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Acusan "maniobra política" por la citación a Piñera a declarar en una causa por DDHH

Santiago de Chile, 1 abr (EFE).- El exministro del Interior y militante de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) Víctor Pérez apuntó este sábado como "una maniobra política más" la causa por crímenes de lesa humanidad en la que el expresidente Sebastián Piñera (2018-2022) deberá declarar como imputado por los hechos ocurridos durante las protestas en Chile a fines de 2019.

Además del propio Piñera, deberán declarar en calidad de imputados altos exfuncionarios de su administración, entre ellos los exministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, junto a los exsubsecretarios del Interior Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli.

La indagación, en manos de la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, tomó curso luego de la presentación de 20 querellas por parte de organismos de derechos humanos ante el Ministerio Público, todas enfocadas en los graves abusos policiales registrados durante la masiva ola de protestas de 2019, que fueron acreditados por observadores internacionales.

A su vez, la fiscal Chong busca esclarecer las responsabilidades del alto mando de Carabineros en los hechos que protagonizó la policía militarizada, entre ellos la mutilación ocular de cientos de personas y miles de heridos.

Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en un clamor por un modelo económico más justo y más derechos sociales.

Las revueltas dejaron más de una treintena de muertos y miles de heridos, señalamientos por violaciones generalizadas a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad por parte de Naciones Unidas y Human Rights Watch, además de episodios de violencia que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las marchas.

Para encauzar el descontento social por la vía institucional, políticos de todos los sectores acordaron un proceso constituyente para dejar atrás la carta magna escrita en la dictadura de Pinochet (1973-1990) y reformada luego en 2005. La propuesta de la nueva ley fundamental fue rechazada por un 60 % de la población y hoy la discusión constituyente vive una segunda fase con nuevas elecciones en mayo próximo para conformar un nuevo órgano redactor.

(c) Agencia EFE