Para abogado de Miami, encarcelado e inhabilitado hace décadas, premio corona una vida de redención

Una mañana reciente en el tribunal federal de Miami, un hombre se preparaba para declararse culpable de cargos de armas y drogas. El procedimiento no era nada especial, el tipo de audiencia que se celebra todos los días en Miami, excepto para un hombre en la mesa de la defensa, cuyo momento llevaba casi tres décadas de preparación.

Vestido con un traje negro, se levantó. “William Castro”, anunció. “Abogado defensor adjunto en nombre del acusado”.

Por primera vez desde que fue acusado en 1992 en el marco de un caso histórico de corrupción judicial en Miami, la Operación Escoba Judicial, Castro compareció ante el tribunal en persona como abogado autorizado, culminando un sinuoso camino hacia la redención. Su servicio a la comunidad en las décadas transcurridas ha sido tan excepcional que el jueves, Castro, de 67 años, fue homenajeado por el Gremio de Abogados Católicos de Miami.

El premio Lex Christi, Lex Amoris se otorga a los profesionales del Derecho que ejemplifican los valores católicos y suele concederse a jueces o abogados de renombre. Tras salir de la cárcel, Castro volvió a trabajar como asistente jurídico, pero lo extraordinario es lo que ha hecho fuera de la profesión.

Ha dedicado más de 13,000 horas al servicio de la comunidad, trabajando como activista de niños en situación de riesgo, organizando campañas de recolección de regalos para niños inmigrantes y dirigiendo retiros de la iglesia. Él y su esposa también han acogido y luego adoptado a tres niños.

En la Misa Roja anual del jueves en la histórica Iglesia del Gesú, en el downtown de Miami, decenas de abogados y jueces se reunieron para rezar y escuchar la historia de Castro. Admitió que todavía estaba un poco sorprendido por recibir el premio.

“La diferencia entre el Willie de 1992 y el de 2022 no es solo que tengo muchas más canas”, dijo Castro. “Es que mi fe y mi brújula moral finalmente se pusieron al día con mis habilidades. He crecido y he cambiado con el tiempo, para mejor. Sigo mejorando. Y sé que siempre puedo hacer más. Y lo haré”.

Pero aunque recientemente recuperó su licencia de abogado en Nueva York, Castro solo puede comparecer en los tribunales de su ciudad en circunstancias limitadas: en un tribunal federal, si es admitido por un juez como abogado de otro estado. Eso es lo que ocurrió en la sala de Miami del juez federal Federico Moreno, quien dijo que “luchó” para permitir que Castro compareciera en este caso.

“Si hay alguien que se ha rehabilitado completamente, es él”, dijo Moreno, quien asistió a la misa y a la ceremonia del jueves. “Eso no se ve mucho. Realmente cambió su vida. Creo que es algo excepcional”.

La Corte Suprema de la Florida, que inicialmente lo inhabilitó durante 10 años, se ha negado desde entonces a readmitirlo en el Colegio de Abogados permanentemente.

Aun así, el abogado miamense Raoul Cantero —él mismo ex juez de la Corte Suprema de la Florida– dijo el jueves a los reunidos que aunque “ese tribunal no creía en la redención”, su amigo Castro puede ahora ejercer en Nueva York, y en varios tribunales federales y de apelaciones.

“Si nosotros, como católicos, creemos en la redención, entonces no podemos dejar de admirar la larga y fiel lucha de Willy, no solo sirviendo a nuestra comunidad sino logrando volver a la profesión de abogado”, dijo Cantero. “Willy ofrece esperanza a todos los que caen en desgracia”.

Operación Escoba Judicial

Castro se vio envuelto en la Operación Escoba Judicial, un escándalo que tal vez no resuene entre gran parte de el público de hoy, pero que sacudió a la comunidad jurídica de Miami-Dade a principios de la década de 1990.

Por aquel entonces, el edificio de justicia Richard E. Gerstein era un lugar de libre albedrío, en el que los jueces a menudo daban casos pagados por los contribuyentes —citas para clientes indigentes que no podían ser representados por la Oficina del Defensor Público— a amigos.

La investigación del FBI y de la Policía Estatal de la Florida (FDLE) descubrió que la justicia en el tribunal penal del estado estaba a menudo en venta. Un informante encubierto, un pintoresco abogado defensor llamado Ray Takiff, repartía billetes de $100 marcados a los jueces a cambio de citas en el tribunal, reducciones de fianza, la devolución de bienes incautados y órdenes de supresión de evidencia.

En total, cuatro ex jueces, seis abogados y un empresario fueron condenados. Otro ex juez de Miami-Dade, Phillip Davis, fue absuelto de aceptar $20,000 en dinero ilegal, pero en 2010 fue condenado a dos décadas de prisión en la Florida por robar dinero de subvenciones públicas.

Uno de los abogados de la Operación Escoba Judicial condenados fue Castro, que no estaba entre los acusados más destacados. Sin embargo, era muy conocido en la comunidad judicial.

Castro recibió su licenciatura en Derecho en la Universidad de Pennsylvania. Vivía en la acomodada isla de Key Biscayne. Conducía un Porsche Turbo rojo.

“Era inteligente. Estaba certificado en Derecho Penal. Hacía saber a la gente que era inteligente”, recuerda Castro. “Era superficial. Era arrogante. Egoísta, pero no lo sabía. Nunca pensé que fuera un mal tipo. No creí que intentara hacer daño a nadie”.

Se vio involucrado por una relación amistosa con un juez de circuito de Miami-Dade llamado Roy Gelber, quien lo citó en su despacho un día a finales de los años 80. Gelber le pidió a Castro que saliera al pasillo y le hizo una propuesta sorprendente: empezaría a dirigir más citas hacia él, a cambio de 20% de los honorarios financiados por los contribuyentes.

