BOGOTÁ.- Álvaro Uribe Vélez, uno de los políticos más influyentes de las últimas décadas en Colombia, fue acusado este viernes formalmente de soborno a testigos y fraude procesal, lo que lo convierte en el primer expresidente del país en ir a juicio penal.

Después de un largo proceso de investigación, en el que incluso estuvo un par de meses detenido en su residencia en 2020, Uribe deberá defenderse en juicio para demostrar la inocencia en la que ha insistido por años en un caso sobre sobornos a testigos para que cambiaran su versión o negaran supuestos vínculos con grupos paramilitares.

El exmandatario se expone a una pena de hasta 12 años de prisión. “Nunca pedí sobornar un testigo, lo que hice fue pedir unas verificaciones de la información que me llegaba”, señaló Uribe durante la audiencia.

El inicio del proceso tuvo lugar hace más de una década cuando Uribe, presidente entre 2002 y 2010, denunció que un senador opositor estaba buscando a paramilitares para que declararan en su contra y lo relacionaran con la creación de un grupo paramilitar en la década de 1990 en una hacienda que perteneció a su familia.

Sin embargo, en un efecto búmeran, Uribe terminó investigado por presuntamente presionar por medio de terceros para que algunos testigos se retractaran de sus acusaciones a cambio de supuestos beneficios.

Soborno y fraude

Durante la audiencia de formalización de la acusación, que es el paso previo para dar inicio al juicio, la Fiscalía señaló a Uribe por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal sobre testigos y fraude procesal.

La jueza Sandra Liliana Heredia negó la solicitud de nulidad del proceso penal que hizo la defensa de Uribe, que alegaba afectación al debido proceso y al derecho a la defensa en el caso. “En todo momento se le ha respetado la garantía del juez natural”, por lo que la nulidad “es totalmente improcedente”, señaló la magistrada.

Los inicios de este caso se remontan a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por intentar vincularlo a la creación de un grupo paramilitar. Tras seis años de investigación, en 2018, la situación se revirtió en contra de Uribe ya que la Corte Suprema decidió desvincular del caso a Cepeda y en cambio, abrió una indagación contra Uribe para determinar si en realidad él había intentado manipular a testigos.

El juicio contra Uribe va contra reloj, debido a que se calcula que el proceso prescribiría en octubre de 2025, lo que no dejaría suficiente tiempo para cubrir todas las etapas judiciales y llegar a una sentencia.

Consultado al respecto, el abogado penalista Fabio Humar indicó a la Associated Press que Uribe podría renunciar a la prescripción, lo que prolongaría por dos años más el proceso, tiempo para el cual debería haberse emitido una sentencia de segunda instancia o la acción penal cesaría definitivamente.

Agencia AP