Después de vivir discriminación y estigmatización, Enith consigue plena libertad y residencia en México; su caso sienta precedente

Tras ser detenida en 2015 al llegar de Colombia, privada de la libertad y orillada a librar una batalla por su derecho a la residencia en México mientras cumplía parte de su sentencia en libertad condicionada —ya casada con una mexicana—, Enith Martínez Rodríguez finalmente es libre y obtuvo un permiso de residencia en el país para los próximos dos años.

“Me siento súper feliz, contenta y satisfecha porque, al final, estaba exigiendo un derecho que, consideraba, me correspondía y ya lo tengo. Tuve la fortuna de que las cosas empezaron a cambiar; ha sido una cadenita de ayuda por toda la gente que hubo detrás de todo esto. Derechos Humanos de Morelos estuvo en acompañamiento directo conmigo en Migración, lo cual también generó que la apertura fuera muchísima más”, dice Enith a unos días de recibir las noticias sobre la extinción de la pena y la autorización para quedarse en México.

Recuerda que fue el 11 de noviembre cuando supo que se eliminarían las medidas de la libertad condicional, y el lunes siguiente el Instituto Nacional de Migración (INM) le resolvió el mismo día la residencia por dos años. Fue un proceso largo, pero se presentaron muchos elementos de que estaba cumpliendo a cabalidad con su reinserción social: estudio, trabajo, deporte, servicio a la comunidad, capacitaciones y participaciones.

Hace siete años, Enith fue detenida por la supuesta introducción de un fármaco psicotrópico cuando llegó a México desde Colombia. Más tarde, fue obligada a firmar una declaración bajo amenaza a sus hijos y su familia. Mediante la prisión preventiva oficiosa, fue privada de la libertad primero en Nayarit y luego en Morelos. Tras cuatro años, finalmente la sentenciaron, y poco después obtuvo una reducción para cumplir el resto de la pena en libertad condicionada.

En ese momento, apenas comenzaba una nueva batalla. Decidió empezar la licenciatura en Derecho, consiguió un trabajo donde le daban permiso de ir a firmar al órgano penitenciario e incluso es voluntaria de un grupo para mujeres en rehabilitación. Para ese momento casada con una mexicana, desde mayo de 2021 había solicitado al INM su residencia, que la dependencia le negaba de manera sistemática porque “sus antecedentes comprometían la seguridad nacional”. Además, acusó discriminación por su nacionalidad y orientación sexual. 

Hoy, su estatus por fin ha cambiado: es una joven migrante colombiana, lesbiana, completamente libre y con residencia autorizada en México para los próximos dos años. Con el cumplimiento de su sentencia, las autoridades penitenciarias han eliminado las limitantes que tenía para desarrollar su vida, en el ámbito jurídico, de una manera más libre en el país, mientras que la autoridad migratoria, que le había negado la residencia temporal, ahora le ha dado la posibilidad de tener una CURP, acceder a otros empleos, contar con registro en el IMSS, realizar otras actividades y permanecer con su pareja.

Un caso simbólico

Enith considera el proceso vivido como un “caminito” para que otras personas en su situación tengan esa guía y sepan qué hacer. Entre lo más complicado, subraya, estuvo la complejidad de las etiquetas sociales, y la tendencia a ligar el pasado con el presente sin saber todo lo que hay detrás. Hoy, dice, está contenta y agradecida porque ha atestiguado que sí es posible conseguir “lo que llamamos derechos”.

“Creo que cuando haces las cosas bien no solo tomas la iniciativa, sino que consideras tener el derecho suficiente para poder exigir lo que corresponde. Lo que sucedió conmigo ha sido parte de saber cómo dirigirnos y a quién llegar. El acercamiento que me hicieron tener con la titular del INM Morelos me abrió la puerta para el profesionalismo con el que me atendieron después; yo me quejaba mucho de la atención, y llegó un momento en que me pasaron a otra instancia y la situación cambió radicalmente”, relata. 

Su caso es simbólico y un precedente sobre el derecho a la migración y la falta de políticas públicas para las personas migrantes que cumplen una sentencia en México, considera la organización CEA Justicia Social, que acompañó el caso, publicado por Animal Político el 20 de septiembre, cuando el INM aún insistía en negarle la residencia y amenazaba constantemente con deportarla.  

“A raíz de que empezamos a dar a conocer el caso, las autoridades, sobre todo del INM en la delegación que está en Morelos, cambiaron radicalmente su actitud con respecto a Enith, y lo mismo sucedió con las autoridades penitenciarias. Es muy importante recalcar que es a partir de lo que Enith ha hecho, que es insistir en defender su derecho a migrar, y también su derecho a reinsertarse en una sociedad como la nuestra, con todo lo que eso implica”, señaló Ángela Guerrero, coordinadora de CEA Justicia Social.

