Yahoo Noticias Hipervigilancia: así controlan los países a sus ciudadanos (y es perturbador)
Remitirse al Gran Hermano que imaginó George Orwell en 1984, en el que profetizó un mundo regido por un sistema de vigilancia masivo de los ciudadanos e institucionalización del control social, es lo más parecido a caer en un cliché. No tanto porque la idea se haya repetido hasta la saciedad, sino porque ha perdido toda novedad: no imaginemos más, vivimos inmersos en el Gran Hermano.
El desarrollo tecnológico ha traído consigo numerosos avances, posibilidades infinitas, una mejora sustancial de la vida de tantísimos individuos. Pero también asocia riesgos inimaginables que atentan directamente contra del derecho a la intimidad y la privacidad. Nuestra dependencia al smartphone y las redes sociales nos han convertido en potentes generadores de datos a gran escala que deja rastros, no solo sobre nuestros gustos y preferencias más nimias (si es que lo son), sino también de cuestiones tan sensibles como las tendencias políticas, afiliaciones, ideología y geolocalización, que son usadas por empresas privadas y gobiernos bajo un marco regulador poco claro o inexistente para fines cuestionables.
“El gran éxito del desarrollo tecnológico para los gobiernos es que ya no necesitan sacarte información con coerción. Las redes sociales han creado un sistema de control dentro de la misma sociedad y es la propia persona la que regala su información personal y facilita una mayor injerencia por parte del Estado en su vida privada”, explica Manuel Rayran, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia y experto en relaciones internacionales.
Desde Naciones Unidas alertan de la dificultad de verificar cómo se están utilizando estas herramientas y advierten del peligro que asocian las modernas tecnologías, que definen como “formidables instrumentos de vigilancia, control y opresión”, por su capacidad de monitorear, perfilar y controlar a la población.
El organismo no se limita a señalar a los gobiernos autocráticos, como puede ser China o Arabia Saudí, donde la institucionalización de la hipervigilancia ciudadana alcanza cuotas de futuro distópico. El fortalecimiento del control social a través de sofisticados sistemas de inteligencia artificial, de análisis de la información y de identificación biométrica a través de cámaras es una realidad cada vez más asentada en las democracias. “Con frecuencia los gobiernos no informan a la ciudadanía de sus actividades de vigilancia e incluso cuando estas se ejecutan inicialmente con fines legítimos, sus objetivos pueden modificarse con facilidad para servir a propósitos diferentes de los que se fijaron”, advierte un informe de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
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En un mundo hiperconectado, nadie se libra del control, entendiendo que existen estados más garantistas que otros y herramientas más opacas e intrusivas según nos movamos en el mapa.
En Latinoamérica, la lucha contra la violencia sistemática es el principal argumento del que se valen los gobiernos de turno para justificar los sistemas de vigilancia y monitoreo masivo que desde los últimos años han colonizado las calles. Muchos países, como Brasil, Ecuador y Argentina utilizan ya el reconocimiento facial que permite “identificar, seguir y rastrear a cualquier ciudadano en cualquier lugar sin que sea plenamente consciente”, indican en su último informe la ONG AccessNow. Es importante recalcar que este tipo de tecnología invasiva está prohibida en muchas economías desarrolladas, como en el conjunto de la Unión Europea. No, en cambio, en Estados Unidos.
“Los gobiernos venden la idea de que son herramientas para la prevención del delito. El problema es que no sabemos realmente para qué utilizan la información que recaban. Queda en el aire el miedo de que se use para fines electorales, para manipular a la población o, incluso, para censurar opositores, más en Latinoamérica donde las instituciones de control no son tan fuertes”, explica Manuel Rayran.
En el caso de México, Guadalajara ostenta el récord de ser la quinta ciudad del mundo con más cámaras por kilómetro cuadrado –y primera en América Latina–: un total de 170. La segunda en la región, Buenos Aires, está muy lejos de alcanzar este récord con sus 76 cámaras por kilómetro cuadrado. En cuanto al reconocimiento facial, Ciudad de México, Coahuila y Aguascalientes cuentan con cámaras que integran esta tecnología, según denuncia el consorcio de organizaciones civiles Al Sur. No solo graban de forma indiscriminada a los ciudadanos, sino que recaban sus datos biométricos que, posteriormente, son confrontados con bases de datos de seguridad y del padrón electoral.
China, el país más vigilado
El gobierno del país asiático ha hecho del manejo y control de datos el centro de su política de seguridad ciudadana, tanto a nivel colectivo como individual. La red de vigilancia es muy amplia: desde el monitoreo del uso que hace la población del celular (emails, compras, aplicaciones bancarias, mensajería instantánea…), pasando por el análisis de la información que se comparte en las redes sociales, hasta el desarrollo de complejos algoritmos capaces de perfilar a los ciudadanos y encontrar patrones para predecir la probabilidad de que comentan un crimen o inicien una protesta antigubernamental.
China cuenta con más de 500 millones de cámaras instaladas en el espacio público que ya forman parte del paisaje urbanístico de sus ciudades. Una cifra que se triplicó durante la pandemia (hasta 2018 contaba con 170 millones) y facilitó una vigilancia sin precedentes de la sociedad. Eso sin contar con las aplicaciones que desarrolló el régimen de Pekín en el marco de la política de mano dura para combatir la propagación del coronavirus. Como explica Raynara, “el COVID ha permitido a los gobiernos, no solo al chino, intervenir en la vida privada de sus ciudadanos y tener un mayor control social bajo el pretexto de la seguridad nacional y la salud pública”.
