El gobierno argentino y Clarín, confrontados antes de fallo por la ley de medios

El gobierno argentino y el influyente grupo de prensa Clarín sostuvieron el miércoles una intensa polémica sobre una cláusula antimonopólica de la ley de medios audiovisuales, durante una audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia, previa a un fallo definitivo. El debate se inició con la intervención de cinco expertos ('amicus curiae') nombrados por el gobierno y cinco designados por Clarín, que se centró en tres artículos de la ley que obligarían al grupo de medios más fuerte de Argentina a realizar una importante desinversión. "La concentración mediática es contraria a la libre información y es incompatible con la formación de una voluntad popular y libre en democracia", dijo la procuradora (fiscal) general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. A lo largo de más de tres horas, los especialistas fueron desgranando sus argumentos frente a los siete altos magistrados, para manifestarse a favor o en contra de la constitucionalidad de tres artículos, suspendidos por amparos judiciales presentados por Clarín. El Grupo Clarín, uno de los más poderosos de América Latina y muy crítico con Kirchner, considera que la ley constituye un ataque contra la libertad de expresión y su patrimonio. Los artículos cuestionados son el que limita el número de licencias de televisión por cable (pago), el que considera incompatible la titularidad de licencias de distintas clases de servicios entre sí y el que otorga un plazo de un año para revertir las licencias que excedan lo estipulado por la ley. "No hay ninguna razón de limitar ciertas voces con el pretexto de que vengan otras", consideró el sociólogo Eliseo Verón, del Comité del Consumidor (CodelCo), quien expresó su postura a favor de Clarín. Asdrúbal Aguiar, del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, calificó la ley de "arbitraria, irrazonable y absurda" en sus artículos cuestionados. Aguiar advirtió de que la norma "propone un régimen de intervención estatal sobre medios de comunicación radioeléctricos". En cambio, Miguel Rodríguez Villafañe, de Cooperar, una asociación de 3.000 cooperativas argentinas, dijo que "el pluralismo informativo es una necesidad de la democracia y no del mercado". La audiencia fue seguida fuera de los tribunales y a través de pantallas gigantes por centenares de manifestantes, acompañados por radios y canales alternativos y de cooperativas, que aplaudían o repudiaban a los expositores según sus posiciones. La audiencia concluirá este jueves con la intervención de Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFCSA), mientras que tres abogados del grupo Clarín defenderán la posición contraria a la ley aprobada en el Congreso en octubre de 2009. Clarín es el único de 20 grupos mediáticos que no ha presentado un plan de desinversión voluntario y presentó recursos contra la norma, según la AFSCA. De acuerdo con los datos oficiales, Clarín posee el 41% del mercado de radio, el 38% de la televisión abierta y el 59% de la televisión por cable, mientras el máximo que marca la ley en todos los casos es el 35%. El grupo Clarín tiene el diario de mayor circulación en Argentina, canales de aire y de cable, radios y redes de televisión por cable, además de generar contenidos por internet con un volumen de negocios de 9.753 millones de pesos (unos 2.000 millones de dólares) en 2011. El gobierno argentino y el influyente grupo de prensa Clarín sostuvieron el miércoles una intensa polémica sobre una cláusula antimonopólica de la ley de medios audiovisuales, durante una audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia, previa a un fallo definitivo. El debate se inició con la intervención de cinco expertos ('amicus curiae') nombrados por el gobierno y cinco designados por Clarín, que se centró en tres artículos de la ley que obligarían al grupo de medios más fuerte de Argentina a realizar una importante desinversión.