A dos años, la investigación del ataque a uniformados en una zona de robo de combustible en Querétaro sigue sin avances

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Ataque
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A unos días de cumplirse el segundo aniversario del asesinato del exmilitar de 49 años José Guadalupe Pacheco Malagón, en San Juan del Río, Querétaro, mientras lideraba a un equipo de seguridad de Pemex, su hermana acusa que no hay una línea de investigación clara, la Fiscalía General de la República (FGR) se niega a atraer el caso como crimen organizado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha complicado su acceso a apoyo psicológico.

Pacheco Malagón fue asesinado el 13 de agosto de 2020, cerca de la localidad de Cazadero, junto a sus compañeros Eugenio Cruz Mora, Oscar Valentín Gómez Reyes y Leopoldo Felipe Guerrero López. Seis meses después, y ante la falta de avance en la investigación, la FGR se negó a entregar copias de la carpeta de investigación a la hermana del exmilitar, víctima de un ataque a la brigada a la que pertenecía.

Ante ello, Elena Pacheco tuvo que promover un recurso legal para obtener la copia del expediente —hasta ahora, solo ha podido consultarlo en la sede de la fiscalía de Querétaro—. En una primera instancia, el juez le dio la razón pero no pudo recibir los documentos porque la FGR impugnó la decisión. Apenas en julio se resolvió la revisión del amparo en los tribunales de la entidad, y ahora Elena está en espera de que se teste la información confidencial para poder tener finalmente las copias.

Sin embargo, la FGR también ha rechazado que el caso sea atraído por la fiscalía especializada en delincuencia organizada, pese a que reúne todos los elementos. Esa solicitud incluso fue respaldada por el Centro de Atención Integral en Querétaro de la CEAV.

“Estuve platicando con la fiscal que lleva el asunto en San Juan del Río sobre los avances y me propuso, junto con la abogada del Centro de Atención, que mandáramos la investigación al área especializada de la Fiscalía General de la República sobre delincuencia organizada. A raíz de que me lo propone y yo acepto, al final no se la quisieron aceptar en las oficinas de la fiscalía en Ciudad de México, porque, según ellos, no se cumple el fin”, relata Elena.

En el oficio signado por Atziri Elian Sánchez Garibay, asesora jurídica federal de la CEAV, se describe que, si bien el delito de homicidio no está contemplado dentro de la ley federal de delincuencia organizada, “de los actos de investigación se desprende que la comisión del hecho se realizó por más de tres personas, lo cual se puede corroborar con diversos peritajes, en los que se advierte que las víctimas directas recibieron impactos desde varios puntos, se encontraron más de 400 casquillos, provenientes de armas de uso exclusivo del Ejército, además de que los sujetos activos les robaron sus armas a las víctimas directas”.

El documento señala también que la actividad que realizaba el grupo al momento del ataque estaba dentro de sus funciones como seguridad física de Pemex, por lo que una de sus principales encomiendas era vigilar ductos y prevenir el robo de hidrocarburos. La zona donde lo hacía estaba plenamente identificada como característica de este tipo de delito, según publicó Animal Político

El ataque al grupo de vigilancia

Los cuatro oficiales circulaban en una camioneta de vigilancia de ductos cuando, cerca de las 23:00 horas, fueron emboscados por un grupo armado. Recibieron casi 300 disparos, aunque en la zona se encontraron más de 450 casquillos porque ellos se defendieron, según consta en la carpeta de investigación FED/QRO/SJR/0001735/2020. 

El 13 de junio pasado, Elena acudió a las oficinas de la fiscalía a San Juan del Río para consultar el expediente y, aunque sigue sin haber una línea de investigación clara, al menos —dice— se han obtenido algunas imágenes un poco más nítidas de las grabaciones del propio vehículo de la brigada. Sin embargo, como fue desde un principio, no hay explicación de por qué la grabación se detiene a las 22:47 horas, mientras que la defunción ocurrió a las 23:00. “Siguen estando esos minutos en el limbo y esa es la clave fundamental: que alguien no nos deja tener acceso a esa información”, reclama. 

Además, todavía están pendientes entrevistas al personal que atendió el llamado en el lugar de los hechos. “Me sigue pareciendo a mí incomprensible por qué en el 911, desde las 22:15, hay reporte de que ya se escuchaban unos balazos, y que no haya llegado nadie hasta después de más de una hora, porque se presentaron casi a las 12:00 de la noche; es algo que me sigue causando impotencia. Seguimos en ese punto donde no se ha logrado establecer una línea de investigación casi dos años después”, dice Elena.

Ella conserva la esperanza de que en algún momento la situación cambie, y las autoridades definan, con certeza, quiénes y por qué ordenaron realmente la muerte de José Guadalupe, y que esas personas sean llevadas ante la justicia.  

