Vulneran en AL derechos de los migrantes a la salud

José Meléndez, Corresponsal

SAN JOSÉ, Costa Rica, junio 11 (EL UNIVERSAL).- Sin dinero para pagar un taxi o alquilar un transporte que la lleve al hospital más cercano y sin teléfono celular ni señal de telecomunicaciones para pedir ayuda, la indígena taurepang o pemón venezolana Katiuska Fernández sabe que cuando le llegue el momento de parir, deberá hacerlo en su refugio de una remota aldea de Brasil fronteriza con Venezuela.

Pese al drama que se le aproxima, Katiuska, de 31 años, también sabe que podrá contar con el apoyo de mujeres y hombres brasileños de su misma etnia que la acogieron, con su hijo, de ocho años, y de otros tres parientes —los cuatro venezolanos— desde que la familia migró a la fuerza en 2018 a Brasil para escapar de la inseguridad y la escasez de medicinas y alimentos en Venezuela.

Katiuska aguarda la hora del parto para estos días de junio en Sakao Motá, una comunidad del norteño estado brasileño de Roraima y en la zona adyacente a Venezuela.

"Si no puedo conseguir medio de transporte hasta el hospital más cercano, mi bebé deberá nacer en casa en la comunidad, como ya ha ocurrido con todos mis ancestros", anticipó la joven venezolana.

En un testimonio que rindió en ese sitio a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una instancia asociada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explicó que "el hospital más cercano está a una hora de distancia en coche desde aquí y no tenemos dinero como para pagar un taxi o algún otro medio de transporte".

Más allá de sus circunstancias, la mujer aclaró que "estoy muy feliz de que todo esté bien. Estos cuidados de la salud nos han cambiado la vida".

Katiuska confía en la solidaridad comunitaria.

"Hoy son ellos, pero mañana podríamos ser nosotros", aclaró el indígena taurepang o pemón brasileño Silvano Fernández, de 55, al rememorar la recepción a los migrantes venezolanos tras calificarlos como "hermanos y hermanas". "Son nuestros parientes. Debemos darles la bienvenida porque son nuestra gente", añadió.

Katiuska recibió un control regular de maternidad y de cuidados prenatales en un aula de una escuela de Sakao Motá que ofreció la OIM en marzo anterior con Unidades Sanitarias Móviles para suministrar asistencia médica a los migrantes venezolanos y a las comunidades de acogida en lo que fue descrito por la organización como una de las zonas "de más difícil acceso" en Brasil.

Una mayoría de los aproximadamente 400 mil venezolanos que residen en Brasil utilizaron a Roraima como puerta para entrar y establecerse en ese país. La OIM reportó que las poblaciones de brasileños y venezolanos que viven en las zonas limítrofes y adjuntas sufren las más diferentes dolencias crónicas, como hipertensión, diabetes, malnutrición infantil, micosis en la piel, parásitos y enfermedades de transmisión sexual y carecen de acceso a centros de salud.

Bajo este panorama, la joven encinta se convirtió en uno más de los múltiples dilemas de inquietud de la crisis migratoria que azota a América por el coctel explosivo de la mezcla de salud y migrantes irregulares americanos, asiáticos y africanos.

El conflicto se agudizó en el siglo XXI con millones de personas que, sin visas, viajan del sur al norte del continente americano por vía aérea, marítima, fluvial y terrestre para tratar de llegar a México e ingresar a EU.

Las corrientes migratorias, por ejemplo, también son regionales. Más de 7 millones 200 mil venezolanos migraron de Venezuela al menos desde 2014 para huir de las hondas complicaciones socioeconómicas, políticas e institucionales de esa nación.

Decenas de miles de nicaragüenses migraron a Estados Unidos luego de que, en 2018, Nicaragua se precipitó a una de las más severas conmociones políticas desde el fin de su guerra civil en 1990. Nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños migraron a Guatemala, El Salvador, Honduras y México y a EU.

El éxodo de cubanos y de haitianos de sus países —también por sacudidas políticas y socioeconómicas— llegó en esta centuria a EU y México e igualmente se asentó en Centroamérica y en América del Sur.

