Causas, consecuencias y posibilidades de la debacle financiera de Puerto Rico

Con toda su riqueza natural, cultural, humana e histórica, Puerto Rico se encuentra no obstante al borde del precipicio financiero, y parece que nada evitará que se despeñe al no ser capaz de cubrir su ingente deuda pública, del orden de 72,000 millones de dólares.

Considerando que Puerto Rico tiene una población de apenas 3.5 millones, el índice de endeudamiento del gobierno boricua es inmenso, equivalente a 68% de su producto interno bruto. Su deuda por habitante de más de 15,000 dólares, el triple de la del estado más endeudado de EEUU, de acuerdo a Forbes.

El gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, dijo el pasado lunes que esa deuda es, en las circunstancias actuales, impagable y, como indicó la radio NPR, recurrirá a una moratoria de pagos para darle a la economía puertorriqueña tiempo para recuperarse de su presente debacle. Eso implica que los acreedores de Puerto Rico tendrán que esperar antes de recibir nuevos pagos, y posiblemente no reciban lo que originalmente esperaban.

Y aunque entre los acreedores hay grandes fondos de inversión especulativa, una parte sustancial de los tenedores de bonos puertorriqueños son portafolios en los que ciudadanos estadounidenses comunes y corrientes han invertido sus ahorros o fondos de retiro.

Diagnóstico crudo, soluciones difíciles

García Padilla llamó al gobierno de Washington a propiciar cambios legales sustantivos que le permitan al gobierno de la isla declarar la bancarrota para renegociar su deuda y comenzar una reconstrucción general, según relató The Washington Post.

Pero, ¿cómo llegó Puerto Rico a esa situación? Las razones son múltiples y varias de ellas tienen que ver con su peculiar estatus de estado libre asociado de Estados Unidos.

Una es, simplemente, de tipo constitucional. Aunque parezca inverosímil, la Constitución de Puerto Rico obliga a dar preferencia al pago de las obligaciones crediticias antes que a otros rubros, como por ejemplo las pensiones y otros gastos sociales, como señaló el portal MarketWatch. Esta situación tuvo inicialmente un punto positivo: como otros bonos de deuda emitidos por gobiernos locales, los de Puerto Rico parecían tener riesgo bajo y por ello su tasa de interés era también baja inicialmente y además estaban exentos de impuestos federales, estatales y locales. El hecho de que la ley garantizase un pago prioritario al servicio de la deuda fue una garantía fuerte, y el gobierno de Puerto Rico tuvo durante varios años la posibilidad de obtener cuantiosos recursos emitiendo deuda pública barata.

Pero, otro problema, esos recursos se consumieron en un enorme gasto público sin que tuvieran un impacto duradero en el desarrollo, la infraestructura o la competitividad de la isla. Conforme la deuda crecía, y la isla pedía nuevos préstamos a tasas mayores para refinanciar la deuda anterior y cubrir su hondo y creciente déficit, la carga fue ampliándose y volviéndose más pesada. La bola de nieve creció tanto que se convirtió en la avalancha que hoy tiene sepultada a la isla tropical en deuda impagable.

Por añadidura, Puerto Rico no puede acogerse, como sucedió con Detroit (otro caso histórico de colapso financiero de una entidad pública), a las leyes de bancarrota y por ello no tiene la posibilidad, hasta ahora, de tener protección de los reclamos de los acreedores mientras se reconfigura y estabiliza.

La caída no termina allí. Mientras la deuda crecía, la economía general de la isla entró en un agudo estancamiento que ahondó la crisis. Como explica extensamente el portal Vox, mientras la deuda de Puerto Rico crecía, en 2006 la isla perdió privilegios fiscales que lo habían hecho un destino atractivo para la ubicación de negocios estadounidenses, lo que significó una salida de empresas y un deterioro del empleo, de los ingresos y de la competitividad general de la isla.

Además, el mandato legal que obliga a que todo barco mercante que lleva productos a Puerto Rico sea de bandera estadounidense, algo crítico dado su carácter insular, encarece los productos en general y con ello golpea el poder adquisitivo de la población. Para colmo, la gran recesión estadounidense tuvo también un enorme impacto a partir de 2009 y todo comenzó a deteriorarse con severidad. Como consecuencia, el éxodo de miles y miles de puertorriqueños hacia Estados Unidos –originado en la falta de oportunidades, el alto costo de la vida, el desempleo y la deficiencia de servicios- causó también un drenaje de talento humano que oscureció aún más el panorama.

Al final, Puerto Rico no genera suficientes recursos ni recauda suficientes impuestos para pagar su deuda, sostener sus servicios públicos y cubrir sus obligaciones sociales, lo que lo ha conducido, como se deduce del discurso de García Padilla, a un punto crítico. Pero, ¿cuáles son las soluciones? No las hay fáciles, y toda serán arduas y dolorosas.

Por lo pronto, como indica un editorial de The New York Times, Puerto Rico necesita un alivio a su deuda. Un primer paso es permitir que las grandes empresas públicas de la isla, como la compañía eléctrica y las autopistas, puedan recurrir a la bancarrota para reestructurar sus pasivos, lo que permitiría mitigar el impacto de unos 25,000 millones de dólares de deuda. Un proyecto de ley al respecto fue presentado al Congreso. En el caso del resto, unos 47,000 millones de dólares, los acreedores tendrán que considerar conceder mayores plazos de pago y mejores condiciones de pago, lo que les implicará desde luego pérdidas, pero que serían menores a las que enfrentarían si Puerto Rico simplemente deja de pagar definitivamente.

La posibilidad de que el gobierno mismo de la isla pueda declararse en bancarrota, como en el caso de Detroit, es otra posibilidad útil y controversial que requeriría cambios legales sustantivos. Y que el Congreso conceda nuevos incentivos y permita la operación de buques de otras nacionalidades en el abastecimiento de la isla serían también pasos positivos.

Pero más allá de ello, es imperativo que el gobierno de la isla actúe de una forma sustancialmente distinta al pasado, cuando la abundancia de dinero fácil tuvo aparejado un manejo dispendioso, sin inversiones que permitieran crecimiento a largo plazo y con insuficiente fiscalización y rendición de cuentas.

Si Puerto Rico realmente quiere volver a la ruta de la prosperidad se necesita un cambio de actitud general y una administración pública más consciente y responsable.