Cómo el énfasis que puso Trump en antifa desvió la atención de la amenaza planteada por la ultraderecha

Adam Goldman, Katie Benner and Zolan Kanno-Youngs
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Un manifestante de ultraderecha rocía gas lacrimógeno en los enfrentamientos con manifestantes contrarios afuera del Centro de Justicia del condado de Multnomah, en Portland, Oregon, el 22 de agosto de 2020. (David Ryder/The New York Times)
Un manifestante de ultraderecha rocía gas lacrimógeno en los enfrentamientos con manifestantes contrarios afuera del Centro de Justicia del condado de Multnomah, en Portland, Oregon, el 22 de agosto de 2020. (David Ryder/The New York Times)
El presidente Donald Trump observa un desfile aéreo militar en el monte Rushmore, en Keystone, Dakota del Sur, el 3 de julio de 2020. (Anna Moneymaker/The New York Times)
El presidente Donald Trump observa un desfile aéreo militar en el monte Rushmore, en Keystone, Dakota del Sur, el 3 de julio de 2020. (Anna Moneymaker/The New York Times)

WASHINGTON — Cuando el año pasado estallaron en todo el país las manifestaciones en favor de la justicia racial, al expresidente Donald Trump, quien necesitaba un tema de campaña que lo llevara al triunfo, se le ocurrió un mensaje en el que insistió una y otra vez: la verdadera amenaza interna para Estados Unidos emanaba de la izquierda radical, pese a que, desde hacía mucho tiempo, las autoridades de las fuerzas policiales habían concluido que venía de la extrema derecha.

Este mensaje fue rápidamente adoptado y reforzado por su fiscal general y sus altos funcionarios de seguridad nacional, quienes lo utilizaron para cambiar las prioridades de seguridad nacional y justicia penal incluso cuando Trump estaba comenzando a atizar de manera abierta el encono que meses después terminaría en el asalto al Capitolio por parte de los extremistas de derecha.

Los esfuerzos de Trump por concentrar el interés de su gobierno en el movimiento antifa y los grupos de izquierda no evitaron que el Departamento de Justicia y el FBI siguieran los casos de extremismo de la derecha. Por ejemplo, desarticularon una conspiración para secuestrar a la gobernadora demócrata de Míchigan, Gretchen Whitmer.

Sin embargo, de acuerdo con entrevistas a exfuncionarios y funcionarios actuales, fue considerable el efecto que tuvo su propósito y desvió a algunas unidades fundamentales de las fuerzas policiales a nivel federal y de los organismos de seguridad nacional en un momento en que se estaba fraguando la amenaza de la ultraderecha.

— A fines de la primavera y principios del verano, cuando se intensificaron las manifestaciones en favor de la justicia racial, las autoridades del Departamento de Justicia comenzaron a transferir a los fiscales federales y a los agentes del FBI de las investigaciones relacionadas con supremacistas blancos violentos para que se concentraran en casos en los que participaran agitadores o anarquistas, incluyendo aquellos que pudieran estar vinculados con el movimiento antifa.

— Los fiscales y los agentes federales fueron presionados para que desenmascararan una conspiración criminal de extrema izquierda que nunca se materializó. Les dijeron que lo hicieran pese a que el FBI, en especial, había manifestado cada vez más su preocupación acerca de la amenaza planteada por los supremacistas blancos, que por mucho tiempo había sido la principal amenaza de terrorismo interno, y por los grupos extremistas de ultraderecha que se habían aliado con el presidente.

— Las autoridades de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia contuvieron algunos intentos en el interior de propiciar de manera pública temores relacionados con la amenaza de la extrema derecha, y los colaboradores de Trump trataron de eliminar de los debates internos la frase “terrorismo nacional”.

— Los altos funcionarios de seguridad nacional negaron las solicitudes de financiamiento para incrementar la cantidad de analistas que revisan las publicaciones en redes sociales en busca de indicios de violencia extremista, lo cual limitó la capacidad del departamento de detectar las amenazas potenciales.

