Yahoo Noticias Las 10 leyes que han mejorado la vida del colectivo LGTBI en la última legislatura
En los últimos tiempos, nuestros representantes políticos han puesto de moda el ejercicio de la política a golpe de tuit. No escribo esto para cuestionar los –no tan nuevos– espacios de comunicación política, sino para recordar que la vida de las personas no se mejora con anuncios y discusiones estériles en las redes sociales, sino a través del Boletín Oficial del Estado.
Los derechos LGTBI son un ejemplo. ¿Y qué es lo que se ha aprobado en la pasada legislatura que mejore la vida del colectivo? Pues nada menos que 10 normas, que conviene recordar en esta semana del Orgullo. Y eso a pesar de que la pandemia de covid-19 lastró la XIV legislatura, que discurrió entre 2019 y 2023.
Los datos están extraídos con la herramienta Qué Hacen Los Diputados, gestionada por el centro de investigación Political Watch. Se trata de una iniciativa de transparencia parlamentaria creada en 2011 por un equipo de desarrolladores tecnológicos y periodistas. Sus objetivos son promover la rendición de cuentas de las y los parlamentarios y acortar las distancias entre la ciudadanía y sus representantes políticos.
Entre estas normativas hay una específica para el colectivo, la “Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, conocida popularmente como la ley trans, que fue aprobada definitivamente por las Cortes en febrero de 2023. Destaca por facilitar el cambio de sexo registral a las personas trans despatologizando sus requisitos, prohibir las terapias de conversión y promover medidas para la igualdad de trato en el entorno laboral.
Otras leyes menos obvias
Pero hay otras menos obvias que también han ampliado derechos. Por ejemplo, la modificación de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva prohíbe la discriminación por orientación sexual en la provisión de servicios de salud, como la reproducción asistida; mientras que la “Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación” apuesta por publicitar las sanciones impuestas por la difusión de contenidos sexistas o denigrantes. Dos medidas necesarias cuando sabemos que hasta un 20 % de los miembros de la comunidad LGBTI en España se sienten discriminados en la sanidad, según una encuesta de la Federacion Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más –FELGTB–, y más de un 30 % en el caso de las personas trans.
En leyes de ámbito educativo, encontramos la conocida como ley Celaá o la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que incorporan en su articulado el respeto a los principios de no discriminación. El mismo objetivo protector con los derechos LGTBI se extiende a otras normativas en áreas como el empleo o la memoria democrática.
Por lo tanto, estas serían las 10 leyes de la legislatura 2019-2023 (además de los presupuestos generales del Estado) que afectan a este colectivo:
Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.
Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte.
Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.
Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
Ley 3/2022, de 24 de febrero, de Convivencia Universitaria.
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
LGTBI en la legislatura española actual
Aunque la legislatura actual, la XV, sólo ha consumido siete meses de vida y su cosecha legislativa no alcanza la del anterior período, sí se han planteado retos importantes como el Proyecto de Ley de Familias, aún en fase de enmiendas, que reconocerá diversos modelos familiares y garantizará derechos iguales a todos ellos, incluyendo a las familias formadas por parejas del mismo sexo y a las monoparentales.
También en tramitación siguen la Proposición de Ley del Estatuto de las Trabajadoras y Trabajadores, que incluye disposiciones específicas para proteger a los empleados de ser discriminados por su orientación sexual, y la de Salud Mental, que incorpora medidas para la comunidad LGBTI, que enfrenta tasas más altas de problemas de salud mental debido al estigma y al rechazo que todavía sufre.
Podemos esperar otras medidas nuevas en los próximos meses, dado que el Grupo Parlamentario Socialista acaba de solicitar la creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Igualdad, relativa a la lucha contra los discursos de odio. De aquí podría salir un Pacto de Estado contra estos mensajes, puesto que forma parte del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar.
Parece necesario incidir en este problema, puesto que, según datos del Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2022 del Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 1 869 infracciones penales e incidentes de odio en España en 2022, lo que supone un incremento del 3,7 % respecto a 2021. Los segundos más numerosos en este triste ranking son los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género (459 hechos), que suponen un 26,4 % de las denuncias, sólo por detrás de aquellos con motivación racista o xenófoba.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.
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Javier Pérez González es director de Political Watch, think-and-do-tank de la Fundación Salvador Soler.
