¿Cómo afecta la militarización a las personas usuarias de drogas en México?

Desde hace algunos años se ha vuelto evidente que la participación del ejército mexicano en temas de seguridad pública causa grandes niveles de violencia, y dicha participación se justifica debido a los altos índices delictivos que vive el país y donde el crimen organizado tiene el control del uso de la fuerza, territorial y económico. Un ejemplo de ello son las zonas rurales del norte donde se siembra y cultiva tanto cannabis como amapola, zonas de diversas regiones como Guadalajara, Ciudad de México o Culiacán donde también se producen y distribuyen grandes cantidades de fentanilo y metanfetamina.

Ejemplos de esas intervenciones fueron los primeros operativos para erradicar la mariguana y la amapola en México, llevados a cabo por  instituciones militares y de la Marina en 1941. Otro ejemplo a citar es cuando el 30 de septiembre de 1976 se llevó a cabo el Plan Cóndor, una acción emprendida por militares en Sinaloa. Un año más tarde, en 1977, fue implementado el Plan Canador en Chihuahua, Sinaloa y Durango, en donde fueron erradicados 16 mil metros cuadrados de cultivos de amapola y mariguana. ¹

Desde el 2006 se ha triplicado el número de militares así como el número de homicidios; sin embargo, no hay ninguna relación que muestre que, entre mayor número de personal o acciones militares, las tasas de seguridad también aumenten. ² Existen bastantes casos documentados sobre desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra los derechos humanos, por lo que la idea de militarizar al país no tiene evidencia ni un respaldo que garantice mayores niveles de seguridad o bienestar social, pues los datos muestran todo lo contrario. ³

“De acuerdo con Jorge Lule, la lógica de actuación de las Fuerzas Armadas —que busca eliminar enemigos— tiene como consecuencia la criminalización de diversos grupos poblaciones, entre ellos, las personas usuarias de drogas y las personas migrantes”. ⁴  La lógica militar no se basa en valores de solidaridad, cordialidad u horizontalidad, más bien está enfocada en el control, corrección, obediencia, imposición, y demás valores que están dedicados para la mejora en el combate y la guerra, pero no necesariamente para la construcción de paz y justicia social.

El cambio de paradigma no debe ser abordado desde las instituciones militares

A partir de las últimas reformas legislativas se ha posibilitado que la Secretaría de la Defensa asuma responsabilidades en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. La Guardia Nacional ha pasado a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, debido a que el 14 de septiembre del 2022 se aprobó una reforma al artículo 5º transitorio del decreto constitucional del 2019. ⁵

La garantía de la presencia militar en acciones de seguridad pública aumenta la vulnerabilidad de las personas que usamos sustancias psicoactivas, ya que históricamente hemos sido señaladas, perseguidas, encarceladas, extorsionadas, invisibilizadas y criminalizadas, principalmente por el tipo de políticas y estrategias que han buscado la erradicación del consumo. Es posible rastrear textos religiosos del siglo XVI o un poco antes en donde se habla del uso del tabaco por los habitantes nativos americanos y su relación con la herejía o lo demoníaco, según las concepciones de los evangelizadores de esa época.

Años más tarde, a principios del siglo XX, también es posible observar propaganda contra el uso de ciertas sustancias y un prejuicio racial que justificaba discursos discriminatorios y de rechazo, tal es el caso del opio y su vínculo con la cultura asiática, la marihuana y su relación con los mexicanos, así como la cocaína vinculada a las personas negras. Esa propaganda política fue elaborada y difundida en Estados Unidos, pero transmitida y replicada a nivel internacional, en la que comerciales, propaganda, películas, música y demás expresiones que visibilizan la situación de prejuicio que se vivía.

La llamada guerra frontal contra el narcotráfico da comienzo en el 2006, con una nueva estrategia financiada y ejecutada por el Estado mexicano a partir de diferentes instituciones militares se apostó de manera directa al uso de las fuerzas armadas como herramienta para contrarrestar los índices de violencia del país. El resultado fueron 212,016 homicidios dolosos, sólo de 2006 a 2012, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ⁶

Entendido de esa manera podríamos afirmar que la guerra contra las drogas no es precisamente contra las drogas, sino contra las personas y las comunidades.

La militarización afecta directamente a las personas usuarias de drogas, y en mayor medida a las mujeres:

1. A pesar de que en México se lleva varias décadas asumiendo el uso de drogas como un tema de salud pública, los usuarios siguen siendo objeto de persecución penal.

