El chavismo busca legitimar el megafraude electoral con una sentencia de la Corte Suprema

CÚCUTA, Colombia.- La escena parece sacada de una película de serie B sobre alienígenas o de una temporada nunca vista de CSI Caracas. Unos supuestos peritos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela abren unos sobres y unas cajas ataviados con un disfraz de laboratorio, como si aquello estuviera radiactivo. Tapabocas, gorras, chalecos, guantes blancos para funcionarios y observadores internacionales amigos de la revolución.

En los videos hechos público por el sistema de propaganda revolucionario esos expertos se mueven como si fueran robots, pero casi todo falla a su alrededor. Las computadoras que deberían demostrar la existencia de un cibergolpe de Estado (según el gobierno, el hackeo desde Macedonia del Norte persistía ayer, 22 días después de las elecciones, el más largo de la Historia de la Humanidad) no están conectados a ninguna red, las hojas que manejan están en blanco, los mouses con el cable sin desenrollar… Tanto es así que el antiguo vicefiscal general Zair Mundaray advirtió que para el Cinecittà bolivariano se rescataron unas computadoras fuera de uso.

El objetivo del show revolucionario es que el TSJ emita una sentencia en la que dé por buenos los resultados gubernamentales del 28 de julio, el “triunfo” de Nicolás Maduro, pese a que las actas electorales demuestran que perdió por cuatro millones de votos. Expertos y juristas consultados por LA NACION aseguran que la sentencia es inminente. Y eso pese a que se trata de un órgano jurisdiccional “sin competencia en la certificación de una elección de un cargo público, exclusiva del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, detalló a LA NACION el experto electoral Jesús Castellanos.

En Venezuela, tras la Constitución aprobada en los primeros tiempos de la revolución, existen cincos poderes “separados”, algo inexistente en la realidad: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y moral.

“Señores del Supremo, no pierdan el tiempo con su acto bufo de ‘peritaje’. Podemos anticipar su decisión y nadie ni en Venezuela ni en el mundo les va a creer. Si lo que hizo el CNE fue escandaloso y grotesco, lo que intenta el TSJ es peor aún. No existe un solo organismo que no esté bajo control total del PSUV [Partido Socialista Unido de Venezuela] y del Ejecutivo”, denunció este martes Andrés Velásquez, dirigente de la Plataforma Unitaria, muy cercano a María Corina Machado.

Una de las claves que desnuda la actitud del TSJ, tribunal que en dos décadas siempre ha fallado a favor de la revolución además de convertirse en el principal martillo contra la oposición, es que las partes convocadas al proceso no han tenido acceso al expediente. No sólo la oposición democrática, representada por el ganador de las elecciones según la oposición, Edmundo González Urrutia, y por el exvicepresidente del CNE Enrique Márquez, tampoco el resto de partidos.

Imposible esperar algo distinto de unos jueces, encabezados por Caryslia Beatriz Rodríguez, exalcaldesa chavista de Caracas, que previamente expropiaron una docena de partidos a sus verdaderos directivos, incluido el Partido Comunista. Ya en 2021 se entrometieron en la victoria opositora en Barinas, cuna de la revolución, para forzar la repetición de los comicios y la inhabilitación del ganador.

“Desconocen el contenido del recurso presentado, desconocen en qué consiste exactamente el peritaje que ha anunciado el TSJ, desconocen quiénes son los peritos o expertos técnicos que se han designado para hacer el supuesto peritaje y no han tenido oportunidad legal de hacer ningún control sobre el procedimiento, de tener testigos durante el proceso y, en general de plantear otros medios de prueba o ejercer control probatorio. Eso invalida el proceso en el TSJ por violar los principios más elementales del debido proceso”, describió con detalle a LA NACIÓN el jurista Nizar El Fakih, experto en Derecho Internacional.

“Es fundamental la participación activa de las partes involucradas, los candidatos, no sólo en la generación de pruebas sino conocimiento del proceso del peritaje”, insistió Castellanos, quien junto a otros expertos se ha encargado de denunciar la importancia que tienen las auditorías que se realizan una vez acabado el recuento y que el CNE omitió esta vez, paralizado ante la paliza electoral propinada por González Urrutia al jefe de la revolución.

La farsa revolucionaria parte con un pecado original de mucho peso: el CNE no ha divulgado los resultados discriminados por centro electoral y por mesa de votación, “sobre lo cual también debió realizar las auditorías de telecomunicaciones y verificación de las distintas fases de transmisión y totalización, con la presencia de todos los testigos acreditados incluyendo los testigos de oposición. Sin ello, no se ha permitido validar las actas de escrutinio y bases de datos que debió usar el CNE para emitir su totalización”, agrega El Fakih.

Además, según los estándares internacionales, “el peritaje debería incluir una realización conforme a criterios técnicos por instancias independientes y una revisión exhaustiva de todos los componentes asociados a la totalización y proclamación” de los resultados, precisó Castellanos.

En definitiva, el país se prepara para “una mal llamada sentencia, no prevista legalmente, sin la debida información a las partes y bajo la responsabilidad de una persona sin los atributos constitucionales para ser magistrada y ofreciendo al final el mismo resultado global anunciado por el CNE la madrugada del 29 de julio. Será la confesión de culpabilidad de los firmantes en cuanto a su participación en este golpe de Estado”, advierte a este diario Cristóbal Fernández, expresidente del Parlamento.

El chavismo no sólo busca legitimar a Maduro con la farsa judicial, también pretende asestar un nuevo golpe contra la esperanza del país. Pero la oposición democrática se reserva una carta bajo la manga: la reaparición del rector del CNE Juan Carlos Delpino, actualmente en paradero desconocido. El ente electoral está compuesto por tres funcionarios chavistas, una colaboracionista y Delpino, quien ha criticado previamente el esquema de poder que se maneja en el seno del CNE.