La Academia Nacional de Periodismo rechazó la denuncia de Agustín Rossi contra medios y periodistas y lo acusó de criminalizar la práctica profesional

La Academia Nacional de Periodismo expresó su rechazo a la denuncia penal que promovió el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, contra los periodistas Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro y los diarios Clarín y LA NACION por haber publicado artículos en los que menciona un pedido de informes de diputados opositores vinculado a la existencia de una supuesta “mesa militar” dedicada al espionaje ilegal.

“Un funcionario del máximo nivel jerárquico pretende criminalizar el ejercicio del periodismo al querer convertir el código penal en una herramienta de castigo. Al mismo tiempo, el interventor expresó que quiere que los periodistas le digan a la Justicia quién les dio la información, violando expresamente el artículo 43 de la Constitución Nacional sobre el secreto de las fuentes”, señaló la Academia Nacional de Periodismo en su mensaje.

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Y agregó: “El alto funcionario denunciante está exigiendo que la publicación de información de interés público sea un delito de prensa. Lo que es un derecho pretende convertirlo en un delito. En forma explícita, entonces, la denuncia impugna el ejercicio profesional del periodismo. Los periodistas son guardianes del interés público y tienen el rol de ponderar si los secretos que las instituciones públicas guardan son legítimos o no. En especial, en una agencia de enorme importancia institucional, como la AFI, es especialmente relevante que el periodismo indague e informe a la sociedad sobre su estado de situación”.

La Academia Nacional de Periodismo se refirió a la jurisprudencia que protege el trabajo profesional. “La jurisprudencia nacional e internacional protege a los periodistas en su defensa del derecho a la información de la sociedad frente a los secretos estatales. De hecho, esa es una de las claves de la vida democrática: en los autoritarismos, los periodistas están subordinados a los servicios de inteligencia; en cambio, en las democracias, la prensa tiene potestad de definir cuál es el interés público que hay que defender, y qué información debe publicarse”, señaló.

Y añadió: “Por eso, que el titular de la AFI exija que los periodistas estén inmersos en la Ley de Inteligencia Nacional es extender su control más allá de los límites republicanos; que el jefe de los espías quiera controlar lo que se publica es incompatible con la luz pública de la democracia”.

Al rechazo a la denuncia también se sumó el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que se expresó a través de un comunicado en las redes sociales.

La denuncia

Rossi presentó el miércoles una denuncia penal contra periodistas y medios que, según él, revelaron información secreta cuando informaron sobre las sospechas de la existencia de una “mesa militar” a disposición del Gobierno. La denuncia fue sorteada y le tocó al juzgado federal 6, que momentáneamente está a cargo del juez Sebastián Ramos. El fiscal del caso será Carlos Rivolo.

“Estamos denunciando a Joaquín Morales Solá, Daniel Santoro, al diario Clarín y LA NACION por publicar nombres de agentes de inteligencia”, adelantó anoche Rossi en declaraciones a C5N. Esta mañana ingresó la presentación en la justicia federal porteña. Los delitos de los que acusa a los denunciados, según la pagina web del Poder Judicial, son la “revelación de secretos políticos y militares” en las dos versiones que prevé el Código Penal para esa figura, dolosa y culposa.

El responsable de la AFI cuestionó la supuesta difusión de nombres de agentes de Inteligencia, la presunta divulgación de la estructura y las funciones del organismo, y también la publicación de partes de la carta que él mismo le envió a la Comisión Bicameral de Inteligencia.

Joaquín Morales Solá, que escribió la primera nota sobre el tema en LA NACION, contó que un pedido de informes de la oposición en la Comisión Bicameral de Inteligencia nombraba al militar Marcelo Granitto y a dos civiles: Ramiro Gómez Riera y Roberto Adrián Román.

Un dato llamativo de la denuncia de Rossi es que él mismo había dicho, en un diálogo con LA NACION posterior a la nota de Morales Solá, que Granitto no trabajaba en la AFI, “ni como contratado ni en planta permanente ni como personal de gabinete”.

En cuanto a Gómez Riera y Román, Rossi confirmó que el primero cumple funciones de asesor en el organismo, mientras que el segundo ocupa el cargo de secretario de Planificación de Inteligencia Nacional. “Román es historiador, es de Rosario, y milita conmigo hace veinte años”, afirmó Rossi, que dijo incluso: “No es ningún secreto, si hasta integró mi equipo para el área de Seguridad cuando pugné por ser candidato a gobernador de Santa Fe. Entró conmigo, es un funcionario político y se irá conmigo el 10 de diciembre”. Sobre el otro nombrado, sostuvo: “En cuanto a Gómez Riera, sí, antes trabajó en la dirección de Inteligencia Estratégica Militar, sí. ¿Y?”.

El pedido de informes de legisladores de Juntos por el Cambio hizo alusión a una “mesa militar” que funcionaría dentro de la AFI y que integraría, dijeron, un grupo de militares liderados por el teniente general retirado César Milani, exjefe del Ejército, que habría hecho espionaje prohibido.

Para la oposición, este grupo estaría dedicado a “la obtención y análisis de información respecto de militares en actividad y/o retirados”, y, además, tendría un enlace con empresas de telefonía para acceder a los registros de llamadas y mensajes de WhatsApp. Si bien Rossi negó la existencia a través de una carta a la Comisión Bicameral, la respuesta no conformó a la oposición, que reclamó más datos.

Este martes, Rossi justificó su ofensiva contra periodistas y medios. “Se trata de cumplir o no cumplir la ley. Cuando alguien infringe la ley hay que hacer la denuncia en la Justicia”, dijo. Además, el funcionario aseveró que la obligación de mantener el secreto respecto de las comunicaciones de la Comisión Bicameral de Inteligencia “también la tiene el periodista”.

Rossi insistió en su argumento y consignó que, como responsable de la AFI, debe “velar por el cumplimiento de la ley de Inteligencia” y proteger a los miembros del organismo.