4,6 millones de californianos elegibles optan por no registrarse para votar. Este plan cambiaría eso.

Más de la mitad de votantes elegibles pero no registrados están optando por no participar en inscribirse para votar cuando se le dio la oportunidad en el Departamento de Vehículos Motorizados de California, una marea de negativas que preocupa a organizadores de base como Julius Thibodeaux-Hasan, residente de Sacramento.

Durante las temporadas electorales, Thibodeaux-Hasan dedica tiempo a educar a las personas de color sobre lo que está en juego para ellos. ¿Cómo afecta una propuesta o legislación a sus derechos y privilegios? ¿Cómo perpetuarán o empeorarán las desigualdades y la privación de derechos?

“No entienden que tienen voz y que necesitan opinar sobre las cosas que están sucediendo en sus comunidades, las leyes que se están aprobando, la legislación que los afectará a ellos o a sus comunidades de maneras que muchas veces tener un impacto negativo”, dijo Thibodeaux-Hasan.

Mientras explica las implicaciones y responde preguntas, dijo, se encienden las bombillas. Estos votantes potenciales habían llegado poco dispuestos a apoyar un sistema que les parecía completamente desconectado, dijo, pero antes de irse, muchos expresaron su deseo de tener voz en las urnas.

Fue entonces cuando Thibodeaux-Hasan dijo que descubre que muchos de ellos nunca se han registrado para votar, y tiene que motivarlos para que se registren, algo que dejaron de hacer en un viaje anterior al Departamento de Vehículos Motorizados de California.

Es en esta etapa, dijo Thibodeaux-Hasan, que pierde parte del impulso que tenía, y es por eso que está instando a los legisladores de California a hacer que el registro de votantes sea automático. El proyecto de ley del Senado 299, si es aprobado por los legisladores y firmado por el gobernador Gavin Newsom, allanaría el camino para que el Secretario de Estado y el DMV hicieran precisamente eso.

Mientras una coalición de más de 140 grupos de base lucha por la medida, se enfrenta a la oposición de tres organizaciones que han defendido firmemente el derecho al voto: la Liga de Mujeres Votantes de California, afiliados de California a la Unión Americana de Libertades Civiles y el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados. Los tres grupos se han aliado en su oposición a la SB 299.

Rosalind Gold, directora de políticas públicas del Fondo Educativo NALEO, dijo que las organizaciones que se oponen a la SB 299 “comparten absolutamente profundamente la dedicación de los proponentes para reducir la brecha de participación... que afecta particularmente a las personas de color y a los californianos de bajos ingresos, así como a otros grupos subrepresentados.”

Los rivales piden más estudio para evitar errores

En consecuencia, dijo Gold, les gustaría continuar el diálogo sobre la forma más eficaz de ampliar el registro entre estos grupos sin poner en riesgo a otros residentes de California.

Por ejemplo, dijo Gold, ¿cómo garantizará este proceso de registro automático que los inmigrantes en medio del proceso de naturalización no terminen registrados para votar, un error que podría costarles su ciudadanía?

“Estamos... preocupados por las enmiendas que harían al DMV responsable de identificar y filtrar a las personas que cree que no son ciudadanos”, escribieron Gold y sus aliados en una carta oponiéndose al proyecto de ley. “No creemos que esto El DMV está preparado para rastrear de manera consistente y precisa los documentos en los que se basaría para evaluar la ciudadanía”.

El DMV ya está pasando por un proyecto de modernización que afecta todas sus operaciones de licencias de conducir y sistemas de tecnología de la información, dijo Gold, y ha pedido que cualquier otro cambio se retrase hasta que haya completado esos cambios en 2028.

Además, la Oficina de Analista Legislativo ha informado que se espera que la principal fuente de financiación del DMV, conocida como cuenta de vehículos de motor, agote por completo sus reservas y se vuelva insolvente en 2025-26. En consecuencia, la LAO recomendó que la legislatura considere las presiones de costos al evaluar nuevas propuestas.

