NUEVA YORK.- Esta semana, tres años después de que una turba tomara por asalto el Capitolio, el expresidente Donald Trump presentará un nuevo alegato, posiblemente el más trascendente, sobre por qué no debería ser considerado responsable de intentar anular la elección de 2020.

El proceso de juicio político, la investigación del comité de la Cámara de Representantes sobre los hechos del 6 de enero de 2021 y dos investigaciones penales separadas determinaron un conjunto global de hechos que apuntan al involucramiento de Trump en una serie de intentos para aferrarse al poder a pesar de haber sido derrotado en las urnas por Joe Biden.

Pero sigue sin saberse si finalmente irá a juicio por los cargos que se le imputan y cuándo se llevaría a cabo el proceso. Y un factor determinante para responder esas incógnitas será el éxito o fracaso de los alegatos que planteará su equipo legal el martes ante un tribunal federal de apelaciones en Washington.

Los abogados de Trump apuestan a una jugada con pocas posibilidades de éxito: convencer a los tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito del Circuito de Columbia de que la Constitución le garantiza inmunidad total por las acciones que tomó mientras era presidente. Como es la primera vez que se plantea en esos términos, esa estrategia tiene la ventaja de ganar tiempo: el objetivo del expresidente es que el juicio inevitablemente se postergue para después de las elecciones de 2024.

Y si Trump fuera reelegido, podría ordenar que se cerraran todos los cargos federales en su contra. El ritmo y el resultado de su apelación aduciendo inmunidad también podrían afectar los plazos de las otras tres causas penales que enfrenta el exmandatario.

Enredos judiciales

Si bien no está obligado, Trump planea asistir a la audiencia del martes, otro indicador de que sus enredos judiciales se han vuelto centrales para su estrategia política de cara a la campaña por las primarias republicanas.

Cuando Trump fue sometido a juicio político por incitar los acontecimientos del 6 de enero de 2021, su defensa fue que la Primera Enmienda protegía sus infundadas acusaciones de fraude electoral, que la investigación de la Cámara de Representantes había sido apresurada, y que el Senado no podría sentenciarlo porque cuando se realizó el juicio ya había dejado el cargo.

Pero su plan de convencer a los tres jueces de apelaciones del tribunal federal de que es inmune entraña cuestiones legales más complejas. En los últimos tres meses, el planteo de que Trump era inmune al momento de los hechos fue presentado ante varios tribunales, obligando a los jueces a dejar en suspenso la totalidad de las causas hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Es probable que el tema se termine dirimiendo en la Corte Suprema, pero aun en el caso de que los jueces terminen rechazando el planteo de inmunidad, el tiempo que hayan consumido los argumentos podría ayudar al expresidente a evitar que el caso llegue a juicio antes de las presidenciales del 5 de noviembre.

En demandas judiciales por la causa electoral federal, el equipo legal de Trump argumentó que la Constitución no les otorga jurisdicción a los tribunales ordinarios para revisar los actos oficiales de los presidentes, salvo que el Congreso ya les hubiera realizado un juicio político y los hubiera condenado por el mismo hecho.

Sus abogados también sostienen que todas las medidas tomadas por Trump para revertir los resultados de la elección estaban dentro de sus facultades y responsabilidades como presidente, con el objetivo de proteger la integridad del sufragio frente a lo que consideraba un fraude.

El equipo de la fiscalía, liderado por el fiscal especial Jack Smith, no comparte la misma opinión. Argumenta que los expresidentes no tienen inmunidad judicial si abusaron penalmente de sus facultades y que el juicio político es irrelevante para asuntos de derecho penal. Afirman que Trump difundía mentiras sobre el fraude a sabiendas, y actuaba desde su esfera privada, como un candidato que buscaba la reelección, y no como parte de sus tareas formales como presidente.

La jueza Tanya S. Chutkan, que instruye la causa en el Tribunal del Distrito de Washington, rechazó en diciembre el planteo de inmunidad de Trump. Chutkan determinó que “los expresidentes no poseen inmunidad penal federal absoluta por ningún acto cometido durante su mandato”.

¿Presidente o candidato?

Como esa conclusión categórica volvió irrelevante la distinción entre acciones privadas y oficiales, Chutkan no profundizó en torno a si Trump actuaba como presidente o como candidato en su conducta posterior a las elecciones. Pero Trump plantea esta cuestión nuevamente para impugnar su decisión ante una corte de apelaciones federal.

Cuando se presentó la apelación, la jueza Chutkan suspendió todos los procedimientos del caso, poniendo en riesgo la fecha del 4 de marzo como inicio del juicio. Ante el temor de que el juicio se demorara, el fiscal Smith intentó eludir a la corte de apelaciones e ir directamente a la Corte Suprema. Pero los jueves rechazaron su demanda y enviaron el caso nuevamente al panel de tres jueces que ahora tiene a cargo el caso.

No hay antecedentes directos sobre la cuestión general de si los presidentes tienen inmunidad penal por sus acciones oficiales. La Corte Suprema sostuvo que los presidentes tienen inmunidad absoluta ante demandas civiles relacionadas con sus acciones oficiales, en parte para protegerlos contra el acoso constante y el examen judicial de sus acciones cotidianas. La Corte también sostuvo que los presidentes pueden ser demandados por sus acciones personales.

Pero hasta que Trump terminó ante la Justicia, la Corte Suprema nunca había tenido que decidir si los expresidentes están protegidos de ser demandados por sus acciones oficiales. El Departamento de Justicia asegura desde hace tiempo que los presidentes en funciones tienen inmunidad temporaria porque las acciones penales podrían distraerlos de sus funciones constitucionales. Pero desde el momento en que Trump dejó el cargo, este aspecto ya no es importante.

Las acciones que se le reprochan a Trump incluyen intentar que funcionarios del Estado subvirtieran el resultado legítimo de las elecciones, intentar que el Departamento de Justicia y el vicepresidente Mike Pence ayudaran fraudulentamente a alterar los resultados, dirigir a sus partidarios al Capitolio el 6 de enero de 2021 y explotar la violencia y el caos de los disturbios subsiguientes.

El equipo del fiscal Smith argumenta que esas acciones deben ser tomadas como intentos de una persona para obtener un cargo, no como un funcionario que detenta un cargo y cumple con sus responsabilidades de gobierno.

En su fallo, la jueza Chutkan rechazó la inmunidad de Trump sin un análisis detallado respecto de si sus actos eran “oficiales” o no.

Si el panel de Washington que escuchará los alegatos este martes –o más tarde, toda la corte de apelaciones o la Corte Suprema– le envía nuevamente el caso a Chutkan para que responda esa pregunta antes de volver a reabrir el proceso de apelaciones, Trump habrá ganado, como mínimo, un tiempo muy valioso.

Alan Feuer y Chalie Savage

Traducción de Jaime Arrambide