Vida y fortuna de Pedro Luis Martín – el presunto espía, narcotraficante y mano negra venezolana

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U.S. Justice Department

No muchos en Venezuela han escuchado su nombre, pero quienes lo conocen no les gusta hablar de él abiertamente. Se trata de Pedro Luis Martín Olivares, un ex agente de inteligencia que es acusado por sus víctimas de operar por años una red de secuestros y extorsión. Despachando desde una lujosa suite en Caracas, ahora opera, según creen las autoridades, uno de los principales brazos del Cartel de Los Soles, en sociedad con altos funcionarios del régimen venezolano.

Las autoridades de Estados Unidos tienen rato siguiendo sus pasos. El 24 de abril del 2015, fue acusado formalmente por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida de intentar importar cocaína a Estados Unidos. Luego, el Departamento de Justicia ofreció una recompensa de $10 millones por su captura. El monto es más alto que lo que ofrece Estados Unidos por los hijos del afamado narcotraficante mexicano “El Chapo” Guzmán.

El gobierno estadounidense también lo sancionó a él y a sus intereses comerciales, que incluyen una firma de seguridad y de producción avícola.

Pero pese a estos cargos, Martín, de 55 años, sigue operando con total tranquilidad desde Venezuela, incluso cuando su familia acumula sustanciales activos en el exterior, aseguran las fuentes consultadas.

Ahora, el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y el Miami Herald, en asociación con Armando.info e Infolibre, rastrearon parte de la fortuna de Martín en Barcelona, España, donde sus familiares han adquirido apartamentos de lujo en uno de los distritos más caros de la ciudad. Dos de ellos eran desconocidos para los investigadores españoles que rastrearon los bienes de Martín en el país.

Basándose en documentos judiciales, archivos de investigación, registros de la empresa y de la propiedad y entrevistas, los reporteros también descubrieron nuevos detalles sobre la vida del ex funcionario de inteligencia venezolano.

Martín es uno de más de una docena de funcionarios y empresarios venezolanos cercanos al régimen socialista de Caracas que enfrentan cargos, o son investigados, en el sur de la Florida por lavado de dinero, corrupción o narcotráfico.

Años de operar sin ningún tipo de controles o de fiscalización les ha permitido a funcionarios corruptos robar miles de millones de dólares de las arcas del Estado y beneficiarse de las operaciones de narcotraficantes aliados que trabajan para, o están asociados con militares de alto rango y funcionarios del régimen. Los expertos afirman que gran parte de esa riqueza ilícita ha fluido hacia el sur de la Florida, inflando el mercado inmobiliario local.

Ivan Simonovis, un ex comisionado de policía e investigador criminal de Venezuela, dijo que Martín había llegado a acumular “gran poder e hizo mucho daño a muchas personas” a lo largo de los años, aunque su influencia había disminuido recientemente.

De seis personas entrevistadas, solo Simonovis accedió a ser citado por su nombre. Los demás hablaron solo bajo condición de anonimato, por temor a represalias. Los reporteros también intentaron ponerse en contacto con Martín y con miembros de su familia, pero hasta ahora no han estado dispuestos a comentar.

Operador bajo las sombras

Es muy poco lo que se puede conseguir sobre Martín en los registros públicos, más allá del hecho de que nació en 1967 en Caracas.

Tampoco es mucho lo que aparece registrado por los medios de comunicación. En una rara entrevista con el sitio web de la cadena de televisión panárabe Al-Mayadeen brindada en octubre de 2020, seis días después de que se anunciara la recompensa de $10 millones por su captura, Martín se describió a sí mismo como un “abogado y economista”.

Simonovis, un ex preso político que luego se convirtió en el asesor principal de inteligencia del líder opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como el presidente legítimo de Venezuela, dijo que Martín se involucró en actividades de narcotráfico y lavado de dinero en la década de 1990, años antes de que el presidente socialista Hugo Chávez fuese electo.

Más tarde comenzó a cooperar con las autoridades venezolanas para evitar su enjuiciamiento, ayudando a establecer varias ventas “controladas” de drogas con el conocimiento de las autoridades para capturar a otros traficantes.

Después que Chávez fue electo en 1999, Martín fue designado para la oficina antidrogas de Caracas, aparentemente aprovechando las conexiones que había construido en la fuerza policial, dijo Simonovis. En 2002, Martín se convirtió en director de inteligencia financiera de la Dirección General Sectorial de Servicios de Inteligencia y Prevención, conocida entonces como DISIP y luego rebautizada como Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o SEBIN.

Múltiples fuentes, incluyendo a Simonovis, dijeron que fue durante su actuación dentro de la DISIP que Martín comenzó a administrar una “oficina paralela” en el Centro Lido, un centro comercial en Caracas. Él y sus asociados utilizaron informantes e intercepciones telefónicas para obtener información comprometedora sobre figuras ricas o poderosas que luego era utilizada para montar expedientes penales que eran utilizados para extorsionar a sus víctimas. Les exigían dinero, explicó una de las fuentes, para enterrar la información y detener así el acoso.