“El sistema que tenemos ahora, en los seis años que ha estado en funcionamiento, ha visto 26 millones de transacciones de registro de votantes nuevas o actualizadas, y el sistema que tenemos ahora es el principal método de registro para jóvenes y votantes de color”, dijo Gold The Bee, “entonces debido a estas preocupaciones operativas y fiscales… apoyaríamos el estudio de un proyecto de ley que analice los cambios propuestos”.

Sin embargo, las organizaciones que apoyan la SB 299 dijeron que el sistema DMV, como parte de una rutina de larga data, ya marca los documentos necesarios para determinar si los consumidores en su sistema cumplen con los criterios de elegibilidad para votar.

Cientos de miles de personas optan por no registrarse como votantes cada año

Esos datos revelaron que, en 2023, aproximadamente 4,6 millones de californianos eran elegibles pero no estaban registrados. Estas personas son desproporcionadamente asiáticos, negros y latinoamericanos, según el Institute for Responsive Government.

En 2021, el 55,4% de los votantes elegibles pero no registrados optaron por no registrarse. Esto representó poco más de 1,2 millones de californianos.

En 2019, casi 1,5 millones de californianos, el 45,2 % de los que eran elegibles pero no estaban registrados, se negaron a registrarse para votar.

Sydney Fang, directora de políticas de AAPI FORCE, recordó que, cuando era niña, había sido la traductora de inglés para sus padres, refugiados cuya lengua materna era el cantonés, y el registro de votantes no estaba en la parte superior de su lista de papeleo urgente. A pesar de las mejoras en la entrega de documentos en el idioma principal de los residentes, Fang dijo que cree que todavía existe una barrera idiomática para muchos inmigrantes.

Bajo la SB 299, si un votante elegible pero no registrado opta por no participar, sería agregado a una lista de votantes preaprobados que luego iría a la Oficina del Secretario de Estado. Esa oficina luego dictaría regulaciones que dictarían lo que los votantes deberían hacer para completar su registro y enviar un aviso a los votantes en su idioma preferido explicando lo que deben hacer para optar por no participar o activar su registro.

Por ejemplo, dijo Fang, el registro podría activarse simplemente emitiendo un voto en una elección, pero la SB 299 deja la definición al Secretario de Estado. También le da a ese funcionario constitucional la discreción de determinar cuándo debe el DMV implementar el registro automático, dijo Fang, por lo que si los costos de implementación o las actualizaciones del sistema plantean obstáculos, el Secretario de Estado puede optar por retrasar este proceso.

“El registro de votantes es una barrera clave para la participación de los votantes en nuestra democracia, y existe una brecha en la participación”, dijo Fang. “Vemos que el electorado (en California) es mucho mayor, mucho más blanco, mucho más rico que el resto del estado.”

Según el Instituto de Políticas Públicas de California, los residentes del estado de 55 años o más representan el 35% de la población adulta del estado, pero constituyen la mitad de los californianos que probablemente votarán. Mientras tanto, los adultos jóvenes entre 18 y 34 años representan el 31% de la población, pero sólo el 18% de los votantes probables.”

Una gran mayoría de los votantes probables (69%) son propietarios de viviendas, mientras que el 31% son inquilinos, según encontró el PPIC. En contraste, el 68% de los adultos no registrados y el 59% de los votantes poco frecuentes son inquilinos.

El grupo de expertos también informó que el 84 % de los votantes probables y el 80 % de los votantes poco frecuentes nacieron en los Estados Unidos, en comparación con sólo el 35 % de los adultos no registrados.

Dolores Huerta, cofundadora de United Farmworkers y presidenta de la Fundación Dolores Huerta, ha estado abogando por la SB 299, diciendo que el actual sistema de registro de votantes funciona para mantener el racismo institucional en lugar de utilizar la tecnología para abrir las puertas. En el pasado, California y otros estados utilizaron pruebas de alfabetización, impuestos electorales y otras medidas para impedir que las personas de color obtengan el derecho al voto.

