Yahoo Noticias 14 incendios en estaciones migratorias y criminalización sistemática: la gestión de Francisco Garduño al frente del INM
La suma de 14 incendios en estaciones migratorias y la permanente criminalización a las personas migrantes, así como la violación a sus derechos –consideran organizaciones especialistas en el tema–, son los resultados de la gestión de Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) durante la actual administración del Gobierno de México.
Desde enero de 2019, en Mexicali, Baja California, un grupo de 26 personas prendieron fuego a un colchón en una estancia provisional tipo B, que fue cerrada después del incidente, sin que hubiera fallecidos o heridos. Este es el primer incendio del que se tiene registro bajo la administración de Garduño, documenta el informe No nos dejen morir aquí.
Mientras que en otros cuatro incendios en ese año –en Baja California, Oaxaca, Coahuila y Chihuahua– tampoco se reportaron fallecidos ni heridos, para abril de 2020 en Tenosique, Tabasco ocurrió un nuevo incendio de colchonetas en protesta por las condiciones de insalubridad y hacinamiento durante la pandemia por covid-19: 15 personas resultaron afectadas, 14 hospitalizadas y una fallecida. El caso permanece impune. Otro incidente similar en 2020 terminó con seis personas lesionadas en Piedras Negras, Coahuila.
A los anteriores se sumaron dos en 2021 en Veracruz y Chiapas, sin fallecidos ni heridos, cuatro en 2022 –nuevamente en Piedras Negras, así como Puebla, Tabasco y Veracruz– y finalmente, en marzo de 2023 el de la estancia migratoria en Ciudad Juárez donde fallecieron 40 personas y 28 resultaron heridas.
Estas son las violaciones a derechos humanos de migrantes en estaciones migratorias de México
Las principales violaciones a derechos humanos cometidas en estos centros, según han documentado organizaciones no gubernamentales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), son alimentos en malas condiciones, hacinamiento, separación de familias, falta de acceso a intérpretes y restricción de comunicación con el exterior. A esto se suma la falta de registros confiables y actualizados de personas migrantes que ingresan y egresan, todo lo cual no ha dejado de ser una constante durante la administración de Garduño.
La organización Sin Fronteras y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) coinciden en que desde su nombramiento al frente del INM –en junio de 2019 luego de la renuncia de Tonatiuh Guillén al cargo–, persiste y va en incremento la vulneración a derechos de las personas en contexto de movilidad humana, sobre todo en el internamiento en puntos fronterizos, espacios de verificación y de control, así como al momento de expedirles documentación.
“En ese sentido, ha sido algo recurrente. Creo que lamentablemente han sido situaciones sistémicas. Han perdurado y persistido estas vulneraciones, y creo que hacer mención del incidente que hubo en la estación migratoria de Ciudad Juárez es algo que no se debe dejar pasar; fue muy lamentable que después del incendio se culpabilizara, revictimizara y sobre todo, se les diera la responsabilidad a las personas migrantes detenidas en este espacio”, señala en entrevista Wendy Castro, subcoordinador del área legal de Sin Fronteras.
Otras violaciones sistemáticas a derechos en estancias migratorias bajo la gestión de Garduño, documentadas por organizaciones y comisiones, son las condiciones inadecuadas de servicio médico o la carencia de este; la falta de control en el manejo, distribución, asignación y consumo de medicamentos; la ausencia de capacitación en materia de derechos y prevención de la tortura, la carencia de supervisión y las instalaciones insuficientes para personas que viven con alguna discapacidad.
A esto se añade la narrativa que se mantiene desde el INM y otras instancias gubernamentales de estigmatizar y criminalizar la movilidad humana. “Eso ha sido algo evidente y a pesar de las múltiples recomendaciones y procesos, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales que se han iniciado, no ha habido un cambio evidente ni contundente a favor de los derechos de las personas en contexto de movilidad humana”, subraya Castro.
Entre los abusos de la autoridad –señala– se siguen detectando también situaciones en las que, en los puntos de control e internamiento, es el mismo INM el que rompe, destruye y desaparece documentos emitidos por la misma dependencia. El cambio en la política migratoria no se ha dado pese a que, en teoría, ya está activo el nuevo programa de regularización migratoria emergente, sin que eso signifique una respuesta real a las necesidades de las personas en movilidad.
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Más quejas y recomendaciones
Aunado a ello, entre 2019 y 2023 crecieron 3.4 veces el número de quejas promovidas contra el INM ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al pasar de 714 a 2 mil 493.
El informe No nos dejen morir aquí subraya que México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos, que hace uso de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aun cuando va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y del derecho internacional.
Mientras que desde 2013 el Programa de Atención a Migrantes de la CNDH ha emitido 25 recomendaciones relacionadas con centros de detención migratoria, 15 de estas –el 60%– fueron realizadas entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2023. Las violaciones documentadas en ellas ocurrieron en Ciudad de México, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Puebla, Coahuila y Veracruz.
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“La manera de describir cómo ha sido la gestión de Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración es como una administración que ha procurado criminalizar a la población migrante, y que como consecuencia ha traído la muerte y ha creado en el territorio mexicano un espacio de tortura. Vemos con mucha preocupación el trato discriminatorio y criminalizante a los migrantes, y una clara muestra de esto es que en mayor cantidad, los militares están participando en materia de operación de la política migratoria mexicana, lo cual es el claro reflejo de cómo el Estado mexicano está mandando a su institución de fuerza letal a tratar con gente que viene buscando la vida por México, que sale de sus países en condiciones inhumanas”, señala Jerónimo del Río, investigador de la FJEDD.
El común denominador –agrega– en las vivencias de las personas en movilidad que transitan por nuestro país son las violaciones a derechos humanos, pues en la mayoría de los casos quienes están en tránsito revelan que la extorsión, el secuestro, los malos tratos y la tortura son actos que se repiten a lo largo de su trayecto.
El incendio en Ciudad Juárez, afirma Del Río, es la muestra más trágica de una política migratoria que mata.
Rumbo a la próxima administración y la migración
Durante la actual campaña presidencial, que tendrá su tercer y último debate el próximo 19 de mayo con la migración como uno de sus temas centrales, la FJEDD ha hecho una revisión minuciosa de los programas de gobierno de los aspirantes a la presidencia, así como a sus intervenciones en los dos anteriores debates.
“Lo que vemos con muchísima preocupación es que a pesar de que en México se está viviendo una tragedia de alcances que, seguramente, por el momento no estamos dimensionando como población mexicana, realmente no es algo que esté de manera prioritaria en su agenda política”, apunta Del Río.
Por ejemplo, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Morena, PT y PVEM –explica– plantea un seguimiento de la supuesta atención a las causas, lo cual en la realidad no se traduce en políticas efectivas, a juicio de las organizaciones. “No se ha manifestado en contra de la militarización de la política migratoria y tampoco de la criminalización de los migrantes”, puntualiza.
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En el caso de Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, la FJEDD considera que en el primer debate se dio una expresión un poco más certera con énfasis en la política migratoria, pero la realidad es que ninguno de los tres plantea en sus planes de gobierno y sus posicionamientos públicos el tema como una cuestión central.
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Entre enero de 2023 y diciembre del mismo año, en nuestro país a 782 mil 179 personas en situación migratoria irregular se les inició un Procedimiento Administrativo Migratorio, la mayor parte de ellas en Tabasco y Chiapas, mientras que se registraron 53 mil 346 eventos de personas devueltas por la autoridad migratoria mexicana, la mayoría en Veracruz y Tabasco, de acuerdo con datos oficiales de la Unidad de Política Migratoria.