Un venezolano rico que pasó años en la cárcel dijo que Martín también solía visitar la prisión y ofrecer “favores”, como acceso a la azotea, a computadoras o a cursos de educación a distancia, a cambio de pagos.

Con el tiempo, el poder de Martín creció. Otra de las fuentes consultadas dijo que las conexiones del agente de la DISIP con altos funcionarios lo colocaba en posición de mediar por personas que habían entrado en problemas con el régimen, a cambio de dinero.

Pero parece que se le pasó la mano en un momento dado cuando Martín intentó chantajear a figuras dentro de la estructura de poder de Chávez. “Esa fue la gota que colmó el vaso”, dijo Simonovis.

Un ex oficial militar y una persona que conocía a la familia de Martín confirmaron la versión de Simonovis y dijeron que Martín fue destituido de su cargo después de intentar extorsionar a alguien cercano a Chávez.

La inteligencia no se deja

Martín salió de la DISIP en el 2004, pero aparentemente mantuvo una conexión con la comunidad de inteligencia.

En la entrevista con Al-Mayadeen, Martín dijo que todavía “manejaba información” a pesar de dejar formalmente la agencia de inteligencia.

“Nunca abandonas la inteligencia, siempre sigues obteniendo información”, sostuvo.

Simonovis y el adinerado venezolano que había estado preso dijeron que Martín seguía administrando su “oficina paralela” en el Centro Lido, donde ahora también comenzó a dirigir un imperio comercial: después de dejar la DISIP, Martín fundó al menos cinco empresas, que abarcan sectores como seguridad, vigilancia privada, transporte de valores e incluso una granja avícola.

Los detalles de las operaciones de estas empresas muestran que Martín mantuvo buenas conexiones incluso después de dejar su puesto oficial.

Los registros de la empresa muestran que su compañía de seguridad privada, Grupo Control 2004, obtuvo contratos de importantes instituciones estatales, incluido el banco estatal Bicentenario, el aeropuerto de Maracaibo y Minerven, una importante empresa minera.

Otra de sus empresas, PLM Consultores, brindó “asesoramiento en relaciones institucionales” a 11 compañías vinculadas a Omar Farías, empresario conocido en Venezuela como el “Zar de los Seguros” porque ganó importantes contratos de seguros con instituciones públicas, lo que le permitió amasar una fortuna bajo Chávez, dijeron las fuentes.

En 2010, Martín fue mencionado en un cable clasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos filtrado por Wikileaks, que detallaba un presunto complot de la agencia de inteligencia venezolana para asesinar al entonces presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.

El cable no proporcionó ninguna razón por la que el gobierno de Venezuela quisiera llevar a cabo tal asesinato, pero vinculó a Martín con el régimen de Chávez, seis años después de que dejó su puesto en el servicio de inteligencia.

“Si bien no se encontró evidencia de ningún complot, el equipo de aplicación de la ley encontró información significativamente despectiva sobre Pedro Ruiz [sic] Martín Olivares”, dijo el cable emitido por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, que lo describió como un “actor gravemente malo”.

Casi al mismo tiempo, una operación antinarcóticos conjunta realizada por autoridades de Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas tendría profundas consecuencias para Martín.

Apartamentos de lujo

La agencia de seguridad española comenzó a investigar a Martín en el 2014 por su presunta participación en el narcotráfico y conexiones de alto nivel con el gobierno de Chávez. Llamándolo “Platanote”, comenzaron a investigar sus activos en España.

Uno de los objetivos de la vigilancia era un apartamento en Barcelona que Martín compró en 2003. Actualmente, el apartamento en el cuarto piso tiene un valor aproximado de $200,000 y se encuentra en un barrio de clase trabajadora.

Cuando los reporteros visitaron el inmueble en junio, encontraron que el buzón no tenía nombre, aunque un vecino dijo que a menudo podían ver “movimiento en las persianas”, lo que indica que estaba ocupado.

OCCRP también pudo identificar otras dos propiedades en Barcelona más valiosas y desconocidas para las autoridades españolas, que en conjunto tienen un valor de alrededor de $2.5 millones, según documentos de una de las compañías vinculadas a Martín. Ambas están ubicadas en un antiguo edificio de la década de 1950 en la “Milla de Oro”, una franja de propiedades de lujo en el centro de la ciudad.

Ambos inmuebles son propiedad de Urdanbest SL, sociedad española en la que figuran como directores la esposa de Martín, Alejandra Besteiro, su hijo Pedro Luis Martín Besteiro y su hijastro Orlando Urdaneta Besteiro.

