selva.
El objetivo del gobierno, ha dicho Gozaine, es proporcionar a los migrantes una experiencia “digna” en su país.
Pero a medida que ha ido creciendo la frustración entre los funcionarios panameños, los responsables de seguridad del país han estrechado lazos con varios influentes de derecha que se han hecho populares en Estados Unidos al presentar a los migrantes como delincuentes en potencia y a los grupos de ayuda como especuladores que alientan su viaje.
Algunos influentes han recorrido el tapón del Darién con la policía fronteriza. Óscar Ramírez, corresponsal de Real America’s Voice, que también presenta el programa de Steve Bannon, fue invitado en febrero a dirigirse a cientos de funcionarios panameños en una conferencia sobre seguridad en Ciudad de Panamá.
Las acusaciones de agresión sexual se producen en un momento en el que el gobierno de Joe Biden aumenta la ayuda a Panamá, país al que ha calificado de socio clave en sus esfuerzos por controlar y detener el flujo de personas.
En los últimos tres años, Washington ha entregado casi 40 millones de dólares para ayudar a Panamá a hacer frente a la migración.
Cuando se le preguntó en un evento reciente si Estados Unidos instaría a Panamá a hacer más para proteger a los migrantes, el segundo al mando de la embajada estadounidense en Panamá, John Barrett, declinó responder, diciendo simplemente que entendía que había “una situación humanitaria” en la selva.
La madre de la niña de 8 años dijo que el día en que la familia fue atacada, los agresores se llevaron lo último de sus ahorros: 280 dólares.
“Violaron la inocencia de mi hija”, dijo sobre el ataque en el Darién. “Yo soporto cualquier cosa, pero ella no”.
Finalmente, la familia logró llegar al sur de México. Allí, según relató la madre en un mensaje de audio desde el teléfono celular de una amiga, la familia fue secuestrada y retenida durante dos días en una gallera.
Volvieron a obligar a la madre a desnudarse y a registrarla en busca de objetos de valor.
Una vez liberada, la familia vendió caramelos en la calle, planeando utilizar sus ganancias para intentar continuar hacia el norte.
Federico Rios, Simón Posada y Ken Bensinger colaboraron con reportería.
Federico Rios, Simón Posada y Ken Bensinger colaboraron con reportería.
c. 2024 The New York Times Company
