Yahoo Noticias Administración Biden solicita a un tribunal que bloquee el acuerdo de culpabilidad para el presunto autor intelectual del 11S
La administración Biden solicitó este martes a un tribunal de apelaciones federal que bloquee un acuerdo de culpabilidad para el acusado de ser el autor intelectual del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, que lo libraría del riesgo de la pena de muerte.
El Departamento de Justicia argumentó en un escrito presentado ante un tribunal de apelaciones federal en el distrito de Columbia que el Gobierno se vería irreparablemente perjudicado si se aceptaran las declaraciones de culpabilidad para Mohammed y dos coacusados en los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Dijo que al Gobierno se le negaría la oportunidad de un juicio público y la oportunidad de “buscar la pena capital contra tres hombres acusados de un acto atroz de asesinato en masa que causó la muerte de miles de personas y conmocionó a la nación y al mundo”.
El Departamento de Defensa negoció y aprobó el acuerdo de culpabilidad, pero luego lo repudió. Los abogados de los acusados argumentan que el acuerdo ya está legalmente en vigor y que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien comenzó los esfuerzos de la administración para anularlo, actuó demasiado tarde.
Cuando se presentó la apelación este martes, los familiares de algunas de las casi 3.000 personas que murieron en los ataques de al Qaeda ya estaban reunidos en la base naval de EE.UU. en la bahía de Guantánamo, Cuba, para escuchar la declaración de culpabilidad programada de Mohammed este viernes. Se esperaba que los otros dos hombres, acusados de roles menores en el 11 de septiembre, la presentaran la próxima semana. Los familiares se han dividido sobre el acuerdo, con algunos llamándolo la mejor resolución posible para una acusación estancada durante más de una década en audiencias previas al juicio y dificultades legales y logísticas. Otros exigieron un juicio y, esperaban, la pena de muerte.
Algunos expertos legales han advertido de que los desafíos legales que plantea el caso, incluida la tortura de los hombres bajo custodia de la CIA después de su captura, podrían impedir que los detenidos envejecidos enfrenten veredictos y posibles sentencias.
Los fiscales militares notificaron este verano a las familias de las víctimas que el alto funcionario del Pentágono que supervisa Guantánamo había aprobado un acuerdo de culpabilidad después de más de dos años de negociaciones. El acuerdo era “el mejor camino hacia la finalización y la justicia”, dijeron los fiscales militares.
Sin embargo, algunos familiares y legisladores republicanos condenaron el acuerdo y a la administración Biden por alcanzarlo.
Austin ha luchado sin éxito desde agosto para anular el acuerdo, diciendo que una decisión sobre las penas de muerte en un ataque tan grave como el complot del 11 de septiembre solo debería ser tomada por el secretario de Defensa.
Un juez militar en Guantánamo y un panel de apelaciones militar rechazaron esos esfuerzos, diciendo que no tenía poder para anular el acuerdo después de que había sido aprobado por el alto funcionario del Pentágono para Guantánamo.
Los abogados defensores dicen que el acuerdo de culpabilidad fue aprobado por los propios funcionarios y fiscales militares de Austin y que su intervención fue una interferencia política ilegal en el sistema de justicia.
El escrito del Departamento de Justicia de este martes dijo que los acusados no se verían perjudicados por un breve retraso, dado que la acusación ha estado en curso desde 2012 y los acuerdos de culpabilidad probablemente resultarían en que cumplan largas penas de prisión, potencialmente por el resto de sus vidas.
“Un breve retraso para permitir que este tribunal evalúe los méritos de la solicitud del Gobierno en este caso trascendental no perjudicará materialmente a los demandados”, argumentó el Gobierno.
El Departamento de Justicia criticó al juez de la comisión militar por un fallo que, según dijo, “restringió indebidamente” la autoridad del secretario de Defensa en un “caso de importancia nacional única”. Preservar esa autoridad “es un asunto de importancia crítica que justifica la emisión de un alivio extraordinario”, afirma el documento del Gobierno.
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