Agente inmobiliario de Miami vende casas y lanza empresa mientras oculta su pasado delictivo

Un agente inmobiliario de Miami se jacta en redes sociales de ofertas residenciales en un mercado de vivienda en desaceleración y condominios en venta en nuevos proyectos de lujo en Miami Beach y North Bay Village.

En Instagram, la imagen que vende Stephen Manuel Costa, con un aspecto pulcro y un traje, gira en torno al dinero y el éxito.

Pero hay un detalle que falta en la imagen perfecta de Costa en las redes sociales. Es una información que no ha contado a los compradores o siquiera a la agencia de protección al consumidor de la Florida: su historial delictivo.

Costa, copropietario y cofundador de Scope Realty LLC, poseía una licencia inmobiliaria y abrió su empresa mientras ocultaba una condena de 2015 por poner en peligro la salud de la gente y los tres años que pasó en prisión. Un juez federal de Miami también le impuso a Costa una multa de $10,000 y le ordenó pagar $1.2 millones al gobierno federal por estafar su programa de seguro médico Medicaid.

El estado está investigando ahora la condena de Costa por fraude al Medicaid después que el Miami Herald preguntó por su licencia.

El abogado de Costa, David A. Howard, dijo por correo electrónico que “no era probable” que su cliente hiciera declaraciones.

El caso en cuestión se remonta a más de una década. En 2013, Costa, que entonces tenía 28 años, planeó y dirigió una estafa en la que robaba y compraba medicamentos recetados a pacientes de sida, según un encausamiento y otros registros judiciales. Los fármacos incluían Atripla, Trizivir, Zyprexa y Truvada, cuyo costo promedio por frasco es de $1,000.

Viviendo en ese entonces en Nueva York, Costa y sus cómplices se reunían con beneficiarios de Medicaid en bodegas y esquinas de Manhattan y el Bronx para pagarles. Costa y sus socios etiquetaban posteriormente los medicamentos y los vendían a farmacias, según consta en los registros judiciales.

La trama duró menos de un año y, tras ser descubierto, Costa se declaró culpable de confabulación para una estafa de saluden septiembre de 2015. Cumplió unos tres años de prisión a partir de 2016 y luego tuvo otros tres años de libertad supervisada. Pero volvió a tener problemas con la oficina federal de libertad condicional tras dar positivo por consumo de cocaína, según los registros judiciales. Se le ordenó realizar servicios comunitarios.

Mientras tanto, Costa conservó su licencia inmobiliaria. La obtuvo en 2003 y pudo vender y beneficiarse de tratos inmobiliarios residenciales y comerciales. Según la legislación de la Florida, un delincuente condenado puede tener una licencia inmobiliaria. Aun así, cualquier condena debe reportarse al Departamento de Regulación Empresarial y Profesional de la Florida (DBPR) y a su Comisión Inmobiliaria de la Florida. Tanto la dependencia como su comisión no se habían percatado de los antecedentes de Costa hasta ahora.

La dependencia y su comisión aprueban y supervisan las licencias profesionales en el estado para proteger a los consumidores verificando y monitoreando las credenciales de los solicitantes y titulares de licencias. Pero ahí está el inconveniente: El Departamento de Regulación Empresarial y su Comisión Inmobiliaria espera que los titulares de licencias compartan una condena o acuerdo de culpabilidad en un plazo de 30 días. Quienes no lo hagan enfrentan una multa, la suspensión o la revocación de la licencia.

“Podemos confirmar que el Departamento recibió notificación de la supuesta omisión del Sr. Costa de revelar una condena anterior y está procediendo en consecuencia”, dijo la subdirectora de Comunicaciones del DBPR de la Florida, Kara Lefkowitz, en un correo electrónico al Miami Herald.

Además del estado, el asesor jurídico en jefe de la Miami Association of Realtors, Evian White De León, confirmó que Costa es un miembro activo. Cuando el Miami Herald le informó de los antecedentes penales de Costa y de su juicio pendiente, White De Leon dijo en un comunicado que la asociación había iniciado una investigación interna.

A finales de mayo, la licencia de Costa seguía activa, según una búsqueda de licencias del DBPR de la Florida. Su licencia expira a finales del próximo año.

