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Casi 400 etíopes han muerto de hambre recientemente. Millones más necesitan ayuda alimentaria

Una mujer etíope recoge porciones de chícharos amarillos para asignarlos a las familias después de ser distribuidos por la Sociedad de Socorro de Tigray en la ciudad de Agula, en la región de Tigray, en el norte de Etiopía, el 8 de mayo de 2021. (AP Foto/Ben Curtis, Archivo)

KAMPALA, Uganda (AP) — Cerca de 400 personas han muerto de hambre en las regiones etíopes de Tigray y Amhara en los últimos meses, informó el “ombudsman” nacional el martes, un inusual caso en el que un organismo federal reconoce la existencia de fallecimientos por inanición.

Funcionarios locales habían informado anteriormente sobre muertes por inanición en sus distritos, pero el gobierno federal de Etiopía ha insistido en que esos informes son “completamente erróneos”.

La oficina del defensor de los derechos humanos de Etiopía envió expertos a esas regiones, las cuales están asfixiadas por la sequía y donde todavía sufren las consecuencias de una devastadora guerra civil que terminó oficialmente hace 14 meses. Los enviados determinaron que en los últimos seis meses han muerto de hambre 351 personas en Tigray y otras 44 personas en Amhara.

Solamente una pequeña parte de la población necesitada de Tigray recibe ayuda alimentaria, de acuerdo con boletín humanitario al que The Associated Press tuvo acceso. Esto ocurre más de un mes después de que los organismos de ayuda reanudaron las entregas de grano luego de una prolongada suspensión por un caso de robo.

Al 21 de enero, apenas el 14% de las 3.2 millones de personas han recibido la ayuda alimentaria destinada este mes por los organismos humanitarios en Tigray, de acuerdo con el boletín del Grupo Alimentario de Tigray, un grupo de organismos de ayuda codirigido por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU y funcionarios etíopes.

El boletín exhorta a los grupos humanitarios a “incrementar de forma inmediata” sus operaciones, advirtiendo que “no actuar con rapidez en este momento dará como resultado una grave inseguridad alimentaria y desnutrición durante la temporada de escasez, con la posible pérdida de vidas de los niños y las mujeres más vulnerables de la región”.

La ONU y Estados Unidos suspendieron la ayuda alimentaria para Tigray a mediados de marzo pasado, después de descubrir un plan “a gran escala” para robar el grano humanitario. La suspensión se extendió al resto de Etiopía en junio. Funcionarios estadounidenses creen que el robo puede ser el mayor desvío de grano de la historia. Los donantes han atribuido el fraude a funcionarios del gobierno etíope y al ejército.

La ONU y Estados Unidos levantaron la pausa en diciembre después de implementar reformas para frenar los robos, pero las autoridades de Tigray aseguran que los alimentos no están llegando a quienes los necesitan.

Dos trabajadores humanitarios dijeron a la AP que el nuevo sistema — el cual incluye la instalación de rastreadores GPS en los camiones de alimentos y códigos QR en los cupones alimentarios — se ha visto obstaculizado por problemas técnicos. Los organismos humanitarios también pasan dificultades debido a la falta de recursos.

Otro trabajador humanitario afirmó que la suspensión en la distribución de alimentos y su lenta reanudación significaron que algunas personas de Tigray no recibieron ayuda alimentaria durante más de un año. “Tuvieron que pasar por repetidas rondas de registros y verificaciones, pero todavía no recibieron las entregas”, indicó.

Los trabajadores humanitarios hablaron con la AP bajo condición de anonimato al no estar autorizados a hacer declaraciones a la prensa.

Alrededor de 20,1 millones de personas en toda Etiopía necesitan ayuda alimentaria debido a la sequía, el conflicto y una economía en declive. La suspensión en la entrega llevó la situación de hambruna a niveles aún más extremos.

El Sistema de Alerta Temprana contra la Hambruna, financiado por Estados Unidos, ha advertido que se anticipan niveles de hambre críticos o peores para "el norte, sur y sureste de Etiopía durante al menos principios de 2024”. Un exdirector del PMA ha descrito estos niveles como “encaminados a la inanición”.

En la región de Amhara, que comparte frontera con Tigray, una rebelión que estalló en agosto impide las operaciones humanitarias y dificulta la distribución. Varias regiones de Etiopía han sido devastadas por una sequía de varios años.

Los índices de desnutrición infantil en zonas de las regiones de Afar, Amhara y Oromia oscilan entre el 15.9% y el 47%, de acuerdo con el informe del Grupo de Nutrición de Etiopía que fue revisado por la AP. Entre los niños desplazados en Tigray, el índice es del 26.5%. El Grupo de Nutrición de Etiopía es codirigido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el gobierno federal.

Tigray, en donde viven 5.5 millones de personas, fue el centro de una devastadora guerra civil de dos años que cobró cientos de vidas y se extendió a las regiones vecinas. Un panel de la ONU acusó al gobierno de Etiopía de utilizar “el hambre como un método de guerra” al restringir la ayuda humanitaria a Tigray durante el conflicto, el cual terminó en noviembre de 2022 con un acuerdo de paz.

La persistente inseguridad hizo que sólo se sembrara el 49% de las tierras de cultivo de Tigray durante la principal temporada de siembra del año pasado, según una evaluación realizada por agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales y las autoridades regionales, y vista por la AP.

La producción de cultivos en estas zonas fue sólo del 37% del total previsto debido a la sequía. En algunas zonas la proporción alcanzó apenas el 2%.

La mala cosecha llevó a las autoridades de Tigray a advertir de una “hambruna inminente” que podría igualar el desastre de 1984-85, en el cual murieron cientos de miles de personas en todo el norte de Etiopía, a menos que se aumente de inmediato la entrega de ayuda.

Pero el gobierno federal etíope niega que exista una gran crisis de hambre. Cuando el líder de Tigray, Getachew Reda, dio la voz de alarma el mes pasado sobre la inminente muerte masiva por inanición, un portavoz del gobierno federal tachó los informes de “inexactos” y lo acusó de “politizar la crisis”.