Activistas alertan que desaparecer el Instituto de Lenguas Indígenas violaría derechos de los pueblos

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En diversas partes de México se viven crisis lingüísticas. Especialistas han documentado que aunque en el país hay 364 lenguas o variantes indígenas, algunas de ellas están cerca de extinguirse, como el kiliwa, que apenas conserva cuatro hablantes en el municipio bajacaliforniano de San Pedro Mártir; el pálago, que tiene sólo 11 en dos municipios sonorenses, o el cucapá, que registra 23 hablantes en Baja California y Sonora.

Por ello, activistas, escritores e investigadores han expresado su preocupación porque se apruebe la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que propone la desaparición del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), organismo público dedicado a la preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en territorio nacional.

“A principios del siglo XIX, el 70% de la población hablaba una lengua indígena; ahora somos aproximadamente el 6.1%, y esto se debe a que el Estado mexicano, a través de la historia, ha implementado políticas muy agresivas para desaparecer las lenguas indígenas“, explica Yásnaya Aguilar, lingüista, escritora, traductora y activista ayuujk (mixe).

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¿Qué dice la iniciativa de ley sobre la desaparición del INALI?

En enero de 2022, López Obrador envió una iniciativa al Congreso para la fusión del INALI con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), pero ésta quedó detenida. Sin embargo, este año el presidente planteó nuevamente la propuesta, como parte del paquete de 20 reformas conocido como “Plan C”.

Según el proyecto de decreto publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el pasado 18 de abril, “tanto el INALI como el INPI realizan actividades dedicadas a preservar y enriquecer las lenguas de los pueblos y comunidades indígenas, lo que tiene como consecuencia la dispersión de los recursos públicos destinados a este objetivo y, por lo tanto, su dispendio”.

El texto afirma que “al integrar las atribuciones y recursos del INALI como una unidad administrativa al INPI se facilita la dirección sectorial y transversal de la política pública que se implemente en relación con la promoción, fortalecimiento, desarrollo y preservación de las lenguas indígenas nacionales, dirigida a garantizar de forma efectiva el pleno ejercicio de derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro país”.

Desde 2022, el propio director del INALI, Juan Gregorio Regino, dijo al periódico Reforma que, en caso de que el organismo se “fusione” con el INPI, “se perdería un espacio muy importante desde la academia para ir avanzando en la construcción de un Estado pluricultural que establece el artículo segundo de la Constitución”.

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En contraste, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, señaló en conferencia de prensa que la fusión “no significa un debilitamiento del Instituto” y afirmó que ello no afectará sus funciones.

“Se le quiere desaparecer en un contexto de violación de derechos lingüísticos”

La historia de la creación del INALI comenzó en 1996, cuando el gobierno de México firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, documento con el que se comprometió a modificar la Constitución para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y atender sus demandas en materia de justicia e igualdad.

Yásnaya Aguilar cuenta que, ante políticas como el uso de libros de texto que nombraban al español lengua nacional, así como la violencia física y psicológica por hablar una lengua indígena, “vino una gran lucha, y en el marco de los Acuerdos de San Andrés varios activistas que tenían años trabajando el tema crearon una propuesta que para 2003 se convirtió en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México, que pone por fin al español y las lenguas indígenas en la misma validez legal”.

“En esa ley se mandata la creación del INALI, que se supone que es quien debe dirigir las políticas lingüísticas del Estado mexicano, lo que en principio crea gran expectativa, al ser uno de los pocos organismos públicos creados, pensados y diseñados desde los pueblos indígenas, pero poco a poco se le fue desmantelando y olvidando en muchos aspectos, lo que dificultó que cumpliera su función, y en vez de fortalecerlo, ahora se le quiere desaparecer, en un contexto donde hay mucha violación de derechos lingüísticos”.

“Estamos en medio de una emergencia de la diversidad lingüística, y aún cuando México adquirió compromisos internacionales para impulsar las lenguas, se está desapareciendo un instituto que tendría que ser fortalecido para dictar las directrices de la política lingüística que hasta ahora, aunque la ley diga otra cosa, sigue siendo la castellanización, o sea, no se están respetando los derechos lingüísticos“, lamenta la activista.

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Aguilar considera que “no hay mucha esperanza en el INPI”, ya que otros proyectos a su cargo, como la Universidad de las Lenguas Indígenas, “están en una situación muy precaria que no responde a la necesidad de atender la emergencia que tenemos. Para poder extinguir una lengua, necesitas violentar sistemáticamente a sus hablantes, y eso es lo que tiene que parar, lo que tiene que garantizar el INALI para que se haga cumplir la ley de derechos lingüísticos”.