Castro no respondió de inmediato. Durante la semana siguiente, se devanó los sesos buscando justificaciones: no quería quedar mal con ningún juez, calculó.

“Al final, ‘dije, si no soy yo, será otro’, y me elegí a mí”, dijo Castro. “El peor error de mi vida”.

Castro no eludió a los clientes: nunca hubo evidencia de que hiciera otra cosa que defender tenazmente a los acusados.

Pero cuando Gelber terminó cooperando con los fiscales, un jurado de instrucción acusó a Castro y a otros cuatro abogados defensores en mayo de 1992. En el juicio celebrado más de un año después, los fiscales dijeron a los jurados que Castro consiguió 64 casos por valor de $77,204 de Gelber.

Castro y otros tres fueron condenados por asociación delictiva, soborno y fraude postal. Fue sentenciado a tres años y un mes de prisión federal, más tres años de libertad supervisada. En virtud de un acuerdo con el Colegio de Abogados de la Florida, Castro también aceptó una suspensión de 10 años. Eso significaba que, tal vez en el futuro podría reanudar el ejercicio de la abogacía.

De la cárcel a las bancas

En muchos sentidos, la Operación Escoba Judicial resultó ser lo mejor para Castro.

Antes de entrar en prisión, Castro estaba atormentado por la culpa y la vergüenza. Solo llevaba seis meses con su esposa, la también abogada (y ahora fiscal estatal) Mari Jiménez, antes de que se produjera la Operación Escoba Judicial. Esto alteró sus planes de tener hijos.

Volvieron a la Iglesia católica. Finalmente asistió a Emaús, un programa de retiros de la iglesia que, según él, forjó su fe. “Fue como si presenciara un universo paralelo”, dijo Castro.

En la prisión federal, Castro cambió sus trajes a medida por el overol de los reclusos, su práctica de la abogacía por cortar verduras y lavar platos en la cocina.

Después de ser liberado, Castro no quería tener nada que ver con la ley. Un hermano de la iglesia lo contrató para una empresa que vendía productos a las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo. Con el tiempo, Castro regresó al campo jurídico, al principio redactando escritos como asistente legal para un bufete civil y luego iniciando su propio negocio haciendo investigaciones jurídicas para abogados en todo el sur de la Florida.

Más allá del trabajo, Castro sintió un propósito renovado.

La pareja se convirtió en padres de acogida en la Florida. Acogieron a tres bebés, a los que adoptaron. Dos de ellos, Nina, de 18 años, y Eric, de 18, están hoy en la universidad. El tercero, Daniel, de 16 años, cursa el primer año en la secundaria Christopher Columbus.

Castro se convirtió en tutor ad litem, un programa de la Florida en el que personas que no son abogados representan a niños que han sido víctimas de delitos. También ha participado en la organización de eventos y colectas de regalos para la Asociación Cristiana de Migrantes de Redland.

Castro no ha rehuido su pasado, dando frecuentes charlas sobre la Operación Escoba Judicial en conferencias legales, escuelas de derecho y talleres educativos. “Me he sentido muy cómodo al hablar de mi trayectoria”, dijo.

Inhabilitación permanente

Ese viaje, sin embargo, no convenció a la Corte Suprema de la Florida, que en 2012 le negó la readmisión al Colegio de Abogados, a pesar de que se mantuvo alejado de los problemas y de su trabajo en la comunidad. Casi 200 testigos —un quién es quién de abogados, jueces actuales y anteriores y miembros de la comunidad— escribieron cartas apoyando su rehabilitación.

En una opinión concurrente, la entonces jueza Barbara Pariente reconoció que le resultaba “difícil” la decisión porque había “evidencia abrumadora de rehabilitación”. Pero, no obstante, se puso del lado del resto del tribunal, diciendo que el delito original de Castro “afecta a la esencia misma de la confianza de nuestro público en el sistema judicial”.

La decisión dejó a Castro decepcionado. La Junta de Examinadores del Colegio de Abogados de la Florida, según los registros, se había negado inicialmente a emitir una inhabilitación permanente y, en su lugar, le dijo que volviera a presentarse en dos años. Pero la junta, según los registros, dio marcha atrás y recomendó a la Corte Suprema que se le inhabilitara permanentemente.

Castro dijo que cree que todo el asunto fue “intelectualmente deshonesto”.

“Bajo las reglas que ellos crearon no me da vergüenza decir que merezco ser readmitido”, dijo Castro. “Eran sus reglas. Seguí las reglas”.

Las noticias no fueron del todo nefastas.

Castro volvió a solicitar el prestar servicio en Nueva York, donde había sido admitido como abogado en la década de 1980. Además de las cartas de apoyo, tres testigos declararon durante una audiencia: la entonces jueza de circuito Victoria Brennan, que era abogada del gobernador Jeb Bush cuando restableció los derechos civiles de Castro; el ex juez de la Corte Suprema de la Florida Raoul Cantero, y el magistrado federal John O’Sullivan, quien como fiscal fue quien condenó a Castro.

O’Sullivan, en su testimonio, recordó que años después llegó a conocer a Castro, incluso asistiendo a un retiro de Emaús.

“Nunca había testificado en una de estas audiencias de abogados. Nunca he apoyado a nadie que haya procesado y he procesado a cientos de personas en este tipo de esfuerzos”, testificó O’Sullivan. “Es la primera vez que hago esto y la razón por la que lo hago es porque creo que Willy está rehabilitado”.

El jueves, O’Sullivan asistió a la misa y después charló con Vincent Flynn, el abogado defensor de Castro en el juicio. O’Sullivan recordó que pensaba que “la verdad es más extraña que la ficción”.

O’Sullivan dijo: “Es increíble estar aquí y ver lo lejos que ha llegado en 30 años”.