La senadora Monique Limón, demócrata de Santa Bárbara y autora del proyecto de ley, dijo: “Es inaceptable que las comunidades de color de clase trabajadora sigan siendo sistemáticamente excluidas del acceso al poder político. Debemos tomar las medidas necesarias para garantizar que la diversa población de California se convierta en un electorado diverso que verdaderamente represente el poder de nuestro estado.”

Los cambios diversificarían las listas de votantes, dicen sus defensores

La SB 299 amplía la “ley de votantes motorizados” de California, que requirió que el DMV en 2018 comenzara a ofrecer a los residentes la opción de registrarse para votar cuando solicitaron una licencia de conducir o una identificación estatal o actualizaron sus direcciones.

La medida, si se promulga, utilizaría el mismo proceso seguro de registro automático de votantes utilizado en Colorado, Oregón y otros nueve estados.

“Este sistema mejoraría sustancialmente la precisión de las listas de votantes”, dijo Neal Ubriani del Institute for Responsive Government, una organización de defensa. “Está incorporando al proceso a personas que históricamente han quedado excluidas”.

Sin embargo, la SB 299 no sólo beneficia a los votantes, dijo Ubriani. El proyecto de ley también ayudaría a organizadores de base como Thibodeaux-Hasan y otros involucrados en conseguir el voto para campañas políticas, dijo.

Se invierte una gran cantidad de tiempo y dinero en lograr que la gente se registre para votar; tiempo y dinero que podrían gastarse en aumentar la participación el día de las elecciones, dijo.

Itzel Maganda Chávez, directora de participación cívica del grupo activista Alliance San Diego, que realiza actividades de extensión del registro de votantes en comunidades marginadas, dijo que el actual sistema automático de registro de votantes no es la opción más fácil para quienes no hablan inglés, y muchos optan sin darse cuenta fuera del registro de votantes. Dijo que mientras hablaba con personas de esas comunidades, había un sentimiento común de frustración por no poder participar en el proceso electoral.

“Sabemos que las tasas de respuesta y la participación electoral podrían ser mucho más altas no sólo en San Diego sino también en el estado de California”, dijo Chávez.

Thibodeaux-Hasan dijo que cree que el registro automático ayudaría a muchas personas que han estado encarceladas anteriormente. Como director ejecutivo de Movement4Life de Sacramento, trabaja para reducir la violencia armada, y ese trabajo le ha permitido orientar o asesorar a una serie de Residentes locales que, como él, han pasado por el sistema penitenciario en algún momento de sus vidas.

“Esto (SB-299) es definitivamente una obviedad en lo que respecta a la mayoría de las personas que han sido impactadas por el sistema porque... existe esta narrativa de que, una vez que obtienes un registro, pierdes tu derecho a votar, “ Dijo Thibodeaux-Hasan.

Y es posible que algunos no sepan que la Proposición 17 de California, aprobada por los votantes en 2017, restablece los derechos de votar y postularse para cargos electos a las personas actualmente en libertad condicional.

“La mayoría de estos jóvenes que se ven afectados por el sistema... creen que no tienen poder”, dijo Thibodeaux-Hasan. “No entienden cuán poderoso es su voto. No piensan su voto importa.”

4.6 million eligible Californians opt out of registering to vote. This plan would change that

More than half of eligible but unregistered voters are opting out of signing up to vote when given the chance at the California Department of Motor Vehicles, a tide of refusals that troubles grass-roots organizers such as Sacramento resident Julius Thibodeaux-Hasan.

During election seasons, Thibodeaux-Hasan spends time educating people of color about what’s at stake for them. How does a proposition or legislation affect their rights and privileges? How will they perpetuate or worsen inequities and disenfranchisement?