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Sin consultas a la población indígena

Irma Pineda, poeta y activista zapoteca, reclama que no se ha consultado a las personas indígenas acerca de la posible desaparición del INALI, aún cuando es una decisión que debe ser dialogada con ellos.

“Es una propuesta del presidente López Obrador en aras de la austeridad y la simplificación administrativa que se dio sin consulta ni acercamiento con poblaciones indígenas, profesores, escritores y activistas, pero de todos modos se mandó la iniciativa a la Cámara de Diputados, donde comenzaron a discutirla desde el año pasado, pero ante las movilizaciones de varios grupos se consiguió que se congelara su discusión”, recuerda Pineda.

“Desconocemos los intereses de la diputada Irma Juan Carlos, que como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados federal sacó un acuerdo donde emiten una opinión positiva para la fusión que en términos generales significa la desaparición del INALI, pues esto lo hace por cuenta propia, sin que ella represente la voz de los pueblos indígenas”, agrega.

La poeta señala que hay varias preocupaciones sobre esta propuesta, “pues el desaparecer esta institución es una mala señal de parte del Estado, porque es como si nos dijera a los pueblos indígenas que están negando su responsabilidad frente a las lenguas indígenas, ya que buena parte del desplazamiento que han tenido las lenguas en este país ha sido por la acción directa y lingüística a través del sistema escolar, de la discriminación y el racismo que hay en las diversas instituciones públicas”.

Además, afirma que “desestima el esfuerzo y la lucha de varios sectores que pugnaron porque se creara el INALI, que no fue una ocurrencia ni una concesión del Estado, sino el resultado de las luchas de diversos grupos de profesores, escritores, intelectuales, activistas y gente de los pueblos indígenas que vio la necesidad de tener garantizado su derecho a hablar su propia lengua en su propio país sin estar viviendo violencias y discriminaciones, por el solo hecho de pertenecer a una cultura no hegemónica”.

Con la posible desaparición del INALI, Pineda teme que sus labores se reduzcan “a una pequeña dirección con poco personal especializado, como lingüistas, investigadores y formadores, porque no tenemos la certeza de que tendrá la misma importancia al ser un área reducida dentro de una institución grande como es el INPI. Consideramos que no va a tener la misma importancia, dado que esta institución tiene otras prioridades como los caminos artesanales y los planes de justicia, es decir, se diluye y se pierde la acción del Estado respecto al fortalecimiento de las lenguas”.

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

“Se necesita información, que se sepan las ventajas y desventajas” 

Martín Rodríguez Arellano, abogado, poeta y activista mixe, remarca la necesidad de que se dé una consulta, pues dice que “se necesita información, que se sepan las ventajas y desventajas de que se fusione el INALI con el INPI, y que nosotros podamos exponer en el mismo sentido nuestros argumentos para que sean analizados a profundidad por el legislativo y no hacer esta reforma porque se afectaría más a la población hablante de las lenguas originarias con la disminución de su práctica y escritura”. 

“Hasta ahora no han consultado a la población, no han permitido que esta exprese el sentir de que esta propuesta no representa a los intereses de las personas hablantes de lenguas indígenas, sino que solamente obedece a la propuesta del Ejecutivo”, indica Rodríguez. 

El poeta alerta que de aprobarse, “el INALI quedaría subordinado y se verían muy limitadas las acciones que ha venido haciendo, ya que tanto el presupuesto como su plan de acción serán menores”.

“Queremos que tomen en cuenta a la población de abajo, no nada más a la de arriba, que le dicen que las reformas no se van a aprobar a rajatabla, porque son representantes del pueblo y en este caso las decisiones que están tomando van en sentido contrario a nuestros intereses”, reclama el poeta.

La asociación de Escritores en Lenguas Indígenas -a la que pertenece Martín Rodríguez Arellano- emitió un comunicado exhortando a la Cámara de Diputados y al Senado que se reconsidere la decisión de desaparecer el INALI y que se establezcan instituciones que “verdaderamente atiendan, promuevan y protejan la diversidad lingüística y cultural de nuestro país, en lugar de debilitar los esfuerzos que hasta ahora se han realizado desde los mismos pueblos indígenas”.

“Resulta paradójico que en pleno Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas se quiera desaparecer al INALI, en vez de que las políticas públicas del Estado mexicano se enfoquen en acciones concretas para fortalecer, preservar y visibilizar las lenguas indígenas. Esta actitud de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de legislar para desaparecer instituciones destinadas al desarrollo de los pueblos originarios, en vez de fortalecerlas, es una afrenta al pueblo mexicano, en particular a los pueblos y comunidades”, expresaron.

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