Obstáculos al apoyo psicológico

Además de la inexistencia de una línea de investigación clara y del desinterés de la FGR, en los últimos meses Elena enfrentó otro obstáculo. Desde que se inició la carpeta de investigación por el homicidio de su hermano, ella está registrada como víctima indirecta en la CEAV. En el Centro de Atención Integral en Querétaro la han apoyado con atención psicológica y representación jurídica.

Después de más de un año de acudir a sus oficinas de manera rutinaria para recibir terapia, se enteró de que, repentinamente, ya no podría entrar a las instalaciones con su teléfono celular. Elena enfatiza que ella sigue necesitando el apoyo psicológico porque le afectó mucho la muerte de su hermano por todo el contexto en el que ocurrió, además de que ella es la única persona que ha insistido durante todo este tiempo para que la investigación no quede en el olvido.

La medida le pareció arbitraria, porque ella requiere tener al alcance su teléfono —aunque esté guardado y en silencio— para estar al pendiente de sus dos hijas. “Cuando entro con la psicóloga, no entro a usar el celular ni mucho menos; lo traigo guardado en modo vibratorio en una cangurerita que traigo; normalmente, tomo terapia entre semana por la tarde y por alguna emergencia me podrían llamar”, expone.

Ante ello, dirigió un escrito a la titular de la CEAV, Yuriria Rodríguez, para solicitarle esto: “el fundamento legal y los lineamientos por los cuales no puedo tomar la terapia psicológica a la cual estoy acudiendo debido a que tengo que entregar mi teléfono celular antes de entrar a consulta, situación que no puedo realizar debido a que tengo dos menores de edad bajo mi cuidado y no puedo desconectarme al 100%… He de manifestar que cuando acudo a dicha terapia mis hijas se quedan solas en casa sin supervisión de un adulto; obviamente, ya son adolescentes pero aún necesitan estar supervisadas mínimo vía telefónica en el tiempo que estén en casa solas”.

Hasta hace unos días, no había recibido ninguna respuesta. Para ella, no existía justificación para determinar esa medida e, incluso, consideró dejar de acudir a la terapia. Cuestiona, por ejemplo, qué podría hacer una víctima si llega a tener algún problema dentro de las instalaciones, o si no sabe leer o escribir y debe llevar alguna anotación en el celular. Por ello, en días recientes promovió un amparo contra la medida, que fue admitido.

“Se me hace tan injusto, y le dije a la psicóloga que entonces no voy a tomar terapias y voy a demandar a la comisión para que me pague terapia particular, o bien niñeras, porque al final es un daño que yo estoy sufriendo por algo que no pedí. Yo no pedí que mataran a mi hermano, ni pedí tener que acudir a una ayuda psicológica”, reclama Elena.

Consultada respecto al tema, la CEAV informó que contactó a Elena para ofrecerle una disculpa debido a que el personal de seguridad hizo una equivocada interpretación del reglamento de entrada al Centro de Atención Integral, el cual tiene la intención —detalla la dependencia— de homologar los criterios de seguridad con lineamientos de diferentes centros de justicia, para garantizar la seguridad y privacidad de las víctimas y del personal que colabora en la comisión.

“Ya se hizo un llamamiento al CAI Querétaro para rectificar la interpretación de la norma, ya que fue una acción sin dolo que busca proteger la privacidad de las personas que acuden a la institución, entre ellas, las niñas, niños y adolescentes que reciben diferentes servicios”, respondió la dependencia. 

Elena enfatiza que no espera ningún privilegio, esfuerzo o consideración especial por la muerte de su hermano. Lo único que busca es la justicia que el Estado le debe a su familia porque, desde hace casi dos años, no hay consecuencias para quienes lo mataron y ni siquiera existen avances claros en la investigación.

“Me parece imposible que con tanto dinero, tanta tecnología y tanto poder que tiene la Fiscalía General de la República, no llegue a los delincuentes. Eso me parece extraordinario, no lo puedo creer”, reclama. La falta de resultados solo la hace pensar que quizá las autoridades apuesten a que ella se dé por vencida, pero asegura que no lo hará.

José Guadalupe Pacheco Malagón estaba casado y tenía dos hijos. Entró al Heroico Colegio Militar cuando tenía 17 años y pasó la mayor parte de su vida vinculado al Ejército. Lo dejó con rango de capitán. En el pasado, había participado en operativos contra el crimen organizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la década de los 90. La necesidad económica lo condujo a dedicar los últimos ocho años de su vida a trabajar para Pemex, a cargo de la seguridad de infraestructura en Zacatecas, Tabasco y Veracruz. Finalmente, fue destinado a Querétaro, cerca de Corregidora, donde nació. El 13 de agosto de 2020, como líder de un grupo de vigilancia, una emboscada le quitó la vida.

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