La magnitud e intensidad de la amenaza que se estaba fraguando en la derecha se materializó de manera impresionante el 6 de enero cuando los noticieros y las redes sociales fueron inundadas con imágenes de milicias de extrema derecha, seguidores del movimiento conspirativo QAnon y supremacistas blancos asaltando el Capitolio.

La atención se centró en ‘los anarquistas y los delincuentes’

El énfasis que puso Trump en el movimiento antifa fue secundado por el fiscal general William Barr, quien desde hacía mucho tiempo había albergado preocupación por las manifestaciones y la violencia de la izquierda. Poco tiempo después de asumir el cargo en 2019, iniciaba la sesión informativa semanal de seguridad nacional preguntándole al FBI qué estaba haciendo para enfrentar a antifa.

Los funcionarios consideraban exagerada su idea de que fuera una amenaza. Explicaban que no era una organización terrorista, sino un movimiento disperso sin organización ni jerarquías. De todas maneras, los investigadores del departamento sintieron la presión de hallar pruebas de que los seguidores de antifa estaban conspirando para llevar a cabo ataques terroristas coordinados.

Cuando los agentes de inteligencia del FBI siguieron considerando a los nacionalistas blancos como las principales amenazas de terrorismo dentro del país (como parte de lo que el FBI describe como extremistas violentos con motivaciones raciales o étnicas), se les pidió a los fiscales que también tuvieran en cuenta la información del Departamento de Seguridad Nacional de que antifa y los anarquistas radicales de izquierda eran las principales amenazas.

Los investigadores del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional se movilizaron con rapidez y firmeza para hacer frente a la violencia que estalló en torno a las manifestaciones en favor de la justicia racial durante el verano. Estas manifestaciones dieron lugar a saqueos y alborotos en los que hubo heridos de gravedad y tiroteos en Portland, Oregon, así como en otras ciudades.

Durante la primavera y el verano, el FBI abrió más de 400 investigaciones de terrorismo en el país, las cuales incluían alrededor de 40 casos de posibles seguidores de antifa y 40 de boogaloo, un movimiento de derecha que pretende iniciar una guerra civil, junto con investigaciones de supremacistas blancos sospechosos de ser una amenaza para los manifestantes.

A las manifestaciones empezaron a asistir miembros de grupos paramilitares violentos, quienes en ocasiones decían que habían atendido al llamado de Trump. Sin embargo, la directiva del Departamento de Justicia seguía insistiendo en que los investigadores asignados al terrorismo se concentraran en antifa.

A esa labor se integró el pequeño grupo de analistas de inteligencia dentro de la unidad de contraterrorismo del departamento. Los fiscales de seguridad nacional aumentaron el personal de los puestos de mando del FBI para que se ocupara de las manifestaciones y la violencia que se generaba en ellas y de los delitos contra la propiedad.

Todo esto representó una sobrecarga para la unidad de contraterrorismo, la cual solo cuenta con unas cuantas docenas de fiscales y, al igual que otras unidades del departamento, estaba desconcertada por el coronavirus. En ese momento, la unidad de contraterrorismo estaba trabajando con los fiscales y los agentes de todo el país en los casos relacionados con las personas vinculadas a los miembros de milicias y supremacistas blancos violentos. En algunos casos, los agentes que habían estado investigando a los supremacistas blancos violentos se volcaron a investigar a los anarquistas y a otras personas involucradas en los disturbios y en ocasiones tuvieron que investigar qué cargos podrían levantarles a nivel federal.

Más o menos en la misma época, el FBI estaba rastreando algunas amenazas preocupantes procedentes de la extrema derecha. Luego de que, en octubre, seis miembros de un grupo paramilitar violento en contra del gobierno llamado Wolverine Watchmen fueron acusados de conspirar para secuestrar a Whitmer, una de las opositoras más abiertas de Trump, el presidente la insultó y afirmó que la verdadera amenaza provenía de la izquierda. “Me llama supremacista blanco, mientras que Biden y los demócratas se niegan a castigar a antifa, a los anarquistas, a los saqueadores y a las turbas que incendian las ciudades gobernadas por los demócratas”, señaló Trump en Twitter.