Mientras tanto, la presencia de Costa en la escena inmobiliaria sigue creciendo. A pesar de enfrentar nuevos cargos, Costa abrió su propio negocio: una empresa inmobiliaria con sede en el sur de Miami llamada Scope Realty, que se ocupa de ventas residenciales, arrendamientos e inversiones en nuevas construcciones.

Scope Realty representa a clientes inmobiliarios comerciales y residenciales en el sur de la Florida. Arriba: Amy Caballero, Stephen Costa y Perla Valenzuela, copropietarios de Scope Realty.
Scope Realty representa a clientes inmobiliarios comerciales y residenciales en el sur de la Florida. Arriba: Amy Caballero, Stephen Costa y Perla Valenzuela, copropietarios de Scope Realty.

Otra estafa de salud

Poco después de salir de prisión, Costa planeó otra estafa de salud, esta vez a través de fronteras y territorios estatales, según un encausamiento federal de 2021 en Miami.

Costa adquiría medicamentos usados para tratar trastornos psiquiátricos, cáncer e infecciones por VIH, y luego los volvía a enivasar y reintroducía en el mercado a través de un equipo de 14 miembros, según el encausamiento.

Esta vez la trama era más intrincada, más difícil de seguir.

Costa empezó comprando a dos fabricantes y distribuidores puertorriqueños y desviando los fármacos a distintos estados, entre ellos la Florida y Carolina del Norte, según el encausamiento. También se las arregló para robar en camiones y pagar a pacientes de Medicare que probablemente recibieron los medicamentos gratis, dicen los documentos judiciales. Farmacias adquirían los medicamentos, los vendían a personas desconocidas, que los distribuían a pacientes que consumían medicamentos mal etiquetados, dice el encausamiento.

A partir de 2021, Costa enfrenta un encausamiento multimillonario como resultado de su más reciente trama de desvío de medicamentos con receta. Once personas se han declarado culpables ante el tribunal federal de Miami. Todas enfrentan penas de cárcel, algunas de hasta 20 años.

Mientras espera su día en los tribunales, Costa permanece en libertad supervisada. Ya se ha metido en problemas con la ley. Un agente del FBI informó en un memorando de 2022 que Costa apostó $373,700 en fichas con dinero en efectivo y apostó $1 millón en el Seminole Hard Rock Casino cerca de Hollywood desde 2020 hasta la mayor parte de 2021. Costa no mencionó a su agente de libertad condicional las noches que pasó apostando ni la fuente de los fondos.

Costa, Ángel Caminero Álvarez y el productor musical Boris Arencibia son los únicos acusados restantes en un quinto encausamiento sustitutivo.

Apertura de Scope Realty

En febrero pasado, Costa cofundó una firma inmobiliaria, Scope Realty, LLC en 6330 Sunset Dr., en South Miami. Según la cuenta de Instagram de la compañía, scoperealtymiami, la firma tiene 5,555 seguidores y promueve sus ofertas de alquiler y ventas residenciales, incluyendo condominios en North Bay Village que se cerraron por $580,000. El sitio también promueve listados de venta en rascacielos planificados y recientemente terminados, incluyendo Shoma Bay en North Bay Village y Five Park en Miami Beach.

Amy Caballero y Perla Valenzuela son socias de Costa y figuran como codirectoras ejecutivas en el portal digital. Costa permanece fuera del portal de la empresa, a pesar de estar registrado como copropietario de la firma en documentos legales y en Instagram. Caballero y Valenzuela, bailarina exótica y modelo de lencería, obtuvieron sus licencias inmobiliarias en 2022 y dirigen una firma con 11 agentes inmobiliarios.

Caballero y Valenzuela no han respondido a múltiples solicitudes de comentarios del Miami Herald por correo electrónico, teléfono y texto.

Lo que está en juego

En el más reciente caso de fraude médico, Costa enfrenta preocupaciones mayores que la pérdida de su licencia inmobiliaria por no haber revelado una condena anterior.

Costa está acusado de confabularse para traficar con medicamentos de marca falsa, confabulare para traficar productos médicos con documentación falsa, fraude postal y lavado de dinero.

Si es declarado culpable, Costa enfrenta hasta 20 años de prisión por algunos de los cargos.

Jay Weaver, redactor del Miami Herald, contribuyó a este artículo.