La batalla ganada al final, agrega, es que la autoridad haya reconocido su derecho a vivir en México y a quedarse con su familia por dos años. El caso de Enith resulta simbólico de cómo se pueden entrecruzar distintas situaciones que la han puesto en vulnerabilidad, y por las que fue discriminada, por muchas razones, desde que salió de prisión en 2021. 

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Migrantes liberados, en el limbo: el caso de Enith sienta precedente

El caso de Enith apunta a la necesidad de un protocolo para las personas que son egresadas de los centros penitenciarios y buscan quedarse en México, subraya Guerrero. Del mismo modo, resulta indispensable un diagnóstico profundo de lo que sucede cuando las personas son trasladadas en total secrecía a estaciones migratorias, donde las pueden mantener por días sin que sus propios familiares sepan sobre su liberación. 

“Esto no es claro, no hay claridad con el Instituto Nacional de Migración. Casos como el de Enith hemos tenido ya varios; es el primero que vemos desde que la organización está funcionando, y esto es importante, que tiene un resultado exitoso. La gran mayoría de ellas son enviadas a las estaciones migratorias, y de ahí las regresan a sus países aun cuando puedan tener incluso hijos aquí o alguna pareja; no se está respetando esto”, acusa. 

De acuerdo con Guerrero, tendría que existir más claridad y certeza de cuáles son las razones por las que personas migrantes pueden ser deportadas después de cumplir una sentencia, y si esto debe aplicar con todos los delitos, o solo algunos, así como de qué manera la autoridad está garantizándoles sus derechos, pues hasta ahora se trata de una dinámica de batallas como la de Enith, y no de reconocimiento de derechos. 

Aunque CEA Justicia Social ha tratado de ubicar datos más amplios sobre personas originarias de otros países que egresan de centros penitenciarios y terminan siendo deportadas, es complejo identificar cuántas son, a pesar de que existe una población importante en centros penitenciarios proveniente del extranjero.

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL, 2021) del Inegi, 2 mil 799 personas privadas de la libertad en México habían nacido en otro país, 2 mil 557 hombres y 242 mujeres. Del total, 55.2% no contaba con papeles que acreditaran su estancia en México antes de su reclusión. Además, a nivel nacional, 60.9% de las mujeres privadas de la libertad consideró que estar en un centro penitenciario afectaría sus posibilidades de reinserción al cumplir su sentencia.

“La Comisión Nacional (de los Derechos Humanos) creo que sí sería importante que hiciera un diagnóstico específico de las personas que son de otros países y que egresan del sistema penal; saber qué sucede con ellas es muy importante. En el caso de Enith, había un riesgo fuerte de que la regresaran a su lugar de origen sin poder prepararse para ese regreso, lo que podría haberla puesto en un riesgo muy importante”, añadió Guerrero.

A esto se suma que la libertad condicionada, cuyas medidas terminaron hace unos días para Enith, en realidad se trata de un esquema que limita mucho las posibilidades de un proceso de reinserción exitoso. Ahora, Enith incluso podrá viajar para visitar a su familia en Colombia y reingresar sin problema a México.   

“Eran limitantes que se le estaban poniendo; eso no es reinserción social, esas son trabas que está poniendo la autoridad para que una persona pueda reincorporarse, y no tienen sentido. Lo que está buscando la autoridad es que ella no delinca, y todas estas medidas lo que hacen es cerrarle oportunidades de otro tipo de vida. Esto no ha sido fácil”, asegura Guerrero.

Con las nuevas noticias, Enith vislumbra en un futuro cercano la consolidación de los proyectos que se ha planteado en torno a nuevas oportunidades laborales y a la conclusión de sus estudios: “Ahora puedo hacerlo con esa libertad, sigo estudiando y es poder explorar todos los campos que yo quiero conocer”. Además de eso, están las ganas que tenía de trasladarse por territorio mexicano con total libertad, pero también de viajar para visitar a su familia. 

“No solo los planes académicos, laborales, sino en cuestión personal viajar, conocer, ir, poder transitar con esa libertad es algo increíble y más que eso, la visita con mi familia. Tengo siete años sin ver a mi familia, y mi plan ya en dos meses es mi primer viaje a verlos”, cuenta, esperanzada de conservar la vida estable que ya ha construido en México. Nada de lo ocurrido en el pasado, asegura, le quita la intención de seguir aquí.

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