Docenas de empleados y altos directivos del FBI fueron enviados a realizar tareas provisionales en Portland, donde se habían intensificado las manifestaciones de izquierda desde que llegaron los equipos tácticos del gobierno. Algunos agentes del FBI y funcionarios del Departamento de Justicia manifestaron su preocupación de que el trabajo de Portland estuviera malgastando los recursos de ese organismo para combatir las variedades más letales de extremismo dentro del país. El organismo estaba investigando cerca de mil casos de terrorismo nacional al mismo tiempo y solo tenían asignados a unos cuantos cientos de agentes a estos casos en el campo.

La amenaza nacional

El terrorismo dentro del país ha sido por mucho tiempo un tema delicado en términos políticos para el Departamento de Seguridad Nacional. Una advertencia en un informe de 2009 de que los veteranos del Ejército que regresaban de combate podían estar expuestos a ser reclutados por grupos terroristas o extremistas provocó una reacción adversa de los conservadores.

Al igual que Barr, el secretario de seguridad nacional en funciones de Trump, Chad Wolf, le hizo caso a la Casa Blanca y destacó la amenaza de antifa.

En mayo, Trump afirmó que quería designar a antifa una organización terrorista nacional. Los miembros del personal de Consejo de Seguridad Nacional les solicitaron a las autoridades de seguridad nacional que presentaran pruebas que justificaran esa designación. También buscaron información sobre posibles vínculos de antifa con entidades extranjeras, ya que para designar a un grupo como organización terrorista, este tiene que ser extranjero.

De hecho, el FBI había visto pruebas inquietantes de supremacistas blancos en Estados Unidos con vínculos en el extranjero, entre los que se encontraba el grupo Base, el cual, según los agentes, era dirigido por una persona estadounidense que vivía en Rusia.

Las autoridades de seguridad nacional se negaron a colaborar para designar a antifa como organización terrorista, y el intento fracasó.

La primavera pasada, Brian Murphy, el entonces jefe de inteligencia de seguridad nacional, solicitó catorce millones de dólares para contar con más personal que analizara las redes sociales en busca de amenazas de extremistas, puesto que los foros en internet se habían convertido en un terreno fértil de reclutamiento y organización.

El adjunto de Wolf, Kenneth Cuccinelli II, rechazó la solicitud y justificó esta decisión diciendo que otorgar un mayor financiamiento hubiera sido a costa de otras unidades del organismo.

Antifa hasta el final

En su campaña para la reelección, Trump se pasó todo el verano culpando a los gobernadores y alcaldes demócratas de los disturbios y la violencia y advirtiendo acerca de una “revolución cultural de la izquierda”.

Los grupos paramilitares armados de derecha comenzaron a aparecer en las manifestaciones y protestas en favor de la justicia racial. En diciembre, marcharon en Washington grupos extremistas como los Proud Boys y se enfrentaron a manifestantes anti-Trump en altercados en los que hubo hasta puñaladas.

La unidad de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional publicó una evaluación el 30 de diciembre en la que destacaba la posibilidad de que los supremacistas blancos llevaran a cabo ataques “a un gran número de víctimas”. Pero no se mencionaba específicamente a grupos armados que tuvieran por objetivo el Capitolio, pese a que había muchas señales en internet. La jefa en funciones de la policía del Capitolio, Yogananda Pittman, declaró posteriormente que el departamento sabía que vendrían grupos paramilitares y supremacistas blancos, que “había una enorme posibilidad de que se desatara la violencia y que el objetivo era el Congreso”.

Durante los días previos al 6 de enero, las autoridades de seguridad nacional le dijeron al Servicio Secreto que solo esperara un “entorno de alta amenaza”.

No obstante, el gobierno de Trump siguió exagerando la amenaza de antifa. La noche anterior al ataque al Capitolio, la Casa Blanca publicó un memorando con la intención de evitar que entrara al país cualquier extranjero partidario de antifa y, una vez más, intentar resolver si el movimiento se podría catalogar como una organización terrorista.

Cuando la turba partidaria de Trump asaltó el Capitolio, algunas personas gritaron consignas explícitas contra antifa. Algunos videos captaron a otras gritando: “El presidente de Estados Unidos nos invitó”.

This article originally appeared in The New York Times.

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