El aborto ayuda a reestructurar la política de Puerto Rico y les da una oportunidad a los conservadores

SAN JUAN, Puerto Rico — Hace tres años, después de que la asamblea legislativa de Puerto Rico apenas logró derrotar las nuevas restricciones al aborto, el cardiólogo y pastor César Vázquez Muñiz fundó un nuevo partido político cuya misión, prometió, incluiría “defender la vida".

Ahora, con un solo senador y un representante en la Asamblea Legislativa, el partido advenedizo de Vázquez, el Proyecto Dignidad, ha contribuido a liderar un nuevo intento para limitar el aborto en la isla, una de las pocas jurisdicciones de Estados Unidos en las que el procedimiento sigue siendo legal en cualquier momento del embarazo.

La lucha en torno al aborto es la señal más clara de que la política puertorriqueña, centrada durante mucho tiempo en si la isla debe mantener su estatus de territorio o intentar convertirse en un estado, se está reestructurando. Hartos de que la cuestión del estatus haya eclipsado la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos de la población, los votantes han empezado aliarse a nuevos partidos que se centran en cuestiones sociales y en la ideología partidista. Por ello, los debates legislativos han empezado a parecerse un poco más a los que se llevan a cabo entre demócratas y republicanos en los estados, lo que da a los conservadores la oportunidad de acrecentar su poder.

“Sí queremos defender a los niños antes del nacimiento y otras cuestiones ideológicas particulares”, dijo Vázquez en una entrevista reciente. “Pero en lo fundamental, queremos dar marcha atrás a 40 años de corrupción gubernamental”.

En junio, el Senado de Puerto Rico aprobó una ley que prohíbe los abortos después de las 22 semanas, sin excepciones por violación o incesto. Cinco días después, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la sentencia del caso Roe contra Wade. Desde entonces, los legisladores de Puerto Rico han presentado una multitud de proyectos de ley que limitan el aborto, entre ellos uno del Proyecto Dignidad que lo prohibiría después de unas seis semanas de embarazo, un síntoma de una postura cada vez más agresiva entre algunos legisladores contra el procedimiento.

“La clase política ha sido demasiado tímida”, comentó en una entrevista la senadora Joanne Rodríguez Veve, miembro del Proyecto Dignidad y promotora de la prohibición de las 22 semanas. “Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre muchas cosas de nuestra vida: nuestra profesión, nuestros amigos, nuestros trabajos. Las mujeres no tienen derecho a decidir quién vive y quién muere”.

Incluso si la prohibición relativamente modesta de las 22 semanas fracasara en última instancia (los legisladores de la Cámara de Representantes parecen estar menos interesados en ello), los defensores del derecho al aborto en Puerto Rico temen que ahora se enfrenten a dos estrategias antiabortistas que han tenido éxito en muchos estados: mellar el aborto legal con restricciones parciales y luego tratar de eliminarlo por completo, una táctica que ha cobrado impulso desde la decisión de la Corte Suprema con respecto al caso Roe contra Wade.

“Es un panorama hostil y complicado”, señaló Yarí Vale Moreno, ginecoobstetra que dirige una clínica de abortos en San Juan, la capital. “Sería un retroceso, como lo ha sido en Estados Unidos”.

Tras la crisis económica, la bancarrota, el huracán María, el escándalo político y la pandemia del coronavirus, los puertorriqueños han empezado a abandonar los partidos tradicionales que se definían en función de si la isla debía seguir siendo un estado libre asociado, convertirse en estado o buscar la independencia, y en su lugar se han decantado por otros de reciente creación que se preocupan más por las cuestiones sociales, como el Proyecto Dignidad.

“Creo que los partidos tradicionales van a estallar en los próximos cinco años”, afirmó Eduardo Bhatia, un expresidente del Senado del partido a favor del estado libre asociado que ahora enseña en Princeton. “Habrá dos partidos, liberales y conservadores. Vamos a ser algo más parecido a los demócratas y los republicanos”.

Bhatia añadió que los activistas comunitarios que formaban parte de la maquinaria política y que solían organizar las campañas han sido sustituidos por pastores mayoritariamente evangélicos, sobre todo fuera del área metropolitana de San Juan.

En las últimas elecciones de Puerto Rico, en 2020, muchos votantes jóvenes se acercaron al Movimiento de Victoria Ciudadana, un partido cuyos líderes dicen que resolver los problemas económicos y sociales de la isla es más importante que resolver la cuestión del estatus. Algunos conservadores cristianos se pasaron al Proyecto Dignidad. La mayoría de los puertorriqueños son católicos, y una encuesta del Centro de Investigaciones Pew descubrió en 2014 que del 33 por ciento de la isla que se identificaba como protestante, aproximadamente la mitad también se identificaba como cristiano renacido.

El resultado es una legislatura difícil de etiquetar que ha endurecido las sanciones contra la violencia de género, pero que también ahora considera restricciones al aborto, una dinámica que desafía la noción de muchos en Washington de que si Puerto Rico fuera un estado, sería un refugio liberal.

“Esta es una legislatura que refleja la complejidad de Puerto Rico”, declaró la senadora Ana Irma Rivera Lassén, miembro del Movimiento de Victoria Ciudadana, que ha presentado legislación para codificar el derecho al aborto. “Nadie tiene una mayoría absoluta ahora mismo. Siempre hay que buscar votos en el otro lado”.

El día después de que el alto tribunal anulara la sentencia del caso Roe contra Wade, la diputada Lisie J. Burgos Muñiz, del Proyecto Dignidad, presentó un proyecto de ley para penalizar a las mujeres que aborten con una condena de 99 años de cárcel. Retiró la propuesta un día después, debido a una intensa oposición, pero con eso reveló su intención de emprender políticas más enérgicas.

Los abortos en la isla se ven limitados por la falta de acceso y de médicos dispuestos o capacitados para llevar a cabo el procedimiento en las últimas etapas del embarazo. Los años de inestabilidad económica dieron pie a una fuga masiva de cerebros, especialmente en el campo de la medicina, que desde la pandemia ha experimentado una mayor escasez de personal. En la actualidad, Puerto Rico, que tiene una población de unos 3,2 millones de habitantes, cuenta con menos de 100 ginecólogos.

El número de clínicas de aborto en la isla se ha reducido a cuatro de las 43 que existían en 1980, según la Asociación Pro-Vida de Puerto Rico. Los defensores del derecho al aborto cuestionan la cifra anterior; el Departamento de Salud de Puerto Rico indicó que el número de clínicas en 2000 era de ocho.

Hace unos siete años, unos misioneros cristianos de Tampa, Florida, abrieron el primer “centro de crisis de embarazo” antiabortista de Puerto Rico en Bayamón, cerca de San Juan, a pocas calles de una clínica de abortos. Una mañana reciente, Liza Arroyo y Abdiel Contreras, activistas del centro, esperaron fuera de la clínica, tratando de persuadir a las mujeres de que continuaran con sus embarazos.

Contreras, de 40 años, respalda la prohibición del aborto a las seis semanas propuesta por el Proyecto Dignidad, un tiempo determinado por el inicio de la actividad cardíaca del feto. Pero se mostró escéptico ante la posibilidad de que los legisladores la aprueben, al afirmar que son más liberales que sus electores.

“La gente no cree en el aborto”, dijo Contreras. “Pero la legislatura no es la voz del pueblo”.

Dijo que solía votar al partido independentista de Puerto Rico, hasta que éste adoptó políticas sociales más liberales. Dejó de votar unos años, pues sentía que ningún partido lo representaba.

En 2020, votó por el Proyecto Dignidad.

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