Abogado municipal de Fresno investiga salarios de enfermeros en Valley Children’s

(English below)

Cuando una enfermera de Valley Children’s Healthcare alegó en una demanda que la política de compensación de la organización sin ánimo de lucro causaba que ella y otras personas ganaran menos del salario mínimo, el abogado municipal de Fresno, Andrew Janz, decidió investigarlo como un posible caso de “robo de salarios”.

Una nueva ley estatal otorga a los abogados municipales (y a otros fiscales locales) la potestad de investigar y perseguir las demandas por robo de salarios dentro de sus jurisdicciones. En abril, una ley del Concejo Municipal de Fresno otorgó también a Janz la facultad de citar a los documentos y testigos que necesite para investigar y hacer cumplir las leyes locales, estatales y federales.

Janz, quien se postuló sin éxito para alcalde en 2020, dijo el mes pasado que su oficina recibió la demanda civil, presentada por la enfermera registrada Bonnie Ferreria en el adyacente Condado de Madera. También dijo que “nuestra investigación está en curso”, refiriéndose a una investigación sobre si Valley Children’s, con sede en el Condado de Madera, cometió robo de salarios en alguna de sus instalaciones en Fresno.

La denuncia de Ferreria alega que Valley Children’s paga a los empleados una tarifa por hora de entre $6 y $8 mientras están de guardia pero no trabajan físicamente. Cuando se llama a los empleados para que vuelvan al hospital, se aplica otra tarifa, y a menudo pierden sus ganancias de $6-$8 por guardia, lo que hace que los empleados ganen menos del salario mínimo por sus turnos, según la denuncia.

Con la investigación y el posible procesamiento, Janz se ha metido de lleno en una conversación pública sobre las finanzas de Valley Children’s y su nivel de remuneración para los ejecutivos y el personal. Janz técnicamente trabaja para el Concejo Municipal de Fresno y algunos miembros de ese órgano electo han sido muy críticos con la postura de Valley Children’s sobre la remuneración de los ejecutivos, incluso pidiendo una investigación estatal sobre las finanzas de la organización sin ánimo de lucro de Madera.

La investigación de Janz es la primera que lleva a cabo su oficina desde la ampliación de sus poderes de investigación, y podría ser la primera de este tipo en el estado.

“Es un buen caso de prueba para ver cómo las jurisdicciones locales aplican realmente la ley (estatal)“, dijo en una entrevista con The Fresno Bee el abogado laboralista del Área de la Bahía Christian Schreiber, familiarizado con la nueva ley.

Legisladores afirman que aprobaron la nueva ley porque las denuncias de robo de salarios presentadas ante la Oficina del Comisionado Laboral de California pueden languidecer debido a que la oficina carece de fondos suficientes, no tiene personal suficiente y está sobrecargada de trabajo. Tras la aprobación de la nueva ley, que entró en vigor el 1 de enero, la oficina de Janz recibió en mayo una subvención estatal de $720,000 para ayudar a combatir el robo de salarios. El Programa de Protección contra el Robo de Salarios de la ciudad se pondrá en marcha el 1 de agosto con un nuevo sitio web donde los miembros de la comunidad pueden presentar quejas.

La oficina de Janz declinó hacer comentarios para este artículo. La portavoz de Valley Children’s Zara Arboleda tampoco quiso hacer comentarios sobre la investigación del abogado municipal. El mes pasado, proporcionó un comentario escrito sobre la demanda civil: “Valley Children’s Hospital niega rotundamente todas las acusaciones de la demanda y se defenderá de las reclamaciones en el litigio”.

Durante años, Valley Children’s ha ganado constantemente el reconocimiento como un proveedor de atención médica de primer nivel y es uno que atiende a un gran número de pacientes que son beneficiarios de Medi-Cal en un área de servicio de 12 condados. La queja de Ferreria se produjo en medio de meses de escrutinio –por parte de miembros de la comunidad y concejales de Fresno– de los multimillonarios salarios de los ejecutivos de la organización sin fines de lucro, especialmente para el director ejecutivo Todd Suntrapak, quien recibió una compensación anual de más de $5 millones en 2021 y 2022. Su compensación en 2022 fue la tercera más alta del país para los directores ejecutivos de hospitales infantiles, a pesar de que Valley Children’s ocupa el puesto 16 en número de camas.

Suntrapak también recibió un préstamo hipotecario condonable de $5 millones de Valley Children’s ese año. Los registros de propiedad del Condado de Monterey muestran que compró una casa adicional en la ciudad costera de Carmel-By-The-Sea por $6.5 millones en 2022, pero no se sabe si usó el préstamo para comprar la casa. Otros cinco ejecutivos de Valley Children’s recibieron compensaciones de más de $1 millón ese año.

