CARACAS.- En una decisión que era ampliamente anticipada, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, presidido por la magistrada Caryslia Rodríguez, validó la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. El fallo, que llega en medio de fuertes tensiones políticas y cuestionamientos desde el exterior, confirma los resultados anunciados previamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el oficialismo, que otorgó a Maduro la victoria a pesar de las acusaciones de fraude y las irregularidades señaladas tanto por la oposición como por observadores internacionales.

El TSJ, controlado mayoritariamente por simpatizantes del chavismo, inició un proceso de verificación de las actas electorales -que nunca fueron publicadas oficialmente- rechazado por la oposición, que calificó de “nula” cualquier decisión que el máximo tribunal tome para validar lo que consideran un fraude electoral, argumentando que la corte no tiene la competencia para interferir en las funciones del CNE.

La presidenta del tribunal indicó que tras la comparecencia de los actores convocados y recolectados los instrumentos electorales, los magistrados de la sala electoral del tribunal certificaron “de manera irrestricta e inequívoca” los resultados electorales.

“Podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación. Estas actas mantienen plena coincidencia con la base de datos de los Centros Nacionales de Totalización”, indicó Rodríguez al leer la sentencia, a pesar de que esas actas no son públicas.

Rodríguez también avaló la versión del gobierno de que hubo “un ataque cibernético masivo” contra el sistema electoral del CNE que complicó el escrutinio; ratificó que la Sala Electoral tenía competencia ante el recurso contencioso electoral introducido por Maduro y afirmó que el proceso queda concluido “de manera definitiva”.

“(Tenemos el) compromiso y la voluntad ante el pueblo venezolano de impartir justicia para garantizar la paz y la tranquilidad de la República, por lo que nada nos detendrá en nuestra función”, manifestó.

Reacciones

La líder opositora María Corina Machado, una de las figuras más prominentes contra el régimen, publicó en su cuenta de X un breve pero contundente mensaje dirigido al TSJ minutos antes del dictamen: “TSJ: Échenle bola”, un mensaje para motivar un dictamen favorable de parte del tribunal.

Por su parte, el candidato opositor Edmundo González Urrutia expresó en su cuenta de X que “ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular”, y apuntó contra el TSJ: “El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis. Los venezolanos no estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad ni a nuestro derecho a cambiar en paz para vivir mejor”.

La reacción de la comunidad internacional tampoco se hizo esperar. Incluso antes del anuncio del TSJ, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela emitió un comunicado en el que advierte que tanto el TSJ como el Consejo Nacional Electoral (CNE) carecen de independencia e imparcialidad.

“El Tribunal Supremo de Justicia de #Venezuela fue apoderado para auditar los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral. @ONU advierte que ambas instituciones carecen de independencia e imparcialidad”, escribió la misión en X.

En respuesta, Machado agradeció a la Misión por la “firme e inequívoca” posición y dijo que “no existe maniobra alguna que pueda otorgarle un ápice de legitimidad a Nicolás Maduro, frente al Golpe de Estado a la Constitución que pretenden perpetrar”.

Edmundo González comentó en un tuit tras conocer el fallo que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

Por su parte, el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) condenó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, calificándola como una validación ilegal del fraude electoral que proclamó a Nicolás Maduro como ganador. El FADD hizo un llamado a la comunidad internacional para intensificar la presión sobre el régimen y avanzar hacia una transición democrática en Venezuela.

Además, en una carta publicada ayer, la oposición anunció que “cualquier eventual sentencia de la Sala Electoral (del Tribunal Supremo) que pudiera convalidar el fraude electoral que se está imponiendo sería nula de pleno derecho”.

La carta difundida en las redes sociales por Corina Machado y González Urrutia decía que los magistrados de la Sala Electoral del TSJ estarían violando los “derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa”. Y añadió que esa sala “no está facultada” para ejercer funciones sobre el proceso de votación.

“De hacerlo, estaría violando el principio de separación de los poderes públicos, claramente establecido en fondo y forma en la Constitución. Estaría, además, invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas”, estableció.

Un recurso polémico

Maduro fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales del 28 de julio por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, el CNE no ha hecho público el recuento detallado de los votos, alegando que su sistema fue hackeado. La oposición denunció los resultados como fraudulentos y reivindicó la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.

Nicolás Maduro, que afirma que se enfrenta a un intento de “golpe de Estado”, presentó semanas atrás un recurso ante el Tribunal Supremo para que se valide su victoria.

“He presentado un recurso para que la Sala Electoral del Tribunal Supremo aclare el ataque contra el proceso electoral, incluyendo el hackeo que el gobierno denunció como justificación de la falta de actas desde el domingo,” explicó el mes pasado, señalando que todos los involucrados, desde el poder electoral hasta los candidatos, deberían comparecer para certificar los resultados del 28 de julio mediante un peritaje técnico exhaustivo.

Por eso es que el TSJ convocó a los diez candidatos presidenciales, incluidos Maduro y González Urrutia, para comparecer en el marco de esta investigación iniciada a petición del propio mandatario.

Este proceso fue visto por muchos como una formalidad destinada a legitimar la reelección de Maduro ya que, además de que sea tratado en un tribunal que en dos décadas siempre ha fallado a favor de la revolución además de convertirse en el principal martillo contra la oposición, las partes convocadas al proceso no han tenido acceso al expediente. No sólo la oposición democrática, representada por el ganador de las elecciones según la oposición, Edmundo González, y por el exvicepresidente del CNE Enrique Márquez, tampoco el resto de partidos.

Agencias AP, Reuters y diario El Nacional