“They don’t understand that they have a voice and that they need to weigh in on things that are happening in their communities, laws that are being passed, legislation that will impact them or impact their communities in ways that oftentimes have a negative impact.” Thibodeaux-Hasan said.

As he explains the implications and answers questions, he said, the light bulbs pop on. These potential voters had arrived unwilling to support a system that seemed wholly disconnected to them, he said but before leaving, many expressed a desire to have a say at the ballot box.

That’s when Thibodeaux-Hasan said he discovers that far too many of them have never registered to vote, and he has to motivate them to get registered, something that they passed on doing on a past trip to the California Department of Motor Vehicles.

It’s at this stage, Thibodeaux-Hasan said, that he loses some of the momentum he had, and that is why he’s urging California legislators to make voter registration automatic. Senate Bill 299, if passed by legislators and signed by Gov. Gavin Newsom, would pave the way for the Secretary of State and DMV to do just that.

While a coalition of more than 140 grass-roots groups are fighting for the measure, they face opposition from three organizations that have steadfastly defended voting rights: the League of Women Voters of California, California affiliates of the American Civil Liberties Union and the National Association of Latino Elected and Appointed Officials’ Educational Fund. The three groups have allied in their opposition of SB 299.

Rosalind Gold, the chief public policy officer for the NALEO Educational Fund, said the organizations opposing SB 299 “absolutely deeply share the proponents dedication to reducing a participation gap … that particularly affects people of color and low income Californians as well as other underrepresented groups.”

Opponents seek more study to avoid mistakes

Consequently, Gold said, they would like to continue the dialogue about the most effective way to expand registration among these groups without putting other California residents at risk.

For instance, Gold said, how will this automatic registration process ensure that immigrants in the midst of the naturalization process do not wind up registered to vote, a mistake that could cost them their citizenship?

“We are ... concerned about the amendments which would make the DMV responsible for identifying and filtering people it believes are noncitizens,” Gold and her allies wrote in a letter opposing the bill. ”We do not believe that this DMV is prepared to consistently and accurately track documents that would be relied on to assess citizenship.”

The DMV is already going through a modernization project that affects all of its driver’s license operations and information technology systems, Gold said, and it has asked that any other changes be delayed until after it has completed those changes in 2028.

In addition, the Legislative Analyst Office, has reported that the primary funding source for the DMV, known as the motor vehicle account, is expected to fully exhaust its reserves and become insolvent in 2025-26. Consequently, the LAO recommended that the legislature consider cost pressures when evaluating new proposals.

“The system we have now, in the six years it’s operated, has seen 26 million new or updated voter registration transactions, and the system we have now is the top registration method for youth and voters of color,” Gold told The Bee, “so because of these operational and fiscal concerns, … we would support study of a bill that would look at the proposed changes.”

However, the organizations supporting SB 299 said the DMV system, as part of a longstanding routine, already flags the documents necessary to determine whether consumers in its system meet the eligibility criteria for voting.

Hundreds of thousands opt out of voter registration yearly

That data revealed that, in 2023, roughly 4.6 million Californians were eligible but unregistered. These individuals are disproportionately Asian, Black and Latino Americans, according to the Institute for Responsive Government.

Last year alone, 922,024 California residents declined to register to vote during a visit to the DMV even though they provided documents showing they were eligible to do so, according to the Secretary of State’s 2023 New Motor Voter Annual Report. More people opted out – 53.2% – than those who opted in, 46.8%.

In 2021, 55.4% of eligible but unregistered voters opted not to sign up. This represented slightly more than 1.2 million Californians.

In 2019, nearly 1.5 million Californians, 45.2% of those who were eligible but unregistered, declined to register to vote.

Sydney Fang, the policy director at AAPI FORCE, recalled that, as a child, she had been the English language translator for her parents, refugees whose native language was Cantonese, and voter registration was not at the top of their list of urgent paperwork. Despite improvements in providing documents in residents’ primary language, Fang said she believes there is still a language barrier for many immigrants.