Urdanbest se encuentra en una lujosa oficina en uno de los barrios más caros de Madrid.

Cargos por narcotráfico

En el 2010, la policía arrestó a tres hombres que esperaban en una lancha para recuperar un paquete arrojado en aguas de las Islas Vírgenes por un avión procedente de Venezuela. En su interior encontraron más de 261 kilogramos de cocaína.

Las autoridades vincularon el cargamento con el narcotraficante colombiano Roberto Méndez Hurtado, también conocido como “Pluma Blanca”, del cartel del Norte del Valle. En el 2013, Colombia extraditó a Méndez y fue acusado de organizar envíos de cocaína desde Venezuela a Centroamérica y el Caribe.

Después de declararse culpable y recibir una sentencia de 19 años de cárcel de un juez federal en Miami, Méndez fue liberado a principios de este año.

Según las autoridades estadounidenses, Méndez tenía en su nómina a varios funcionarios venezolanos de alto rango, incluido Martín, quien presuntamente ayudó a coordinar los envíos de cocaína desde su puesto en la DISIP y distribuyó sobornos a funcionarios venezolanos.

Supuestamente también se aseguró de que los radares estuvieran apagados para permitir que los aviones cargados de cocaína pasaran por el espacio aéreo venezolano.

Martín era un colaborador cercano de Hugo “El Pollo” Carvajal, un ex jefe de inteligencia militar venezolano que alguna vez estuvo en el círculo íntimo de Chávez, según una fuente de la fiscalía.

Según las autoridades estadounidenses, Carvajal, Martín y otros altos oficiales venezolanos formaban parte de la organización narcotraficante conocida como el “Cartel de los Soles” la cual está incrustada en el ejército del país y dirigida por altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

Por un tiempo, Carvajal fue el principal operador logístico del cartel, pero luego entró en desgracia con el régimen y terminó huyendo a España, donde fue capturado y actualmente lucha por evitar su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por cargos de narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses también le seguían la pista a Martín, acusándolo de narcotráfico en el 2015. Unos tres años después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) sancionó a sus empresas, diciendo que Martín se había “aprovechado de su posición en el gobierno y aceptado sobornos de narcotraficantes que operaban en Venezuela y Colombia como parte de un esquema más amplio para facilitar el movimiento de narcóticos desde y a través del espacio aéreo venezolano”.

La OFAC también mencionó a Martín en las sanciones que le impuso a Diosdado Cabello, uno de los políticos más poderosos de Venezuela, alegando que los dos “trabajaron juntos para mover dinero ilícito a Panamá, República Dominicana y las Bahamas a fines de 2016”.

A principios de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Cabello y a Nicolás Maduro de narcotráfico, acusándolos de encabezar el Cartel de los Soles y convertir a Venezuela en un narcoestado. Alrededor de una docena de otros funcionarios gubernamentales de alto rango también fueron acusados de los mismos cargos.

En su entrevista con Al-Mayadeen, Martín desestimó los cargos en su contra y dijo que Méndez estaba ofreciendo información falsa para reducir su propia sentencia.

Las autoridades estadounidenses “encarcelan a personas que ni siquiera te conocen”, dijo. “Les dicen que tienen que declarar en su contra para reducir sus condenas”. Dijo que las sanciones de la OFAC eran simplemente una forma de “chantajearlo y presionarlo” para que se volviera contra figuras importantes del gobierno de Chávez.

Según fuentes venezolanas y estadounidenses que rastrean las actividades del cartel venezolano, Martín trabaja en estrecha colaboración con el traficante venezolano Carlos Orense Azocar, también acusado, quien fue extraditado a fines de junio de Italia a Nueva York para enfrentar cargos que conllevan una sentencia máxima de hasta 30 años de prisión.

Personas vinculadas a las investigaciones confirmaron que Orense había trabajado conjuntamente con Martín bajo mando de Carvajal.

Según las transcripciones de la corte estadounidense, Martín se entregó a las autoridades venezolanas luego de que se emitiera una “notificación roja” de la Interpol en su contra, un hecho que su abogado en Estados Unidos utilizó para argumentar que no podía ser considerado un fugitivo.

Los fiscales estadounidenses rechazan este argumento, alegando que Martín se entregó porque sabía que Venezuela no lo enviaría a Estados Unidos. Cuando los venezolanos se acercaron a las autoridades estadounidenses para preguntarles si querían presentar los documentos para la extradición de Martín, estas declinaron. Martín no fue detenido en Venezuela y quedó en libertad para dedicarse a sus asuntos.

“Sabemos muy bien que existe una prohibición constitucional que no permite a Venezuela que extradite a sus propios ciudadanos”, dijo Adam Fels, fiscal federal adjunto en ese momento. “Entonces, ¿para qué molestarse?”

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