2. Las personas que usan sustancias son objeto de persecuciones, extorsión y criminalización por parte de policías, militares, jueces y otros servidores públicos.“Entre 2010 y 2020, el porcentaje de delitos relacionados con drogas de quienes ingresaron a centros penitenciarios aumentó de 12.3 % a 19.6 por ciento. En 2020, de los delitos relacionados con drogas cometidos por la población en los centros penitenciarios, 61.1 % fue por narcomenudeo y 38.9 % por delitos contra la salud.

3. “Entre 2010 y 2020, el porcentaje de delitos relacionados con drogas de quienes ingresaron a centros penitenciarios aumentó de 12.3 % a 19.6 por ciento. En 2020, de los delitos relacionados con drogas cometidos por la población en los centros penitenciarios, 61.1 % fue por narcomenudeo y 38.9 % por delitos contra la salud.

4. En México, 19.6 % de los delitos que cometieron quienes ingresaron a los centros penitenciarios del país en 2020 se relacionan con drogas, ya sea por posesión, suministro, comercio, producción, transporte o tráfico, entre otras actividades (este porcentaje aumentó entre 2010 y 2020.6, y en el caso de las mujeres, el incremento fue del doble: pasó de 13.0 % en 2010 a 26.0 %, en 2020)”. ⁷

5. Según datos de la ENPOL de 2016 “en casi todos los indicadores, en proporción, los hombres parecen vivir mayor violencia durante el arresto (sin importar la autoridad), con una gran excepción: la violencia sexual. De las mujeres que fueron arrestadas por elementos de la Marina, el 40.9% reporta haber sido víctima de violación (en contraste con el 5% de los hombres). De las que fueron arrestadas por el Ejército, el 20.9% reporta haber sido víctima del mismo delito (en contraste con el 5% de los hombres)”. ⁸

Conclusiones

Teniendo en cuenta estos antecedentes resulta inconcebible que las personas que usan sustancias puedan sentirse seguras o protegidas por instituciones que hacen uso de la fuerza y que tienen miles de demandas relacionadas con violaciones de derechos humanos.

Las personas que usan drogas han pasado, supuestamente, de ser criminales a ser personas enfermas que necesitan de la supresión de sus derechos para poder garantizar su salud o buen comportamiento. Existe un proceso de vinculación del uso de sustancias con aspectos negativos que ha durado cientos de años. Por tal razón, es urgente un cambio de paradigma no sólo a nivel narrativa, sino a nivel educativo, social y cultural, en donde se reconozcan los derechos y ejercicio de las libertades individuales de las personas que usamos drogas.

Actualmente se están construyendo cientos de cuarteles para la Guardia Nacional y se está apostando a un discurso de reparación del tejido social a partir de las intervenciones militares, a pesar de la diversa evidencia sobre sus repercusiones a la violación de derechos humanos y su escasa o nula rendición de cuentas. Estamos seguras de que el control y la privación de derechos no pueden coincidir con un sistema político democrático moderno que garantiza y promueve ciudades de derechos, diversas e incluyentes.

* Erick Bernal es Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente participa como investigador en Instituto RIA y como voluntario en intervenciones de reducción de riesgos y daños en ámbitos festivos.

1 Castillo, Gustavo. Luchan contra el narco 94 mil 540 militares; en 1950 lo hacían 3mil. Periódico La Jornada. 2010. En línea.

2 Nateras, Martha y Valencia, Paula. Riesgos de la militarización de la seguridad como respuesta a la violencia derivada del narcotráfico. El caso de Colombia y México. Espiral. Guadalajara. Vol.27 No.78-79. 2020. En línea.

3 Pardo, Luis. Una guerra inventada y 350,000 muertos en México. The Washington Post. 2021. En línea.

4 La militarización de la seguridad pública: Impidiendo la contrucción de un México más seguro y en paz. México Unido Contra la Delincuencia. En línea.

5 Sánchez, Lisa. La militarización de la seguridad pública en México y sus fundamentos legales. México Unido Contra la Delincuencia. 2020. Bogotá. En línea.

6 La militarización es incompatible con políticas que protejan lla vida y procuren la paz. Equis justicia para las mujeres. 2022. En línea.

7 García, Carina. El ejército en las calles hasta 2028: ¿qué implica la reforma aprobada?. Expansión. 2022. En línea.

8 Hérnandez, Gerardo y Romero, Carlos. La Guardia Nacional y la militarización de la seguridad pública en México. Flacso. 2019. Redalyc. En línea.