Under SB 299, if an eligible but unregistered voter opts out, they would be added to a list of pre-approved voters that would then go to the Secretary of State’s Office. That office would then make regulations dictating what voters would have to do to complete their registration and send a notice to voters in their preferred language explaining what they must do to opt out of or activate their registration.

For example, Fang said, the registration could be activated simply by casting a vote in an election, but SB 299 leaves defining this to the Secretary of State. It also gives that constitutional officer the discretion to determine when the DMV should implement automatic registration, Fang said, so if implementation costs or system upgrades pose hurdles, the Secretary of State can opt to delay this process.

“Voter registration is a key barrier to voter participation in our democracy, and there’s this gap in participation,” Fang said. “We see that the electorate (in California) is much older, much whiter, much wealthier than the rest of the state.”

According to the Public Policy Institute of California, state residents aged 55 and older make up 35% of the state’s adult population but constitute half of Californians who are likely to vote. Meanwhile, young adults between 18 and 34 make up 31% of the population but only 18% of likely voters.

A strong majority of likely voters – 69% – are homeowners while 31% are renters, the PPIC found. By contrast, 68% of unregistered adults and 59% of infrequent voters are renters.

The think tank also reported that 84% of likely voters and 80% of infrequent voters were born in the United States, compared with just 35% of unregistered adults.

Dolores Huerta, co-founder of the United Farmworkers and president of the Dolores Huerta Foundation, has been advocating for SB 299, saying that the current voter registration system works to maintain institutional racism rather than using technology to open the gates. In the past, California and other states used literacy tests, poll taxes and other measures to prevent people of color from securing the right to vote.

Senator Monique Limón, a Santa Barbara Democrat who authored the bill, said: “It is unacceptable that working-class communities of color continue to be systematically left out of access to political power. We must take the necessary steps to ensure that California’s diverse population becomes a diverse electorate that truly represents the power of our state.”

Changes would diversify the voter rolls, advocates say

SB 299 expands upon California’s “motor voter law,” which required the DMV in 2018 to start offering residents the option to register to vote when they applied for a driver’s license or state ID or updated their addresses.

The measure, if enacted, would the same secure automatic voter registration process used in Colorado, Oregon and nine other states.

“This system would substantially improve the accuracy of the voter rolls,” said Neal Ubriani of the Institute for Responsive Government, an advocacy organization. “It’s bringing people into the process who are historically left out.”

SB 299 doesn’t just benefit voters, though, Ubriani said. The bill also would assist grassroots organizers like Thibodeaux-Hasan and others involved in getting out the vote for political campaigns, he said.

A great deal of time and money goes into getting people registered to vote — time and money that could be spent on boosting turnout on Election Day, he said.

Itzel Maganda Chavez, civic engagement director for the activist group Alliance San Diego who does voter registration outreach with marginalized communities, said that the current automatic voter registration system is not the easiest option for non-English speakers, with many unwittingly opting out of voter registration. She said that while speaking with people in those communities, there was a common sense of frustration about not being able to participate in the electoral process.

“We know that response rates and voter turnout could be much higher not only in San Diego but in the state of California,” Chavez said.

Thibodeaux-Hasan said he feels that automatic registration would help many individuals who have previously been incarcerated. As executive director of Sacramento’s Movement4Life, he works to reduce gun violence, and that work has allowed him to mentor or advise a number of local residents who, like him, have spent time in the corrections system at some point in their lives.

“This (SB-299) is definitely a no-brainer in regards to most individuals who have been system-impacted because … there’s this narrative out there that, once you get a record, you lose your right to vote,” Thibodeaux-Hasan said.

And, some may not be aware that California’s Prop 17, approved by voters in 2017, restores the rights to vote and to run for elected office to people currently on parole.

“Most of these young people who are system-impacted, ... they believe that they’re powerless,” Thibodeaux-Hasan said. “They don’t understand how powerful their vote is. They don’t think their vote matters.”