Solo pocas adolescentes acceden a la NOM-046, para abortar en casos de violación; el Estado no garantiza este servicio: expertas

A casi un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que las adolescentes de 12 a 18 años pueden acceder sin restricciones a la NOM-46, que permite abortar en casos de violación, la aplicación de esta medida es mínima: 16 entidades del país informaron que, en sus respectivos servicios de salud, menos de 10 adolescentes han accedido a ella, mientras que en otras seis entidades han sido apenas entre 10 y 20, y solo en Coahuila han sumado 23.  

En tanto, la Secretaría de Salud federal desconoció su aplicación y responsabilizó a IMSS, ISSSTE e Insabi. El 24 de mayo de 2022, el máximo tribunal determinó que las instituciones públicas de salud debían prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación a las adolescentes de 12 a 18 años, sin autorización de sus padres y únicamente con una solicitud bajo protesta de decir verdad. 

Esto se ha convertido en una realidad para muy pocas, en un contexto en el que hay un promedio de 350 mil embarazos adolescentes al año. A nivel regional, en América Latina siguen pendientes de resolución los casos de maternidades forzadas en niñas víctimas de abusos sexuales enmarcados en la campaña Niñas, No Madres, con los que el Comité de Derechos Humanos de la ONU podría establecer criterios generales para la región. 

Mediante solicitudes de información, 23 estados dieron cuenta de un total de 170 abortos realizados por casos de violencia sexual entre mayo de 2022, cuando la SCJN determinó las modificaciones a la NOM-046 para adolescentes, y febrero de 2023. De hecho, cuatro estados, Baja California, Michoacán, Oaxaca y Querétaro, reportaron que en sus territorios ninguna adolescente ha accedido a la norma que permite interrumpir el embarazo en casos de violación.  

En contraste, las estadísticas de abuso sexual han incrementado en un 78% en los últimos seis años, al pasar de un total anual de 3 mil 925 en 2016 a 6 mil 977 en 2022, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En tanto, UNICEF calcula que en México un 32.8% de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido alguna forma de violencia sexual en el ámbito comunitario, mientras que la ENDIREH 2021 registró un incremento de 9.4% a 12.6% de las mujeres encuestadas que vivieron abuso sexual en la infancia.

Algunos estados consultados detallaron —según se solicitó— edades y unidades de atención, como en Guerrero, donde la NOM-046 se ha aplicado a 11 adolescentes, una con la edad mínima de 12, y la mayoría en el municipio de Tlapa. También Tlaxcala, que reportó solo cinco casos: dos niñas de 13 años, una de 15, una adolescente de 17 y otra de 18, realizados en el Hospital de la Mujer y el Regional Emilio Sánchez Piedras. La Secretaría de Salud de la CDMX reportó solo seis abortos de adolescentes por NOM-046, todos en el Hospital Materno Infantil Inguarán.

El contexto y los pendientes regionales

Las altas tasas de embarazo adolescente en la región llevaron en mayo de 2019 a la presentación de cuatro casos de maternidades forzadas producto de abusos sexuales en América Latina y el Caribe, que después dieron pie a la campaña Niñas, No Madres, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Norma, Fátima, Susana y Lucía hoy siguen a la espera de una resolución. 

“Esperamos que alrededor de mediados de año el Comité de Derechos Humanos pueda emitir su dictamen en los cuatro casos, y que ahí establezca no solamente las violaciones particulares a los derechos humanos que enfrentaron, sino también que pueda establecer un estándar claro sobre la necesidad de que todas las niñas y personas que requieran una interrupción del embarazo puedan acceder a él en condiciones de igualdad”, señala Carmen Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe. 

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La organización espera que el comité se manifieste en el mismo sentido que los más recientes lineamientos de la OMS, donde se establece que el aborto, al ser un servicio esencial, no debería estar regulado en legislaciones penales. Martínez detalló que estas decisiones son profundamente necesarias porque América Latina y el Caribe es la región con la segunda tasa más alta de embarazos en niñas menores de 15 años, y la única en el mundo donde la tendencia sigue en aumento.

Esta semana, el centro desarrollará, junto con organizaciones de Brasil, una audiencia temática sobre embarazos y maternidades forzadas de niñas en ese país y los graves efectos de las barreras en el acceso al aborto, en el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, derivado del caso de una niña de 10 años embarazada por segunda vez como consecuencia de una violación sexual y quien no pudo acceder a un aborto. La primera vez, el Estado tampoco le brindó el servicio.

“No solamente el Estado le niega el acceso a la interrupción del embarazo y a la salud integral que ella merece, sino que además es un caso profundamente lamentable que refleja la desidia estatal frente a la desprotección de las niñas ante la violencia sexual, porque claramente el primer episodio que ella enfrentó ya era del conocimiento del Estado; que vuelva a pasar por lo mismo es la forma más aberrante de revictimización”, relató Martínez.  

La campaña Niñas, No Madres, que hoy está evolucionando hacia un movimiento permanente, busca un impacto regional amplio. En el caso de México, como en el resto de la región, los efectos de esta iniciativa serán importantes para que cada Estado tome medidas y reduzca no solamente los índices de violencia sexual, sino también los embarazos no deseados y las maternidades forzadas. 

En México, según cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), de enero a octubre de 2020 se registraron 3 mil 581 casos de egresos hospitalarios de infancias por violencia sexual: 3 mil 325 de niñas y 256 de niños. En ese año, hubo 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes, de las que 8 mil 876 eran menores de 14 años. En su mayoría, estos últimos fueron consecuencia de una violación sexual.

Según el gobierno federal, uno de los componentes de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) es la prevención de embarazos en menores de 15 años, que demanda acciones para eliminar la violencia sexual en niñas y adolescentes, así como garantizar el acceso a la interrupción del embarazo por causal de violación en cumplimiento a la NOM-046. 

Martínez adelantó que las medidas que va a establecer el Comité de la ONU, especialmente en casos de niñas, deben ser relevantes en varios sentidos: reconocer que el servicio de aborto tiene que estar siempre disponible para cualquier persona que lo necesite, y de manera reforzada para niñas sobrevivientes de violencia sexual; reconocer el derecho de las niñas a ser escuchadas y que se respeten sus decisiones en torno a su autonomía reproductiva, y establecer que la educación sexual integral no solamente es un derecho, sino que niños, niñas y adolescentes tienen que contar con las herramientas necesarias para entender las implicaciones de las relaciones afectivas y sexuales basadas en el consentimiento.