Acorralados por la falta de opciones productivas y de educación, salud, vivienda y empleo, los colombianos engrosaron las avalanchas con mayor presencia a partir de 2019, en oleadas a las que se unieron ecuatorianos, peruanos, dominicanos y otros latinoamericanos y caribeños con africanos y asiáticos para atizar los problemas en numerosos trillos fronterizos y quedarse a residir en los países de paso.

Así creció la demanda de servicios de salud.

Al recordar que "todas las personas migrantes tienen derecho a recibir atención médica y cuidado de la salud", el periodista colombiano Jorge Andrés Gallo, oficial regional de comunicaciones de la OIM para Centroamérica, América del Norte y el Caribe, afirmó que persisten las dificultades.

"Millones de personas migrantes en condición vulnerable, especialmente mujeres, niños y niñas en situación irregular, enfrentan barreras que les impiden acceder a los servicios de salud disponibles, incluidos obstáculos legales, financieros, administrativos, lingüísticos y discriminatorios", expuso Gallo a EL UNIVERSAL.

"El acceso a la salud para personas migrantes también es importante desde la perspectiva de la salud pública. Al proporcionarles acceso a la atención primaria de salud y a los tratamientos tempranos, podemos prevenir costos elevados para el sistema de salud y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades", subrayó.

Al mencionar que la pandemia del Covid-19, de 2020 a 2023, fue "un claro ejemplo de que la salud de todos está interconectada", explicó que "la prevención y el tratamiento deben estar al alcance de todos para superar una emergencia sanitaria pública".

"Excluir a las personas migrantes de la atención en salud está en el origen del perjudicial mito según el cual las personas migrantes traen enfermedades. La realidad es que, lejos de traer enfermedades, la exclusión de estas personas hace que se enfermen, lo cual pone en riesgo a toda la comunidad", recalcó.

Tras advertir que ese tipo de actitud "es un ejemplo claro de cómo la discriminación perjudica a todos en la comunidad, ya sean locales o migrantes", planteó que "una buena salud es un requisito fundamental para que las personas migrantes puedan estudiar, trabajar y contribuir al desarrollo de sus comunidades de acogida y origen.

"La salud adecuada les permite desempeñarse de manera óptima en diferentes aspectos de sus vidas, fortaleciendo así tejido social y económico de las sociedades. En conclusión, es necesario garantizar el derecho a la atención médica de todas las personas migrantes, especialmente de aquellas en situación vulnerable", agregó.

"El acceso a servicios de salud adecuados no sólo beneficia a las personas migrantes individualmente, sino que también contribuye al bienestar general y al desarrollo de las comunidades en las que reside", puntualizó.

Ante una realidad que mostró las urgencias generales en salubridad para los migrantes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó en mayo del año anterior una Plataforma informática sobre salud y migración en las Américas, y alertó del ritmo creciente del número de migrantes irregulares en América Latina y el Caribe, que se duplicó desde 2005 y llegó a unos 15 millones en 2022.

"Esta gente viene enferma", relató la hondureña Karla Rivas, coordinadora de la (no estatal) Red Jesuita con Migrantes Centroamérica, de Honduras.

"No sólo necesita atención física, medicamentos, sino por su salud mental con los traumas y todo lo que han vivido en el camino. De no ser por la asistencia humanitaria de las casas de albergue y los puntos de control, el acceso a la salud es un derecho que está vulnerado para las personas que están en tránsito", aseguró Rivas a este diario.

"Es un derecho de salud… violentado. Estos migrantes están transitando por países que no han tenido la capacidad de darles la primaria en salud ni primaria ni especializada a sus propios habitantes. El déficit de atención en salud para los propios pobladores [de esos países] se suma a las necesidades de atención para los migrantes en tránsito", advirtió.

"Los sistemas de salud [de América Latina y el Caribe] van a la privatización, con lo que el derecho humano a la salud prácticamente sólo se lo pueden permitir aquellos que tienen dinero", denunció.

Así lo sabe también Katiuska: deberá parir en su hogar de refugio en Brasil… sin atención privada ni pública y solamente con el auxilio de su etnia indígena, empobrecida y lejana.