Entre las críticas que recibió el hospital a principios de este año estaba el salario relativamente bajo de sus enfermeros en comparación con el salario promedio de otros enfermeros en el área de Fresno, quienes también ganan menos que sus homólogos de otras partes del Valle Central, según datos salariales federales y el agregador de ofertas de empleo en línea Indeed.

Suntrapak se ha negado a hablar con The Bee desde que las críticas a su salario y sus prestaciones se convirtieron en tema de cobertura informativa en marzo. Pero en una entrevista con ABC 30 a principios de junio, calificó los salarios de enfermería de “fluidos” y dijo que “recientemente hemos hecho un ajuste a nuestros salarios de enfermería que pone a nuestros salarios de enfermería a la par con cualquier otro en el área”.

La Cámara de Comercio de Fresno criticó en febrero la propuesta de otorgar a Janz el poder de investigar las denuncias de robo de salarios. La crítica se produjo en respuesta a que el Concejo Municipal concediera por unanimidad a Janz el nuevo poder de investigación. La Cámara de Comercio de California se opuso a la ley estatal cuando se estaba tramitando en la legislatura, argumentando que daría lugar a resultados irregulares en la aplicación de la ley porque los distintos gobiernos locales tendrían ideas diferentes sobre a quién investigar y procesar, y cómo hacerlo.

Concejales de Fresno aseguraron a los críticos que la ciudad no buscaría nuevos casos que perseguir y que solo perseguiría las infracciones más evidentes del código laboral, citando el caso fallido de Bitwise Industries como ejemplo de un caso atroz. No está claro si Ferreria, que presentó su demanda en el Condado de Madera, trabajó en una de las instalaciones de la organización sin ánimo de lucro en Fresno, o si el simple asunto del robo de salarios en Valley Children’s en Madera fue suficiente para que Janz decidiera investigar las operaciones de Valley Children’s en Fresno.

Un empleado de Saint Agnes Medical Center, con sede en Fresno, presentó una demanda contra el hospital en el Condado de Merced que refleja algunas de las acusaciones de Ferreria. Pero Janz no ha anunciado públicamente una investigación sobre Saint Agnes en sus instalaciones de Fresno.

La ley que faculta a Janz para investigar y perseguir el robo de salarios también le permite hacerlo independientemente de cualquier resultado de las demandas individuales de los empleados contra los empleadores. La demanda de Ferreria pretende ser una demanda colectiva, pero un juez del Condado de Madera aún no lo ha autorizado.

“Si es un empleado el que presenta la denuncia, tiene un interés privado en el resultado del caso y puede dar lugar a un pago a través de un acuerdo con el empleador”, dijo Schreiber, el abogado laboral del Área de la Bahía. “El abogado municipal está haciendo cumplir la ley en nombre del pueblo”.

En su anuncio del mes pasado, Janz dijo que su oficina remitirá la queja al Comisionado Laboral del estado si, tras su investigación, descubre que no tiene jurisdicción.

Pero si la oficina de Janz encuentra que el robo de salarios se cometió en Fresno, ya no es un asunto de jurisdicción, dijo Dan Gildor, un abogado laboralista de Valerian Law, con sede en el Área de la Bahía.

“Es función ahora (del abogado municipal) ir y hacer cumplir las leyes dentro de su jurisdicción”, dijo Gildor. “Es sólo una cuestión de si eso es algo que quieren hacer: ayudar a los ciudadanos de su municipio a combatir este problema de ámbito estatal”.

Fresno officials investigating Valley Children’s Healthcare

When a Valley Children’s Healthcare nurse claimed in a lawsuit that the nonprofit’s compensation policy caused her and others to make less than minimum wage, Fresno city attorney Andrew Janz decided to investigate it as a potential case of “wage theft.”

A new state law gives city attorneys (and other local public prosecutors) the power to investigate and prosecute wage theft claims within their jurisdictions. Fresno City Council legislation in April also gave Janz the power to subpoena documents and witnesses he needs to investigate and enforce local, state and federal laws.

Janz, who ran unsuccessfully for mayor in 2020, said last month that his office received the civil lawsuit, filed by registered nurse Bonnie Ferreria in adjacent Madera County. He also said that “our investigation is ongoing,” referring to a probe into whether Madera County-based Valley Children’s committed wage theft at any of its Fresno facilities.

Ferreria’s complaint alleges that Valley Children’s pays employees an hourly rate of $6-$8 while they are on-call but not physically at work. When employees are called back to the hospital, another rate applies, and they often forfeit their $6-$8 on-call earnings, resulting in employees making less than the minimum wage for their shifts, according to the complaint.

