Exjefe de policía escolar de Uvalde es acusado de demorar respuesta mientras agresor "cazaba" niños

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — El jefe de la policía escolar de Uvalde, Texas, no identificó un tiroteo en curso, no siguió su entrenamiento ni tomó decisiones clave, lo que demoró la respuesta de las fuerzas policiales para frenar a un joven armado que estaba “cazando” víctimas y a fin de cuentas mató a 21 personas en la escuela primaria Robb, según una acusación hecha pública el viernes.

Pete Arredondo fue arrestado y fichado en la cárcel del condado de Uvalde antes de ser liberado el jueves por la noche acusado de 10 delitos graves por abandonar o poner en peligro a un niño en el ataque del 24 de mayo de 2022 en el que 19 niños y dos maestras fueron asesinados.

El exagente escolar Adrian Gonzales, uno de los primeros agentes en entrar en el edificio después de que comenzara el tiroteo, fue acusado de 29 cargos similares de abandonar su entrenamiento y no enfrentarse al atacante, incluso después de escuchar disparos mientras permanecía parado en un pasillo. Gonzales fue fichado el viernes y quedó en libertad bajo fianza.

Arredondo, de 52 años, y Gonzales, de 51, son los primeros policías acusados ​​penalmente por la respuesta policial a uno de los peores tiroteos escolares en la historia de Estados Unidos, y las acusaciones de un jurado investigador del condado Uvalde se dan luego de dos años de exhortos de algunas familias para que se tomara tal medida. Algunos familiares de las víctimas dijeron el viernes que están contentos de que Arredondo y Gonzales hayan sido acusados, pero quieren que se acuse a más agentes.

“Decidieron acusar sólo a dos. Para mí es difícil de aceptar”, dijo Jesse Rizo, cuya sobrina, Jacklyn Cazares, fue una de los niños asesinados.

En un comunicado, un abogado de Gonzales calificó los cargos contra los policías de “sin precedentes en el estado de Texas.”

“La postura del señor Gonzales es que no violó la política del distrito escolar ni la ley estatal”, dijo Nico LaHood, exfiscal distrital del condado de Bexar, que incluye a San Antonio.

El número de teléfono de Arredondo no se encuentra en el directorio y el secretario de la corte no tenía ningún registro de que contara con un abogado.

El primer agente de policía juzgado en Estados Unidos por presuntamente no actuar durante un tiroteo escolar fue un agente de la policía escolar en Florida que no ingresó en el edificio de aulas ni confrontó al perpetrador de la masacre de Parkland en 2018. El agente, que fue despedido, fue absuelto del delito de negligencia criminal el año pasado. Está pendiente una demanda de las familias de las víctimas y los sobrevivientes.

La acusación contra Arredondo, quien era el comandante en el lugar del tiroteo, señala que retrasó la respuesta policial a pesar de escuchar disparos y de haber sido notificado de que había niños heridos en las aulas y que una maestra había recibido un disparo. Arredondo llamó a un equipo SWAT, ordenó a los agentes que respondieron inicialmente que abandonaran el edificio, e intentó negociar con el agresor de 18 años, según la acusación.

“Después de ser advertido de que uno o varios niños habían resultado heridos en un aula de la escuela primaria Robb, Arredondo no identificó el incidente como un tiroteo activo y no respondió según el entrenamiento que había recibido para dicha circunstancia, sino que ordenó a los policías que evacuaran el ala antes de enfrentarse al tirador, retrasando así la respuesta policial a un tirador activo que estaba cazando y disparando a uno o varios niños”, reza el texto de la acusación.

Las acciones e inacciones tanto de Arredondo como de Gonzales constituyeron “negligencia criminal”, según el acta acusatoria.

Más de 370 agentes de policía federales, estatales y locales acudieron a la escuela primaria Robb, pero esperaron más de 70 minutos antes de enfrentarse al agresor, mientras se oía cómo disparaba con un fusil AR-15. Los alumnos aterrorizados llamaron al servicio de urgencias 911 mientras los padres suplicaban a los agentes —algunos de los cuales podían oír los disparos desde un pasillo en el que se encontraban— que entraran. Finalmente, un equipo táctico de agentes entró en el aula y mató al tirador.

“Quiero que se acuse a todas y cada una de las personas que estaban en el pasillo por no proteger a los más inocentes”, declaró el viernes Velma Durán, cuya hermana, Irma García, fue una de las profesoras asesinadas. “Mi hermana protegió a esos niños con su propio cuerpo, algo que podían haber hecho ellos. Tenían los medios y las herramientas para hacerlo”.

No está claro si el jurado investigador considera acusar a más personas.

Arredondo está acusado de no proteger a los sobrevivientes del ataque, entre ellos Khloie Torres, quien llamó al servicio de urgencias 911 y suplicó que los ayudaran, diciéndole a un operador: “Por favor, dese prisa. Hay muchos muertos. Algunas de mis maestras siguen vivas, pero les dispararon”.

A Gonzales se le acusa de no haber protegido a los niños que murieron ni a los sobrevivientes.

Aunque el informe de la investigación realizada por los legisladores de Texas identificó a Gonzales como uno de los primeros agentes que ingresaron al edificio, también identificó a otros dos agentes que supuestamente oyeron disparos. No está claro si esos agentes también han sido investigados por el jurado investigador.

“Tras oír disparos, ser advertido de la ubicación general del tirador y tener tiempo para responder, (Gonzales) no siguió, no enfrentó, no distrajo ni retrasó al tirador”, y “no respondió a los disparos”, según el acta acusatoria.

Los cargos conllevan hasta dos años de cárcel en caso de ser declarados culpables.

En una entrevista con el Texas Tribune dos semanas después de la masacre, Arredondo insistió en que tomó las medidas que creía que protegerían mejor las vidas de los alumnos y profesores.

“Mi intención era llegar lo antes posible, eliminar cualquier amenaza y proteger a los alumnos y al personal”, declaró al periódico.

Desde entonces, informes de investigación estatales y federales sobre la respuesta policial han descrito “una cadena de errores” en capacitación, comunicación, liderazgo y tecnología.

Arredondo perdió su empleo y varios otros agentes fueron despedidos a la postre. Según investigaciones separadas del Departamento de Justicia federal y de legisladores estatales, la respuesta policial fue ineficaz.

El senador estatal de Texas Roland Gutierrez, quien representa a Uvalde, dijo que la investigación no debería detenerse con las acusaciones contra Arredondo y Gonzales. Gutierrez ha criticado al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a su jefe, Steve McCraw. Más de 90 elementos del DSP estatal se encontraban en la escuela —más que cualquier otra agencia— y McCraw testificó ante el jurado investigador en febrero.

“Todos y cada uno de los agentes que se quedaron parados ese día deben rendir cuentas”, dijo Gutierrez. “No podemos descansar hasta que se haga justicia”.

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El periodista de The Associated Press Terry Spencer en Fort Lauderdale, Florida, contribuyó a esta nota.