Votar entre balas en Guanajuato

Esta semana se presentó el proyecto “Votar entre balas: entendiendo la violencia político-criminal en México”, de Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, que fue coordinado por Itzel Soto y cuya metodología fue diseñada por Sandra Ley y Amalia Pulido. En la metodología, se describe “una visión amplia de la violencia que ejerce el crimen organizado en el ámbito de la política y la administración pública, más allá de su temporalidad y o relación con los procesos electorales en curso”.

Resalta la definición propuesta de violencia político-criminal, entendida como los actos de violencia letal y no letal, cometida por organizaciones criminales contra autoridades, personas funcionarias, candidatas y/o militantes activas de partidos políticos. Esta visión, dicen las investigadoras, reemplazó a la original, definida como violencia-criminal-electoral.

Según el proyecto, de 2018 a abril de 2024 se habían registrado 1777 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurren antes, durante y después de procesos electorales.

En Guanajuato se registró 1 de cada 10 incidentes de violencia político-criminal documentados en el proyecto. La entidad ha tenido 176 víctimas en el periodo reportado (2018-2024), incluidas las fuerzas de seguridad fuera de combate.

Figura 1. Incidentes de violencia político-electoral en Guanajuato. 

Según este proyecto, Guanajuato es la segunda entidad con el mayor número de ataques, sólo precedido por Guerrero que encabeza el listado nacional. Ya Manu Ureste ha presentado un reportaje que da cuenta de cómo la gobernanza criminal ha tomado a esta entidad (ver aquí) pero en el de Guanajuato no hay un esfuerzo que profundice en la realidad estatal y municipal.

Figura 2. Entidades federativas con mayor número de incidentes

Si bien se ha visibilizado el asesinato de policías en Guanajuato, especialmente los de policías municipales, según el proyecto, estos son sólo una dimensión de un problema más amplio en la entidad, que tiene 70 asesinatos de fuerzas de seguridad fuera de combate, 11 asesinatos de personas candidatas y 22 de funcionarias y funcionarios.

Al tener un enfoque municipal (76 % de las víctimas ocupaban o competían por puestos de elección popular a nivel municipal), el proyecto resalta el papel que ocupa Celaya en la entidad federativa. El dato es relevante no sólo en términos del ya mencionado asesinato a policías, sino en el contexto en el cual se registró el asesinato de Gisela Gaytán en San Miguel Octopan, Celaya, el 01 de abril.

Figura 3. Mapa de Guanajuato en el que se muestran los municipios con mayor número de incidentes

En conclusión, esta investigación ofrece información importante para conocer qué está sucediendo en Guanajuato, lo que podría establecer medidas preventivas y reactivas frente a posibles riesgos para las personas candidatas. Además, evidencia cómo la crisis de violencia ha impactado el proceso electoral, y la ya cada vez más avanzada gobernanza criminal en la entidad, que como ha explicado la propia Sandra Ley, implica la inserción de los grupos criminales en gobiernos municipales, incluyendo el control de la policía, puestos de administración local que va desde las finanzas al catastro o las obras públicas. Todo con la regulación de actividades económicas clave y ciertos procesos políticos locales.

Una pregunta me ronda como conclusión: ¿cuál es la situación de las y los periodistas que cubrieron estos eventos? ¿Qué pasa -por ejemplo- en Celaya, con las condiciones de riesgo de las y los periodistas como fuente de información?

La investigación puede consultarse aquí.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.