With the investigation and potential prosecution, Janz has injected himself into an ongoing public conversation about Valley Children’s finances and its level of executive and staff compensation. Janz technically works for the Fresno City Council and some members of that elected body have been highly critical of Valley Children’s stance on executive pay, even calling for a state investigation into the Madera nonprofit’s finances.

Janz’s investigation is the first by his office since the expansion of his investigative powers, and might be the first of its kind in the state.

“It’s a good test case to see the (state) law actually applied by local jurisdictions,” Bay Area labor attorney Christian Schreiber, who is familiar with the new law, said in an interview with The Fresno Bee.

Lawmakers say that they passed the new law because claims of wage theft filed with the California Labor Commissioner’s Office can languish because the office is underfunded, understaffed and overworked. After the passage of the new law, effective Jan. 1, Janz’s office received a $720,000 state grant in May to help combat wage theft. The city’s Wage Theft Protection Program will be launching Aug. 1 with a new website where community members can file complaints.

Janz’s office declined to comment for this report. Valley Children’s spokesperson Zara Arboleda also declined comment about the city attorney’s investigation. Last month, she provided a written comment about the civil lawsuit: “Valley Children’s Hospital strongly denies all allegations in the lawsuit and will defend itself against the claims in the litigation.”

For years, Valley Children’s has consistently gained recognition as a top-tier healthcare provider and is one that serves a large number of patients who are beneficiaries of Medi-Cal across a 12-county service area. Ferreria’s complaint came amid months of scrutiny — from community members and Fresno city councilmembers — of the multi-billion-dollar nonprofit’s executive pay, especially for CEO Todd Suntrapak, who received an annual compensation of more than $5 million in 2021 and 2022. His compensation in 2022 was the third-highest in the nation for children’s hospital CEOs, despite Valley Children’s ranking as 16th largest in bed count.

Suntrapak also received a $5 million forgivable home loan from Valley Children’s that year. Monterey County property records show he purchased an additional home in the beach town of Carmel-By-The-Sea for $6.5 million in 2022, but it’s uncertain whether he used the loan to buy the house. Five other Valley Children’s executives were compensated more than $1 million that year.

Among the criticisms of the hospital earlier this year was the relatively low pay rates for its nurses in comparison to the average pay rate for other Fresno-area nurses, who also make less than their counterparts in other parts of the Central Valley, according to federal wage data and online job listing aggregator Indeed.

Suntrapak has declined to speak with The Bee since criticism of his pay and perks became the subject of news coverage in March. But in an interview with ABC 30 in early June, he called nursing wages “fluid” and said “we recently made an adjustment to our nursing salaries that puts our nursing salaries on par with anybody else in the area.”

The Fresno Chamber of Commerce in February criticized the proposal to give Janz the power to investigate claims of wage theft. The criticism came in response to the City Council unanimously giving Janz the new power to investigate. California’s business chamber argued against the state law when it was moving through the legislature, arguing that it would lead to irregular outcomes in enforcement because different local governments would have different ideas about who to investigate and prosecute, and how to go about it.

Fresno city councilmembers assured critics that the city would not look for new cases to prosecute and only go after the most obvious violations of the labor code, citing the failed Bitwise Industries as an example of an egregious case. It’s unclear whether Ferreria, who filed her lawsuit in Madera County, worked at one of the nonprofit’s Fresno facilities, or if the simple question of wage theft at Valley Children’s in Madera was enough for Janz to decide to investigate Valley Children’s operations in Fresno.

An employee of Fresno-based Saint Agnes Medical Center filed a lawsuit against the hospital in Merced County that mirrors some of Ferreria’s allegations. But Janz has not publicly announced an investigation into Saint Agnes at its Fresno facilities.

The law that empowers Janz to investigate and prosecute wage theft also allows him to do it independently of any outcome from individual employee lawsuits against employers. Ferreria’s complaint aims for class action status, but that has not yet been authorized by a judge in Madera County.

“If you have an employee who makes the allegation, they have a private interest in the outcome of the case and it may result in a payment through a settlement agreement with the employer,” said Schreiber, the Bay Area labor attorney. “The city attorney is enforcing the law on behalf of the people.”

In his announcement last month, Janz said his office will be forwarding the complaint to the state Labor Commissioner if, after his investigation, he finds he does not have jurisdiction.

But if Janz’s office finds wage theft was committed in Fresno, it is no longer a question of jurisdiction, said Dan Gildor, a labor attorney with Valerian Law, based in the Bay Area.

“It’s (the city attorney’s) ability now to go and enforce the laws within their jurisdiction,” Gildor said. “It’s just a question of whether that’s something that they want to do: Help the citizens of their municipality to combat this statewide problem.”